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Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de septiembre encontramos un comunicado sin fecha mediante el cual, de manera simple y llana, se hizo del conocimiento de los particulares que se había incluido a los activos virtuales (tales como bitcoin, litecoin, peercoin, LEOcoin y demás) en el supuesto contenido en el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

Es decir que ¿a partir de 14 de Septiembre de 2015? se prohibe dar cumplimiento a obligaciones, y en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante tales instrumentos, en cualquiera de los siguiente supuestos:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

De la simple lectura de este comunicado se advierten problemas muy puntuales:

Al incluirse esta información en la página del SPPLD posiblemente se violentan diversos principios jurídicos como el de la reserva de ley, de la jerarquía de leyes, de relación jurídica y de seguridad jurídica toda vez que la UIF y el SAT hicieron suyas funciones exclusivas del Poder Legislativo al incluir a las llamadas monedas virtuales en el supuesto de prohibiciones contenido en el artículo 32 de la Ley Antilavado, es decir que el SAT y/o la UIF legislaron de un plumazo.

La UIF y el SAT no especifican cual será la medida de conversion para las monedas virtuales ya que, lo único que sabemos es que el BITCOIN se cotiza en algo así como en $3,890.75 Pesos mexicanos ¿cual es el tipo de cambio oficial para monitorear estas operaciones? recordemos que por lo que hace a las operaciones con Dólares de los Estados Unidos por lo menos se tiene el tipo de cambio publicado por Banco de México

¿Cuales serían las bases jurídicas para que los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables hagan frente a esta “nueva” obligación? esto no está contemplado ni en la Ley ni en su Reglamento ni en sus Reglas de Carácter General.

¿A partir de cuando aplicará este criterio? ¿Es retroactivo? 

Otro grave problema es que la UIF y el SAT están inaugurando la modalidad de legislar mediante publicaciones en páginas web lo cual, nuevamente, vulnera la seguridad jurídica de quienes clasifiquen como actividades vulnerables ya que hoy mismo podrían bajar esta información, imaginemos que los particulares que decidan impugnar esta obligación ante un juzgado tengan que mostrar una captura de pantalla notariada.

Usualmente defiendo los alcances de la Ley Antilavado junto con la necesidad de que esta sea funcional pero, en este caso, creo que existe un amplio margen de maniobra en materia de Amparo.