¿Que aprendí al implementar un seminario para el examen Antilavado de la CNBV?

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Si usted trabaja para una institución financiera en México seguramente sabe que derivado de la reforma financiera aprobada en 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue facultada para llevar acabo un proceso que tiene como fin el garantizar que quienes tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones que la legislación nacional prevé en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones…” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Obviamente no podía estar más de acuerdo con este examen que en buena medida se asemeja a una suerte de colegiación ya que, desde que se publicó en 2012 la famosa Ley Antilavado,  surgieron de la nada expertos que vieron un área de oportunidad para vender asesoría que jamás se fundamentó en modelo alguno de gestión de riesgos; vamos, a la fecha no es difícil encontrar páginas de Internet donde se ofrecen cursos de capacitación Antilavado presumiendo una certificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por lo tanto, en ese momento me pareció una medida formidable para diferenciar a estos expertos de los otros, de los que han tenido la oportunidad de instalar sistemas automatizados, de desarrollar matrices de riesgo, de conducir auditorías forenses, de manejar las sesiones de los CCC’s y de enfrentarse a operaciones preocupantes internas. Sin embargo, esta dinámica se repitió cuando inclusive semanas antes de que la CNBV liberase los temarios oficiales era posible encontrar en el mercado todo tipo de ofertas educativas para prepararse para este examen, desde los programas más extensos y caros (con reconocidos expertos) hasta los más breves y económicos (con auténticos desconocidos).

En no poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar todo tipo de historias de terror relacionadas con estos cursos y que iban desde reseñas a profesores sin la menor experiencia en la materia hasta otras que contaban a oficiales de cumplimiento quieres con toda la soberbia del mundo tachaban a los profesores (quienes resultaban ser colegas) como ignorantes.

Por si esto no fuera poco cuando por fin se liberó el temario oficial encontré que una buena parte este se enfocaba a cuestiones que no necesariamente se encontraban relacionadas con el quehacer diario de un oficial de cumplimiento, a manera de ejemplo está el apartado de la Ley Antilavado la cual, como muchos saben, no es aplicable para las instituciones financieras.

La suma de estas situaciones me llevó a concluir que el examen no atendía a dos principios elementales de la PLD/FT: la adecuada administración de riesgos y la ética. Por ello decidí no involucrarme con este tipo de capacitación esperando que la autoridad tomara nota de estos problemas y generase algún tipo de solución.

No obstante esta negativa un cliente (a quien aprecio mucho) me convenció para ayudar a su equipo Antilavado a estudiar y debo decir que tras más de 60 horas entre preparación del material y la impartición del seminario es justo compartir mi propio aprendizaje: no importa que no se esté obligado a presentar este examen, el tomar un buen curso de capacitación ayudará a reforzar los conocimientos prácticos los cuales serán de lo más útiles para que una carrera como profesional anti lavado despegue.

¿Mi consejo tiene un truco? claro: busquen un curso que se adapte a su presupuesto, logística e intereses pero asegúrense que los expositores cumplan con el requisito de ser “boots on the ground”

Otro consejo de utilidad es que antes de que tomen una decisión le pidan a quien vaya a ser su maestro que les explique, dentro del contexto anti lavado, la siguiente ecuación:

R = f (T, V, C)

________

C

El famoso 66% de reprobados durante la primera ronda del examen llevó a muchos oficiales de cumplimiento a  comprender que  no lo habían dimensionado correctamente lo cual va en contra de un aspecto esencial de su práctica: el enfoque basado en riesgos.

Punto para el examen.

 

¿Debo optar por un régimen simplificado o por una entidad colegiada para enfrentar el impacto de la Ley Antilavado?

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Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvimos absoluta certeza de tres cosas: esta Ley era necesaria, su implementación iba a costarle al Gobierno Federal y a los sujetos obligados sangre, sudor y lágrimas y, por último, que existiría una suerte de régimen simplificado basado en la debida autodeterminación del nivel de riesgo.

A casi tres años de la promulgación de la Ley Antilavado su implementación se encuentra marcada por numerosos errores tanto a cargo tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria como de los propios sujetos obligados. Al parecer ninguno de los tres “factores reales de poder” (citando a Ferdinand Lassalle) involucrados en este esfuerzo se prepararon de manera debida para que el impacto regulatorio se llevara a cabo de la manera menos invasiva posible; no podemos olvidar que un principio elemental de la prevención de lavado de dinero es el lograr implementar aquellos mecanismos que protejan a las empresas de ser utilizadas para el proceso de blanqueo de activos y, al mismo tiempo, permitan a las empresas seguir generando ingresos.

