El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una disyuntiva: ¿Invertir o gastar en un Oficial de Cumplimiento?
De esta decisión dependerá el tener protocolos sólidos o meramente dar la impresión de que se cumple con los requisitos legales.
Al estar sentado por primera vez frente a un cliente se tienen pocos minutos para obtener la información necesaria para entender el estado real que guarda su negocio antes de que este empiece a minimizar, matizar, o simplemente a mentir sobre las razones por las cuales decidió buscar la asesoría de un experto en prevención de lavado de dinero. A este proceso le denomino “preguntas de control”.
Este proceso debe iniciar con una pregunta, ya que puede aportar por sí sola el 99% de certeza respecto del estado que guardan los protocolos en prevención de lavado de dinero dentro de una empresa o institución financiera: ¿cuál es el sueldo del Oficial de Cumplimiento?
Por ejemplo, en una entidad financiera con una cartera de unos 35 mil millones de Pesos, lo mínimo esperado es que ese puesto estuviese remunerado en un rango de entre $50,000 y $80,000 Pesos mensuales, más un bono anual, como mínimo de dos meses de sueldo, aguinaldo, y las prestaciones de ley, es decir, un sueldo anual “aceptable” para un Oficial de Cumplimiento oscilante entre los $750,000 y $1,200,000 Pesos.
No obstante, si se descubre que en la realidad este funcionario percibe un salario que esté por debajo de la mitad del indicado (entre $25,000.00 y $40,000.00 Pesos mensuales), ya no tendría sentido seguir haciendo las demás preguntas de control, pues es evidente que si un empresario busca a un profesionista dispuesto a aceptar esa paga, no se le está dando una justa dimensión del impacto que pueden provocar las tareas del Oficial de Cumplimiento dentro de una compañía y/o institución financiera, demostrando con ello el poco interés por crear un programa robusto en prevención de lavado de dinero, y, consecuentemente, ponerse en riesgo de ser sujeto de multas y sanciones previstas en: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la inminente responsabilidad penal de las empresas y su posible inclusión, junto con la de sus directivos, en la lista negra de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
El argumento de la inatención del empresariado de contratar a un Oficial de Cumplimiento adecuado se sostiene si se compara las compensaciones asignadas a las direcciones de áreas como ventas, mercadotecnia, sistemas, jurídico, finanzas y recursos humanos, ya que lo más probable es que en estas posiciones existan sueldos mucho más altos que el previsto para aquel, y además, de bonos anuales, automóviles corporativos y “golden parachutes” (blindajes salariales en el supuesto de despido), alcanzando así hasta un sueldo anualizado de unos $2,880,000 Pesos.
Encontrar estas brechas tan grandes entre las gratificaciones percibidas por el Oficial de Cumplimiento y los líderes de otras áreas exhibe una verdad innegable: la alta dirección no ha entendido las responsabilidades inherentes al puesto, y, por ende, ven al Oficial de Cumplimiento más como un gasto que como una inversión.
Desde la publicación en el DOF del 17 de marzo de 2011 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), tanto reguladas como no reguladas, en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los consultores hemos podido atestiguar el proceso de creación de los protocolos necesarios en muchas SOFOMES, los cuales guardan una característica en común: buscar una solución al precio más bajo para cumplir con las obligaciones legales, sin importar las consecuencias a mediano y largo plazo.
Evidentemente, las cabezas de las SOFOMES, al no poder “regatear” con los proveedores de los servicios de listas negras, de personas políticamente expuestas, de metabuscadores y de monitoreo de operaciones, prefirieron recortar sus gastos en el rubro de recursos humanos optando por promover a algún empleado menor del área jurídica o de auditoría interna al cargo de Oficial de Cumplimiento. En el mejor de los casos, contrataron los servicios de analistas para que estos, de un día para otro, les implementaran un protocolo antilavado, encargo que claramente superó a su experiencia, y que a mediano plazo se tradujo en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En ese sentido, en muchos de los oficios de observaciones de la CNBV se incluyó que el puesto de mérito recaía en una persona que carecía de los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad las obligaciones mínimas, además de que las áreas respectivas no contaban con el personal suficiente para supervisar los procesos de la entidad.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2012 se publicó la LFPIORPI, y con ella se pudo ver cómo los empresarios, a regañadientes, intentaron desahogar sus obligaciones con la creación de flamantes áreas de cumplimiento, lideradas por personal sin el discernimiento pertinente en la materia, creyendo que por el simple hecho de estar experimentados en temas contables, jurídicos o de auditoría serían capaces de hacer frente a las disposiciones antilavado que van mucho más allá del cumplimiento de normas jurídicas sino de la implementación de protocolos de administración de riesgos antilavado.
