Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones”

¿Cual es la importancia de impartir este curso?

La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto actual de los principales conceptos de la Ley Antilavado, el Compliance Fiscal, los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado.

¿Cuál es el contexto del curso?

Hoy día ninguna empresa en México puede operar sin implementar un protocolo de gobierno corporativo que le garantice que podrán hacerle frente a los cuatro puntos de conflicto que tenemos detectados para el 2017:

1. El endurecimiento de las políticas de la Office of Foreign Assets Control para incluir a empresas y nacionales mexicanos que presenten cualquier vinculación con la delincuencia organizada.
2. La responsabilidad penal de las empresas contenida en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. El aumento en las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
4. El bloqueo “preventivo” de cuentas a cargo de los bancos.

De igual forma debemos señalar que en México el fenómeno de la corrupción ha gozado de un campo fértil debido a que no fue sino hasta fechas recientes que se comenzaron a analizar y aprobar algunas propuestas para su prevención y combate, casi todas desde los “think tanks” de la iniciativa privada. Sin embargo, la mayoría de las herramientas caen en un error sistemático: le adjudicaban la mayor parte de la culpa y/o responsabilidad a los funcionarios públicos dejando prácticamente libre del escrutinio al empresariado obviando con ello los principios elementales de la Administración de Riesgos, en particular el riesgo de corrupción y asumiendo esta tarea como un costo administrativo.

Esta visión del problema nos llevó a concluir que al estar radicada la corrupción en el sector público esta se presentaba al interior de una empresa como“hechos aislados”; por ello las corporaciones decidieron no solo dotar a las áreas de cumplimiento con los recursos mínimos sino que además su personal difícilmente tenía la experiencia suficiente como para enfrentar a una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados.

¿Que aprenderán los asistentes?

Aprenderán cómo es que las empresas en México deben auxiliarse de  políticas de gobierno corporativo que les permita enfrentar, de manera concreta, los siguientes riesgos:

1. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. El Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Inclusión en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4. El impacto reputacional.
5. Inclusión en las listas negras de la Office of Foreign Assets Control.
6. El “bloqueo preventivo” a cargo de los Bancos.
7. El De-risking.
8. Tratamiento de Operaciones Preocupantes Internas.
9. Programas de gestión del riesgo de corrupción en el ámbito empresarial.
10. Compliance Fiscal.

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos.
I.II. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
I.III. ¿Cómo se lava el dinero en México?
I.IV. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.
I.V. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
II.II. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
II.III. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado.
II.IV. Investigación de Debida Diligencia.
II.V. La importancia de un Manual interno antilavado.
II.VI. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero.

Modulo III.
III.I Elementos para enfrentar la Responsabilidad Penal de las empresas.

Módulo IV. Compliance Fiscal
IV.I. Repercusiones Fiscales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en los contribuyentes con actividades empresariales

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS, Gerardo Mandujano, Director de la práctica de Compliance Fiscal y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración de 8 horas y su costo es de $3,300 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos las constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Análisis sobre la responsabilidad penal de las personas morales en México conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales desde la perspectiva del Compliance.

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Foto: Cuartoscuro.

En México el fenómeno de la corrupción ha gozado de un campo fértil debido a que no fue sino hasta fechas recientes que se comenzaron a analizar algunas propuestas para su prevención y combate, casi todas desde los “think tanks” de la iniciativa privada.

Sin embargo la mayoría de las herramientas propuestas caían en un error sistemático: le adjudicaban la mayor parte de la culpa a los funcionarios públicos dejando prácticamente libre del escrutinio a las mujeres y hombres de negocios obviando con ello los principios elementales de la Administración de Riesgos.

Esta visión del problema nos llevó a concluir que al estar radicada la corrupción en el sector público esta se presentaba al interior de una empresa como“hechos aislados”; por ello las corporaciones decidieron no solo dotar a las áreas de cumplimiento con los recursos mínimos sino que su personal difícilmente tenía el “seniority” suficiente como para enfrentar a una Operación Preocupante Interna y/o su equivalente.

En días pasados fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción después de un veto presidencial al proyecto votado por el Poder Legislativo al eliminar la controversial “3 de 3”; sin embargo pasó desapercibido que con la entrada en vigor del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se abrió la puerta a lo que, a juicio nuestro, se constituye como una de las mayores amenazas para las empresas: la responsabilidad penal de las personas morales.

El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

Es decir, que si un empleado comete un delito con el fin de que la empresa o institución para la que trabaje pueda obtener un beneficio económico inmediato o posterior, la empresa junto con el empleado, podrá ser penalmente responsable de ese delito; aunado a ello a los representantes legales y/o administradores también se les podrán fincar las responsabilidades correspondientes.

Los casos que pueden servir como un precedente para entender la seriedad del impacto regulatorio serían los escándalos enfrentados por Walmart, Mónex, HSBC, Soriana, OHL, Oceanografía, Volkswagen, BANAMEX y FICREA entre otros en los que empleados llevaron a cabo, con o sin conocimiento de la alta Dirección, actos que en su momento fueron objeto de investigaciones administrativas y judiciales y en algunos casos, de sanciones.

Dicho articulo previene que la citada responsabilidad no extingue con la transformación, fusión, absorción o escisión de las empresas o entidades; esto nos lleva a reiterar nuestro consejo de llevar a cabo una investigación reforzada de debida diligencia en el supuesto de que su empresa o institución pretenda hacer negocios con otra.

Por su parte el artículo 422 establece como posibles sanciones para las personas jurídicas:

Una sanción pecuniaria o multa; decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; publicación de la sentencia; y en un caso extremo la disolución de la empresa o institución así como las demás que dado el caso sean aplicables.

En el caso de la disolución, el órgano jurisdiccional deberá considerar que esta sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos.

¿Como se llegará a determinar la gravedad de la sentencia? el Órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración los siguientes factores:

La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;
El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;
La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;
El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito;
El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y
El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.

Evidentemente en el primer punto se encuentra el aspecto que puede traducirse como el blindaje a la operatividad de la empresa o institución; un claro ejemplo de ello es la tendencia en España de considerar a un programa robusto de Gobierno Corporativo como una excluyente de responsabilidad.

Como parte de las sanciones para las empresas se contemplan de igual manera las siguientes consecuencias jurídicas:

Suspensión de sus actividades;
Clausura de sus locales o establecimientos;
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión;
Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público;
Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o
Amonestación pública.

Dada la gravedad de las penas recomendamos a las áreas Jurídicas, de Auditoria y/o de Compliance ejecutar las siguientes acciones:

Informar al Consejo de Administración de los supuestos contenidos en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Informar al Consejo de Administración de las sanciones contenidas en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Desarrollar un programa de comunicación institucional que permita garantizar que todo el personal, sin importar su jerarquía y/o funciones, se de por enterado de las implicaciones que un acto de corrupción pude generarles.
Implementar un proceso de capacitación para aquellas personas y/o areas de negocio de mayor riesgo.
Ejecutar un análisis de los manuales de riesgos.
Adecuar las políticas de integridad y/o redactar un documento específico para obtener de los empleados que presenten el mayor nivel del riesgo una firma que asegure que conocen los riesgos asociados.

Esperamos que esta información resulte de utilidad, si tiene mayores dudas puede escribirnos a info@asimetrics.net