Durante el proceso legislativo en el que se discutió el proyecto de la Ley Antilavado presentado por el expresidente Felipe Calderón pude constar que eran pocos, muy pocos, los interesados en acercarse a los Senadores y Diputados para solventar sus dudas y hacer algunas recomendaciones; de hecho nunca tuve la oportunidad de platicar con algún cabildero de las industrias que se verían afectadas. Es decir que las asociaciones de juegos con apuestas, de concursos, de emisión de tarjetas de servicios prepagados, de servicios de blindaje, de construcción, de comercio exterior, de joyeros, de distribuidores de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, de traslado de valores, de fe pública, de subastas de arte y donatarias autorizadas entre otras o no fueron notificadas de la inminente aprobación de la referida Ley (como parte de un compromiso internacional) o simplemente no lo consideraron como algo importante.

En mi experiencia la segunda opción no solo no es improbable sino que posee una razón que, dado el caso, la validaría plenamente: el empresariado mexicano se mantiene reacio a la implementación de políticas de gobierno corporativo por considerarlo como un gasto en vez de una inversión. De hecho esta situación se agrava al interior del sector financiero ya que no obstante que este se encuentra regulado en materia antilavado, en muchos casos el personal de cumplimiento normativo de las instituciones suele tener condiciones laborales muy por debajo de otras áreas “que si generan ingresos”. Los casos de los Oficiales de Cumplimiento con sueldos que no superan los $20,000 Pesos al mes son una de las asignaturas pendientes del regulador ya que esto puede poner en riesgo cualquier sistema de prevención de lavado de dinero.

Sin importar cual haya sido la razón que motivara a las asociaciones, cámaras y demás  agrupaciones para abstenerse de entrar en contacto con el Poder Legislativo y expresar sus puntos de vista trajo como consecuencia el que la Ley antilavado les impactó en su operatividad de manera tal que ni siquiera el Reglamento de la Ley ni sus Reglas de Carácter General han sido capaces de subsanar los problemas que enfrentan los sujetos obligados.

Otro de los detonantes de este problema radica en que los sujetos obligados, por lo menos durante los dos primeros años de la vida de la Ley, recibieron asesoría de Firmas de Abogados y Contadores que lo más que pudieron hacer por ellos fue el tomar el contenido del marco normativo antilavado y matizarlo con cuestiones Fiscales, Corporativas y Penales lo cual, al no atender a cualquiera de los protocolos de riesgos antilavado conocidos, les impidió (y les sigue impidiendo) a sus clientes el explorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgos de sus operaciones para que, una vez hecho un cruce con la legislación, pudieran autoderminar su situación y poder optar por un régimen simplificado.

Esta situación llevó a varias de las grandes empresas, cámaras y colegios profesionales a buscar un acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para exponer los problemas que enfrentan. De manera extraoficial se menciona que las armadoras de automóviles han obtenido una suerte de “advance rulling” al más puro estilo del Derecho Fiscal que les permita evitar el proceso de identificación de clientes y, de manera oficial, se sabe que el Notariado podrá remitir sus reportes regulatorios al Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria mediante su sistema DECLARANOT y que recientemente la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana podrá hacer lo mismo desde su sistema para validar pedimentos aduaneros.

Ahora bien ¿Que puede hacer usted para optar por algunos de estos beneficios si no es  parte de una gran empresa, no es Notario y/o Agente Aduanal? Tiene usted dos opciones:

La primera es buscar a otros profesionales y/o empresas que se dediquen a su mismo giro para constituir una entidad colegiada y optar por el beneficio contenido en los Artículos 26 y 27 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para:

  1. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley:

1.1. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad.

1.2. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría.

1.3. Tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes.

1.4. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.

1.5. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes.

1.6. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos.

1.7. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los Avisos de éstos.

1.8. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes.

2. Celebrar un convenio con el SAT y la UIF, que les permita expresamente presentar los Avisos conforme a lo dispuesto por el Artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Este convenio permitiría a los agremiados de una entidad colegiada no solo cumplir con sus obligaciones con mayor facilidad sino que compartirían los gastos de un Oficial de Cumplimiento, un Comité Antilavado, un sistema para el reporte de operaciones, de la redacción de un manual operativo, el resguardo de la información y de la capacitación anual a su personal; obligaciones contenidas en la Ley, su Reglamento y sus Reglas.