Sin duda, esta decisión les ha impedido el adoptar un régimen simplificado y verse realmente protegidos de ser utilizados por la delincuencia para dar a sus recursos una apariencia de legitimidad.
Tanto el sector financiero como el económico originaron lo que en el medio se le conoce como “Oficiales de Cumplimiento de veinte mil pesos”, lo cual se traduce en un responsable claramente limitado para planear, desarrollar e implementar los protocolos mínimos-máximos obligatorios por ley, por lo que, probablemente, el resto de ellos sean igual de vulnerables. De ahí que sea la primera pregunta de control mencionada previamente.
No es difícil comprobar que la contratación de este tipo de Oficiales de Cumplimiento es una tendencia, basta con revisar que las ofertas de trabajo no superan los citados $20,000 Pesos. En definitiva, el empresariado mexicano visualiza la prevención de lavado de dinero más como una pesada obligación que como una herramienta para blindarse de riesgos internos y externos.
El énfasis en el binomio sueldo-capacidad en un Oficial de Cumplimiento es vital, pues implementar un protocolo robusto antilavado no es una tarea fácil, al estar formado por cinco ejes fundamentales:
- Manuales operativos
- Sistemas automatizados
- Identificación y conocimiento de clientes, intermediarios y proveedores
- Capacitación
- Personal del cumplimiento adecuado y suficiente
La aplicación de los cuatro primeros puntos puede ser solventada con facilidad, al subcontratar a un proveedor externo. Sin embargo, esto no será útil en el momento en que estos sean llevados a cabo por una persona sin experiencia, apoyo e independencia necesarias para un Oficial de Cumplimiento trayendo como resultado las posibles sanciones por parte de la CNBV o del SAT, según proceda.
Entonces, quienes toman las decisiones directivas, cometen un gravísimo error al intentar ahorrar en el sueldo de un Oficial de Cumplimiento ya que no solo ponen en peligro a sus compañías, sino que también podrían ser sujetos de responsabilidades penales o económicas personales; tal vez deberían considerar el reducir los bonos de las áreas de ventas; antes de regatear la compensación de ese personal, es recomendable que se examinen los sueldos y bonos asignados a las demás áreas.
Cabe mencionar que una política de grandes bonos para los departamentos de ventas, es un factor de riesgo contemplado en diversos estudios para el combate a la corrupción, debido a que abre la posibilidad de que un empleado incurra en diversas acciones indebidas para llegar a su meta, como por ejemplo cometer fraude o romper las reglas de operación.
Es justo el evitar este tipo de irregularidades lo que está dentro de las funciones de un Oficial de Cumplimiento, quien llegado el momento decidirá la forma en que se llevará la investigación sobre el actuar del trabajador, para dilucidar si actuó solo o forma parte de una red, así como si se denunciará penalmente o se enviará el reporte de operaciones preocupantes internas. Un motivo más que comprueba la importancia de su papel.
Esa posición conlleva muchas responsabilidades y riesgos reales. Esta razón debe originar en quien esté pensando en aceptar tal cargo, meditar que sin el apoyo de la alta dirección, podría llegar a convertirse en un chivo expiatorio.
Como ejemplo de lo anterior, existen los supuestos en los que Oficiales de Cumplimiento con la capacidad de negociación suficiente, han obtenido como parte de sus beneficios laborales un seguro de responsabilidad profesional.
De hecho, en el ramo financiero, la CNBV inició el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión.
El examen que deberán aprobar quienes ostenten el cargo está fundado en una guía de estudio que en sus capítulos IV, V y VI contempla aspectos tan específicos como la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de 2014.
¿Un Oficial de Cumplimiento improvisado podrá acreditar ese examen?
Todos hemos escuchado y/o leído la frase “If you pay peanuts you get monkeys” ¿Y usted cuánto le paga a su Oficial de Cumplimiento?
