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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una oficina denominada Office of Foreign Assets Control (OFAC por sus siglas en inglés) la cual es la encargada de operar los diversos programas de sanciones económicas en contra de países, empresas y/o personas que son considerados por las autoridades norteamericanas como parte del crimen organizado, de grupos terroristas, por ayudar al desarrollo de armas nucleares, por violentar los derechos humanos y varios más.

Una vez que la OFAC determina que un país, empresa y/o persona cumple con los requisitos necesarios es subida a su lista y en automático sus cuentas bancarias y los bienes que posea en Estados Unidos son congelados y entra en vigor una prohibición expresa para que ningún ciudadano o empresa norteamericana establezca una relación comercial con ellos; aunado a ello corre el riesgo de ser detenido si se viaja a los Estados Unidos.

Esta designación puede traducirse en un impacto reputacional mayúsculo así como en una inminente ruina financiera; estas sanciones son un equivalente a una sentencia de muerte financiera ya que puede durar por siempre a menos que se inicie un procedimiento en Estados Unidos para ser deslistado ¿suena fácil? pues no lo es ya que para ello se debe presentar una solicitud ante la OFAC preferentemente por un abogado norteamericano quien, previo a ello, debe solicitar y obtener una autorización para poder representar a la persona o empresa listada, contestar un extenso cuestionario y, dado el caso, sostener una entrevista con el representante de la OFAC en el país donde radique la persona.

Ahora bien, hay 4 razones por las cuales una persona o empresa puede ser incluida en esta lista:

1. Realizar operaciones a sabiendas de que la contraparte se encuentra listada

2. Ser parte activa de la delincuencia organizada, realizar y/o apoyar actividades terroristas y violar cualquiera de los programas

3. Realizar operaciones sin saber que la contraparte se encuentra listada

4. Estar en el radar de la OFAC por cualquier situación

En México una vez que una empresa o persona es listada se enfrenta a un viacrucis ya que, de entrada, prácticamente ninguna institución financiera se animará a mantener una cuenta abierta por lo que si no hay una investigación local simplemente se le notificará al cliente de la cancelación de su cuenta y se le exhibirá un cheque de caja (que no será sencillo cobrar), si se tiene un contrato con una empresa que debe enviar reportes regulatorios conforme a lo establecido en la Ley Antilavado o que simplemente tiene una política de Compliance puede llegar a rescindir el contrato, lo cual abre un debate de lo más interesante: junto con una investigación de Due Diligence forzoso previo a la firma de cualquier contrato así como a la liberación o aceptación de dinero y/o bienes ¿las empresas mexicanas deben comenzar a incluir una “cláusula OFAC” en sus contratos? El probar ante un juzgado que la aplicación de una ley extraterritorial imposibilita la realización del contrato no es cosa sencilla y, en mi experiencia, puedo afirmar que las entidades financieras han logrado salvar este obstáculo gracias a que existe una normatividad específica y que en sus contratos de apertura de crédito estas situaciones están contempladas.

Las mujeres y hombres de negocios en México no pueden seguir operando sin tomar en cuenta el grave riesgo que representa el ser incluidos en la lista negra de la OFAC.