La segunda es que, si no conviene a sus intereses y/o es materialmente imposible agremiarse, se puede optar por el beneficio contenido en el Artículo 19 de la Ley: un régimen de medidas simplificadas en función de una autodeterminación del nivel de riesgo que la operatividad de su empresa y/o su práctica profesional mantenga vs el perfil de sus clientes ya sean ocasionales y/o recurrentes.

Esta medida puede ser implementada mediante un procedimiento de autodeterminación de tres etapas:

1. Realizar un análisis de riesgos que tome en consideración la operatividad de la actividad vulnerable y cruce los resultados vs las obligaciones legales que le sean aplicables. Este análisis es conocido como un “AML Risk Assessment”

2. El resultado del análisis será la base para desarrollar un manual antilavado y matrices que permitan establecer a su vez el nivel de riesgo que representan los productos que la empresa ofrece y el perfil de los clientes.

3. Optar por los beneficios de un régimen simplificado contemplados en el Artículo 19 de la Ley y el Artículo 15 de las Reglas demostrando que su operatividad es de bajo riesgo.

Es importante precisar que el Reglamento define al riesgo como “la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con estos o el financiamiento de organizaciones delictivas”

Ahora bien, aunque puede existir una interpretación ambigua del Anexo 7-A de las Reglas en concordancia con la Fracción V del Artículo 12 de las referidas Reglas esta autodeterminación hará la diferencia al momento de recibir las visitas de inspección a cargo del SAT y, dado el caso, de combatir las multas.

El punto central, como seguramente usted ya lo advirtió, es el volverse proactivo y tomar las medidas indicadas para mitigar el riesgo que usted y su empresa pueden estar enfrentando en breve; las visitas de inspección pueden llegar a generar multas de más de cuatro millones de Pesos y (en un caso grave) penas privativas de libertad.

Se tome la decisión que se tome, la táctica del avestruz nunca será una opción.

 

*Artículo originalmente publicado en Mayo de 2015.

Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.

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En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitidos por dichas autoridades así como por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el Basel Institute of Governance y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, que plantean una mejoría en su combate.

No podemos olvidar que derivado de la evaluación efectuada en el 2008 a México por el GAFI se emitió un documento titulado: “Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México” en el cual nos fueron observadas 38 deficiencias en el combate al lavado de dinero, siendo una de ellas el que durante el período evaluado (2004-2008) solamente habían sido procesadas 149 acusaciones por lavado de dinero y de las cuales tan solo 30 de esas acusaciones habían derivado en una sentencia. Inclusive los funcionarios del GAFI se dieron el lujo de señalar en ese reporte que 5 de esas sentencias habían sido absolutorias; un hecho inaceptable para los auditores del organismo.

Como consecuencia de esta evaluación México se vio obligado a replantear el marco jurídico para el combate del lavado de dinero con el fin de solventar las observaciones; evidentemente el mayor avance se circunscribe a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Para entender el impacto que el estudio generó en la prensa nacional transcribo algunas de las cifras que recopila:

El INEGI estimó que el valor promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo del 2009 equivalió a 1.688% del Producto Interno Bruto (PIB).

La UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con “sospechas” de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009, huelga decir que esto es un grave error por parte del autor del estudio ya que los reportes regulatorios no infieren que las operaciones financieras analizadas están necesariamente vinculadas con el lavado de dinero, vamos, a lo mucho se podría abrir el debate para los supuestos de las Operaciones Preocupantes Internas (ROI’s) y de los “Reportes de 24 horas”

De 2006 a 2014 la PGR reportaron 2,224 probables responsables detenidos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De esta cifra 734 fueron consignados.

Por cantidad anual de averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal durante el período 2006-2014 el que tuvo un mayor registro fue 2012, con 528 casos, lo que representó 14.5% de este intervalo de tiempo; le siguió 2008 con 481, y 2011 que arrojó 477.

La UIF precisó que durante 2014 se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013 (75,468) casos.

De hecho los datos utilizados por el autor del estudio poseen el mérito suficiente para llamar la atención he, inclusive, podrían llegar a justificar el tono triunfalista utilizado a lo largo del documento el cual puede resumirse con la siguiente afirmación: “México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI)”

Evidentemente 28.5 millones de reportes de “operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero” es un numero imponente; la consignación de 2,224 personas por lavado de dinero son muchas más que las 149 contenidas en la evaluación del GAFI y el haber rebasado por 38,000 el numero de reportes de operaciones inusuales recibidas del 2013 al 2014 suena como un avance. Sin embargo, el estudio parte de graves errores, por ejemplo se tomaron los datos proporcionados por las autoridades sin analizarlos desde la perspectiva de la prevención de lavado de dinero.

Esto nos lleva a volver a señalar un hecho que difícilmente puede ser refutado: en México la cultura de la prevención de lavado de dinero prácticamente se encuentra circunscrita al sistema financiero.

Otro error del estudio radica en decir que la UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009; debido a las fechas señaladas tales reportes regulatorios corresponden únicamente a los enviados por los integrantes del sistema financiero mexicano a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) correspondientes a sus Operaciones Relevantes (todas aquellas que igualan y/o rompen la barrera de los $10,000 Dólares), Inusuales (las que rompen los parámetros transaccionales que se le impone a cada cliente con base a su perfil) y Preocupantes Internas (casos internos en los que se detecte que un empleado de una institución financiera se encuentra relacionado de alguna manera con un caso de lavado de dinero) que apruebe el Comité de Comunicación y Control (o Comité antilavado interno).

Asimismo, debemos de considerar que al no existir una normatividad en la materia, las entidades supervisadas por la CNBV si bien quedan en plena libertad para determinar los parámetros que aplicarán para determinar si deciden, o no, reportar una operación de sus clientes como inusual. Es decir, aplicando el principio de la autodeterminación una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple puede optar por reportar como operación inusual el pago de un cliente por la mensualidad correspondiente a un crédito automotriz que rompa su perfil transaccional (determinado inmediatamente por la naturaleza del contrato) aunque sea por un Peso.

¿Que motiva esto? en mi experiencia existe una pugna histórica entre la UIF y la CNBV ya que la segunda ha sostenido el criterio de que las entidades deben de reportar todas aquellas operaciones que rompan el referido perfil transaccional a diferencia de la UIF la cual sostiene que las entidades le envíen reportes derivados de investigaciones exhaustivas, situación que difícilmente puede ocurrir en la realidad.

Un aspecto importante para terminar de entender esto se encuentra en que la Alta Dirección de las entidades opta por hacer suyo el criterio de la CNBV ya que es esta la encargada de realizar las visitas de inspección y, a su vez, puede imponer sanciones y acciones correctivas, el “sobrereporteo” a cargo de las entidades financieras supervisadas es una realidad que entorpece notablemente la prevención y combate al lavado de dinero. Evidentemente el/la Oficial de Cumplimiento poco o nada puede hacer al respecto de esta decisión en el entendido de que, si tiene suerte y trabaja para una entidad financiera con un programa aceptable de riesgos en prevención de lavado de dinero, esta determinación se tomará de manera colegiada al interior del Comité de Comunicación de Control y constará por escrito brindándole cierta certidumbre jurídica.

Por lo anterior, esos 28.5 millones de reportes recibidos por la UIF en un período de cinco años equivale a 5,700,000 reportes por año y, sin tomar en cuenta los volúmenes de operaciones de cada una de las entidades y considerando que durante ese período la CNBV supervisase a unas 4,000 entidades, el total de reportes emitidos por año y por entidad sería de 1,425 mismos que se traducirían en 7,125 reportes por el período que nos ocupa. Una cifra nada espectacular para el sistema financiero sin tomar en consideración el factor de los “reportes basura” si me lo preguntan.

Vamos, en el estudio ni siquiera se toma en consideración la formula de que “no toda operación relevante clasifica como inusual pero una inusual puede clasificar como inusual y relevante al mismo tiempo” y, por ende, se duplicaría el reporte regulatorio.

Si aplicamos esta lógica a las supuestas 14,000 operaciones inusuales recibidas por la UIF durante el 2014 sin contar a las relevantes y a las preocupantes internas a cargo de los aproximadamente 5,000 sujetos obligados registrados nos daría un prorrateo de 2.8 reportes por entidad. Simplemente las cifras no hacen sentido ya que son precisamente las operaciones inusuales las que representan el mayor volumen de los reportes debido en primera instancia a que las operaciones relevantes son consideradas como una mera estadística y no son muchas las transacciones bancarias que superen la referida barrera de los $10,000 Dólares y, en segunda instancia, a que las operaciones preocupantes internas se encuentran relacionadas a casos verdaderamente localizados dentro de una institución; un Oficial de Cumplimiento no necesariamente se enfrentará durante su carrera a una investigación de esta gravedad.

De igual forma, otra debilidad del reporte se encuentra en que la Ley Antilavado no figura en ningún apartado estadístico no obstante que dicha ley fue aprobada en el 2012 y entró en vigencia en el 2013. ¿No ha ocurrido nada digno de ser reportado respecto de la implementación de esta ley?

Como es del dominio público, aunque la implementación de la Ley Antilavado o LFPIORPI ha sido por demás accidentada e, inclusive, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la entidad gubernamental encargada de recibir los reportes regulatorios de las personas y/o empresas que clasifiquen como “actividades vulnerables” se vio obligado a posponer en diversas ocasiones la recepción de estos otorgándose a si mismo una “prorroga”, logró recibir más de 12,000 avisos de los sujetos obligados de un supuesto universo de 350,000 sujetos obligados mismo, que a mi juicio fue indebidamente contabilizado por el SAT ya que solo tomó en consideración el giro de las empresas y/o la actividad preponderante de las personas físicas sin valorar que es la operatividad de las empresas lo que va a determinar si clasifica, o no, como actividad vulnerable.

Es decir que una empresa que se dedica a un giro que no clasifica por su simple denominación como actividad vulnerable podría serlo con base a su operatividad; pongamos como ejemplo a una empresa que comercializa fruta: por su mero objeto social la autoridad no la considera dentro de su listado pero puede ser que la empresa otorgue lineas de crédito a sus proveedores, construya casas para sus empleados en las zonas de producción y venda constantemente su parque vehicular, de ser así la operatividad de esta empresa estaría realizando tres actividades vulnerables. Por ello creo que el volumen de sujetos obligados por la autoridad es imposible de ser determinado por la autoridad. ¿350,000 sujetos obligados es un número real?

Como puede advertirse a simple vista el estudio a cargo del Instituto Belisario Dominguez no solo no aporta datos fidedignos sino que induce a una interpretación errónea del combate al lavado de dinero en México lo cual nos obliga a preguntarnos ¿realmente cuál es la situación que enfrentan nuestros sistemas financiero y económico ante la penetración de los capitales de la delincuencia organizada? Los supuestos diez mil millones de Dólares que, a decir del estudio, son lavados al año en México de una u otra forma se van a integrar a los Bancos y/o a las empresas.

Ojalá que a finales del 2016 las autoridades puedan ofrecer cifras realistas que conjunten los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero que están llevando a cabo gracias a la participación de los sectores financiero y económico.

Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?

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El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una disyuntiva: ¿Invertir o gastar en un Oficial de Cumplimiento?

De esta decisión dependerá el tener protocolos sólidos o meramente dar la impresión de que se cumple con los requisitos legales.

Al estar sentado por primera vez frente a un cliente se tienen pocos minutos para obtener la información necesaria para entender el estado real que guarda su negocio antes de que este empiece a minimizar, matizar, o simplemente a mentir sobre las razones por las cuales decidió buscar la asesoría de un experto en prevención de lavado de dinero. A este proceso le denomino “preguntas de control”.

Este proceso debe iniciar con una pregunta, ya que puede aportar por sí sola el 99% de certeza respecto del estado que guardan los protocolos en prevención de lavado de dinero dentro de una empresa o institución financiera: ¿cuál es el sueldo del Oficial de Cumplimiento?

Por ejemplo, en una entidad financiera con una cartera de unos 35 mil millones de Pesos, lo mínimo esperado es que ese puesto estuviese remunerado en un rango de entre $50,000 y $80,000 Pesos mensuales, más un bono anual, como mínimo de dos meses de sueldo, aguinaldo, y las prestaciones de ley, es decir, un sueldo anual “aceptable” para un Oficial de Cumplimiento oscilante entre los $750,000 y $1,200,000 Pesos.

No obstante, si se descubre que en la realidad este funcionario percibe un salario que esté por debajo de la mitad del indicado (entre $25,000.00 y $40,000.00 Pesos mensuales), ya no tendría sentido seguir haciendo las demás preguntas de control, pues es evidente que si un empresario busca a un profesionista dispuesto a aceptar esa paga, no se le está dando una justa dimensión del impacto que pueden provocar las tareas del Oficial de Cumplimiento dentro de una compañía y/o institución financiera, demostrando con ello el poco interés por crear un programa robusto en prevención de lavado de dinero, y, consecuentemente, ponerse en riesgo de ser sujeto de multas y sanciones previstas en: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la inminente responsabilidad penal de las empresas y su posible inclusión, junto con la de sus directivos, en la lista negra de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).

El argumento de la inatención del empresariado de contratar a un Oficial de Cumplimiento adecuado se sostiene si se compara las compensaciones asignadas a las direcciones de áreas como ventas, mercadotecnia, sistemas, jurídico, finanzas y recursos humanos, ya que lo más probable es que en estas posiciones existan sueldos mucho más altos que el previsto para aquel, y además, de bonos anuales, automóviles corporativos y “golden parachutes” (blindajes salariales en el supuesto de despido), alcanzando así hasta un sueldo anualizado de unos $2,880,000 Pesos.

Encontrar estas brechas tan grandes entre las gratificaciones percibidas por el Oficial de Cumplimiento y los líderes de otras áreas exhibe una verdad innegable: la alta dirección no ha entendido las responsabilidades inherentes al puesto, y, por ende, ven al Oficial de Cumplimiento más como un gasto que como una inversión.

Desde la publicación en el DOF del 17 de marzo de 2011 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), tanto reguladas como no reguladas, en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los consultores hemos podido atestiguar el proceso de creación de los protocolos necesarios en muchas SOFOMES, los cuales guardan una característica en común: buscar una solución al precio más bajo para cumplir con las obligaciones legales, sin importar las consecuencias a mediano y largo plazo.

Evidentemente, las cabezas de las SOFOMES, al no poder “regatear” con los proveedores de los servicios de listas negras, de personas políticamente expuestas, de metabuscadores y de monitoreo de operaciones, prefirieron recortar sus gastos en el rubro de recursos humanos optando por promover a algún empleado menor del área jurídica o de auditoría interna al cargo de Oficial de Cumplimiento. En el mejor de los casos, contrataron los servicios de analistas para que estos, de un día para otro, les implementaran un protocolo antilavado, encargo que claramente superó a su experiencia, y que a mediano plazo se tradujo en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En ese sentido, en muchos de los oficios de observaciones de la CNBV se incluyó que el puesto de mérito recaía en una persona que carecía de los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad las obligaciones mínimas, además de que las áreas respectivas no contaban con el personal suficiente para supervisar los procesos de la entidad.

Posteriormente, el 17 de octubre de 2012 se publicó la LFPIORPI, y con ella se pudo ver cómo los empresarios, a regañadientes, intentaron desahogar sus obligaciones con la creación de flamantes áreas de cumplimiento, lideradas por personal sin el discernimiento pertinente en la materia, creyendo que por el simple hecho de estar experimentados en temas contables, jurídicos o de auditoría serían capaces de hacer frente a las disposiciones antilavado que van mucho más allá del cumplimiento de normas jurídicas sino de la implementación de protocolos de administración de riesgos antilavado.

Sin duda, esta decisión les ha impedido el adoptar un régimen simplificado y verse realmente protegidos de ser utilizados por la delincuencia para dar a sus recursos una apariencia de legitimidad.

Tanto el sector financiero como el económico originaron lo que en el medio se le conoce como “Oficiales de Cumplimiento de veinte mil pesos”, lo cual se traduce en un responsable claramente limitado para planear, desarrollar e implementar los protocolos mínimos-máximos obligatorios por ley, por lo que, probablemente, el resto de ellos sean igual de vulnerables. De ahí que sea la primera pregunta de control mencionada previamente.

No es difícil comprobar que la contratación de este tipo de Oficiales de Cumplimiento es una tendencia, basta con revisar que las ofertas de trabajo no superan los citados $20,000 Pesos. En definitiva, el empresariado mexicano visualiza la prevención de lavado de dinero más como una pesada obligación que como una herramienta para blindarse de riesgos internos y externos.

El énfasis en el binomio sueldo-capacidad en un Oficial de Cumplimiento es vital, pues implementar un protocolo robusto antilavado no es una tarea fácil, al estar formado por cinco ejes fundamentales:

  • Manuales operativos
  • Sistemas automatizados
  • Identificación y conocimiento de clientes, intermediarios y proveedores
  • Capacitación
  • Personal del cumplimiento adecuado y suficiente

La aplicación de los cuatro primeros puntos puede ser solventada con facilidad, al subcontratar a un proveedor externo. Sin embargo, esto no será útil en el momento en que estos sean llevados a cabo por una persona sin experiencia, apoyo e independencia necesarias para un Oficial de Cumplimiento trayendo como resultado las posibles sanciones por parte de la CNBV o del SAT, según proceda.

Entonces, quienes toman las decisiones directivas, cometen un gravísimo error al intentar ahorrar en el sueldo de un Oficial de Cumplimiento ya que no solo ponen en peligro a sus compañías, sino que también podrían ser sujetos de responsabilidades penales o económicas personales; tal vez deberían considerar el reducir los bonos de las áreas de ventas; antes de regatear la compensación de ese personal, es recomendable que se examinen los sueldos y bonos asignados a las demás áreas.

Cabe mencionar que una política de grandes bonos para los departamentos de ventas, es un factor de riesgo contemplado en diversos estudios para el combate a la corrupción, debido a que abre la posibilidad de que un empleado incurra en diversas acciones indebidas para llegar a su meta, como por ejemplo cometer fraude o romper las reglas de operación.

Es justo el evitar este tipo de irregularidades lo que está dentro de las funciones de un Oficial de Cumplimiento, quien llegado el momento decidirá la forma en que se llevará la investigación sobre el actuar del trabajador, para dilucidar si actuó solo o forma parte de una red, así como si se denunciará penalmente o se enviará el reporte de operaciones preocupantes internas. Un motivo más que comprueba la importancia de su papel.

Esa posición conlleva muchas responsabilidades y riesgos reales. Esta razón debe originar en quien esté pensando en aceptar tal cargo, meditar que sin el apoyo de la alta dirección, podría llegar a convertirse en un chivo expiatorio.

Como ejemplo de lo anterior, existen los supuestos en los que Oficiales de Cumplimiento con la capacidad de negociación suficiente, han obtenido como parte de sus beneficios laborales un seguro de responsabilidad profesional.

De hecho, en el ramo financiero, la CNBV inició el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión.

El examen que deberán aprobar quienes ostenten el cargo está fundado en una guía de estudio que en sus capítulos IV, V y VI contempla aspectos tan específicos como la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de 2014.

¿Un Oficial de Cumplimiento improvisado podrá acreditar ese examen?

Todos hemos escuchado y/o leído la frase “If you pay peanuts you get monkeys” ¿Y usted cuánto le paga a su Oficial de Cumplimiento?

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en Guadalajara

Excelsior

Estimados clientes y amigos

Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Por tal motivo se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

Es importante señalar que implementación de este seminario tendrá como fundamento la perspectiva de administración de riesgos y que los expositores, lidereados por nuestro Socio Director, tienen experiencia probada en el campo antilavado de más de 16 años adquirida en los sectores gubernamental, financiero y económico, esto permitirá a los asistentes el ir más allá del simple repaso del temario liberado por la CNBV.

La duración es de 25 horas a impartir en cinco días consecutivos y tiene un costo de $20,000 MXP (más impuestos) por persona.

Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 15% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para grupos de 3 o más personas.

El temario se integra de la siguiente manera:

Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.

Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.

II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.
II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Modulo III: Examen interno.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros y por tal motivo no hacemos público el lugar donde se llevará a cabo el evento sino hasta que finalice el proceso de admisión.

Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a  info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

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Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad. El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, oficiales de cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley.

Nuestra meta es que el participante adquiera los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

El temario se integra de la siguiente manera:

Día uno

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

I.IV. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

I.V. ¿Que es el SARLAFT?

I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Día dos

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. Investigación de Debida Diligencia

II.IV. La importancia de un Manual interno antilavado

II.V. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

El curso tendrá una duración de 10 horas y será impartido los días 1 y 2 de junio de 2016 en la Ciudad de México de 9 a 2 PM y tendrá un costo de $6,525 MXP (más impuestos) por persona pero los agremiados a la Barra Mexicana de Abogados tendrán un descuento del 15%

En el caso de que requieran implementar un seminario para sus Empresas, Firmas o Entidades podemos desarrollar un evento acorde a sus necesidades.

Para poder inscribirse los interesados deberán enviar un correo a info@asimetrics.net en el cual incluyan una breve explicación del porqué requieren tomar el curso junto con su CV.

Quedamos, como siempre, a las órdenes.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015

Lugar: Ciudad de México 

Informes: info@asimetrics.net   

Duración: 5 horas

Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos

Modalidad: Presencial

Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado.

Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Dirigido a: Empresarios, Abogados, Contadores, Periodistas, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos  y público en general, en especial aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Expositor: Salvador Mejía Álvarez

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en México y Estados Unidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo así como de Inteligencia y Contrainteligencia.

Salvador es Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador del noticiero Segunda Emisión de Noticias MVS, de la revista IDC así como analista invitado para diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros; de igual forma es expositor para la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), asociaciones empresariales y para agencias gubernamentales de México y de los Estados Unidos.

Requerimientos: los asistentes podrán llevar laptops y/o tabletas electrónicas para realizar ejercicios investigaciones de debida diligencia en tiempo real, desarrollo de matrices de riesgo y manuales antilavado.

Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. La importancia de un Manual interno y la investigación de Debida Diligencia 

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

III.I. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?

III.II. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

El fin del valemadrismo financiero

Sanciones

El presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera: el aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente  para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegue a imponer a intermediarios financieros tales como Casas de Bolsa por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Al parecer los funcionarios de la CNBV entienden perfectamente que es viable manejar  una política de entendimiento y apertura con los integrantes del sistema financiero pero, para que esto sea funcional, se requiere contar con un medio de coercitividad efectivo;  por un lado tenemos el ya famoso “tablero de control” y por otro el posible aumento en las multas por algo así como 7 millones de Pesos; una cifra que no puede pasar inadvertida.

Pero ¿en que se traduciría esto? si el aumento es aprobado posiblemente estaríamos ante un cambio en la visión que muchos directivos financieros tienen sobre el Compliance; admitámoslo: al día de hoy para la mitad más uno de las mujeres y hombres de negocios en México esta materia es una molesta obligación que está contemplada en el apartado de costos de sus presupuestos, lo cual se refleja en sueldos ridículos, ausencia de software especializado, equipos de trabajo mínimo y, por supuesto, una total falta de apoyo para estos por parte de la alta Dirección.

Con el asenso en las multas la CNBV se estaría constituyendo como un “game changer” o como un “cleaner” del sistema financiero lo cual debe aplaudirse pero, por otro lado, los Oficiales de Cumplimiento deben preocuparse y en serio. No, no me refiero para aquellos que trabajen para Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES con protocolos antilavado robustos sino, tristemente, aquellos que se vean obligados a trabajar para entidades que han optado por apostarle a trabajar con los requisitos mínimos en materia de Compliance ya que “es más barato pagar multas que fortalecer procesos de riesgo”

Tal vez y solo tal vez llegó el momento de que las entidades financieras de todos los niveles en México vean, entiendan y copien (en la medida de sus posibilidades) el fenómeno que está ocurriendo en Wall Street donde los Compliance Officers ya están a la par de los CEO’S, CTO’S, CRO’S y demás posiciones estratégicas por lo que hace a sueldos y alcances dentro de sus instituciones.

Tal vez y solo tal vez estamos presenciando el comienzo del fin del valemadrismo financiero.

Los Oficiales de Cumplimiento no están listos para fallar.

Los pasados 29, 30 y 31 de Julio de 2015 tuve la oportunidad de participar como expositor en la 9ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); el asistir a este tipo de eventos siempre trae el valor agregado de reencontrarse con amigos y colegas, de fortalecer y crear redes de contacto y escuchar de primera mano a los funcionarios públicos pero, por encima de todo, el ser expositor y ser visto y escuchado por más de 150 colegas por tres días conlleva un plus: los participantes te buscan para exponerte sus dudas y preocupaciones off the record.

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De todas las preocupaciones que escuché me quedo con 3:

1. Sueldos bajos: pese a que la opinión general es que los expertos antilavado que trabajan dentro del sistema financiero perciben excelentes sueldos, como es el caso de sus colegas en Estados Unidos, esto es incorrecto. Los rangos de la mayoría de mis colegas llegan a estar por debajo de la mayoría de las áreas sensibles de sus organizaciones.

Esto me obligó a recordar mi colaboración del 31 de Julio en la revista IDC: “Oficial de cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?” en la que planteo que no es difícil encontrar sueldos anualizados de $280,000 Pesos en instituciones financieras mexicanas cuando, en Estados Unidos, los sueldos anualizados más bajos para expertos en Compliance rondan los $581,000 Pesos acorde con lo publicado por PayScale.

2.  Operaciones preocupantes internas: Muchos colegas compartieron como un escenario común el que tras realizar procesos de due diligence junto con investigaciones de redes de vínculos encontraron a células de empleados involucrados en posibles esquemas de fraude y/o de lavado de dinero dentro de sus instituciones pero, al ser presentadas las investigaciones a los Comités de Comunicación y Control, estos eran francamente desestimados y, en algunos casos, las investigaciones se volvieron en contra de ellos.

“En nuestras entidades se lava dinero… es un hecho” fue la conclusión de varios de ellos.

3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Hay poca, muy poca información respecto de la Ley antilavado por parte del Servicio de Administración Tributaria lo cual está siendo aprovechado por Abogados y Contadores cuya práctica habitual no está enfocada en esta materia lo cual solo está creando situaciones de riesgo para las actividades vulnerables.

Tras recordar con atención las conversaciones con mis colegas me quedo con una pregunta: ¿Los Oficiales de Cumplimiento están listos para fallar? Porque eso puede ocurrir si no tienen el apoyo de la alta dirección de sus instituciones y/o empresas.