El mito de la prevención de lavado de dinero en México

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En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad, que muchos empresarios, consultores, académicos e inclusive algunos funcionarios públicos no terminan de comprender: la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Para ser honestos debemos decir que fue Estados Unidos quien después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambió al mundo, al activar un auténtico ejército de normas jurídicas, no para prevenir, sino para combatir el financiamiento al terrorismo y, en menor medida, al lavado de dinero ya que eran las organizaciones terroristas y no los cárteles de la droga quienes representaban (por obvias razones) la mayor amenaza.

Derivado de Leyes como la Kingpin Act y la U.S. Patriot Act y de las casi ilimitadas facultades que le fueron conferidas a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), como el brazo armado del Departamento del Tesoro, la manera de hacer negocios cambió drásticamente. ¿El motivo? si una persona o empresa era incluida en la “lista negra” de la OFAC (la cual es una entre muchas listas a cargo de países y organismos internacionales), sus cuentas bancarias y bienes ubicados en Estados Unidos podían ser congelados sin la necesidad de tener que enfrentar previamente un proceso Penal.

Pero a todo esto, ¿que es el lavado de dinero?. En palabras del Banco Mundial “es el proceso a través del cual, las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar su origen ilícito”; este proceso podría ser completado si señalamos que la finalidad es que los recursos financieros o materiales logren ser integrados al sistema económico o financiero.

Ahora bien, no obstante que siempre hemos dicho que “en México esas cosas no pasan”, nuestras autoridades (al igual que las de muchos países) tomaron la decisión de allanarse a este esfuerzo en la medida de lo jurídicamente posible ya que de no hacerlo el Grupo de Acción Financiero Internacional, quien es el organismo encargado de evaluar las políticas antilavado de los países, podía calificarnos negativamente, lo cual impactaría gravemente nuestro nivel de riesgo-pais, como estuvo a punto de ocurrir con Argentina.

Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno de los Estados Unidos también enfocó su lucha en contra del crimen organizado, al entender que los grupos criminales se habían aliado con organizaciones terroristas como fueron los casos de Colombia y Afganistán dando cómo resultado la figura del “terrorismo híbrido”; fue entonces cuando personas y empresas mexicanas comenzaron a ser incluidas en estas listas negras, por lo que el vigilar con quien se hacían negocios se volvió una necesidad básica, ya que desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, médicos, contadores, agencias de autos y de viajes, tiendas de ropa, hoteles, gasolineras y un sinnúmero de negocios fueron anexados.

O eso pensábamos.

El 14 de Octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (o simplemente la Ley antilavado); su promulgación e (intento de) implementación nos ha brindado la maravillosa oportunidad para analizar y entender como funciona la mente del empresariado mexicano.

Esta Ley tuvo como origen una observación del Grupo de Acción Financiero Internacional, derivada de la evaluación realizada a México en el 2008, en la cual se determinó que nuestro sistema jurídico en prevención de lavado de dinero se limitaba tan solo al sistema financiero, dejando a un lado a las ya mencionadas actividades vulnerables, mismas que en Estados Unidos se conocen como “Designated Non Financial Businesses and Professions” (o DNFBP); es decir que por primera vez se pretende obligar a cierto tipo de empresas y/o de profesionistas a implementar medidas de control en sus operaciones.

Tal vez el “finding” más importante que puedo compartir sea el que las mujeres y los hombres de negocios no están interesados en proteger tanto su patrimonio, su reputación y su seguridad jurídica, como el de las empresas de las cuales son accionistas o para las que trabajan, no obstante que estas clasifiquen como actividades vulnerables en atención a lo dispuesto por el Artículo 17 de la referida Ley, la cual contiene un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero o de activos; estos profesionistas y/o empresas tienen en consecuencia la obligación de implementar protocolos internos en prevención de lavado de dinero y dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas como lo son el identificar y conocer a sus clientes, abstenerse de realizar ciertas transacciones comerciales, enviar al Servicio de Administración Tributaria reportes regulatorios, mantener a buen resguardo la información relativa y atender las visitas de inspección a cargo de las autoridades.

¿Pero cuanto me va a costar esto?

Esta es la pregunta que inevitablemente surge cuando la alta Dirección de una empresa se da cuenta que se encuentra obligada a cumplir con esta Ley.

Mi respuesta es consistente: “Incumplir con esta Ley puede acarrearle multas de más de $4,000,000 de Pesos y/o ocho años de prisión, esto claro, con independencia de las sanciones contenidas (dado el caso) en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio entre otras Leyes Federales, Estatales y ordenamientos aplicables en México y Estados Unidos. Es decir, sin importar cuanto se tenga que invertir siempre será más redituable optar por la medicina preventiva”.

Ante esta respuesta, si bien hay quienes entienden el riesgo que enfrentan también hay quienes sencillamente voltean en otra dirección ya que, al parecer, el proteger las operaciones de las empresas es un costo y no un beneficio.

Y aquí es donde entra en escena otro factor de riesgo: los proveedores de servicios y consultores fraudulentos quienes (irresponsablemente) vieron la posibilidad de hacer negocios y comenzaron a ofertar productos relacionados con el cumplimiento de la Ley antilavado a precios francamente irrisorios. Lamentablemente sus productos han tenido una excelente recepción en ese sector del empresariado que no está dispuesto a invertir dinero en un programa robusto de prevención de lavado de dinero y contrataron (irresponsablemente) servicios de capacitación, manuales operativos, consultoría y algo de lo más complejo y softwares en prevención de lavado de dinero que no atendían (ni atenderán) a los aspectos más básicos de un programa promedio de prevención como el SARLAFT, el cual es el proceso metodológico más aceptado, que una vez que confronta la operación del cliente contra el marco regulatorio y factores externos, permite definir el nivel de riesgo real que el cliente afronta o que puede llegar a afrontar y le muestra cuáles son sus áreas de riesgo; contra esta evaluación la alta Dirección podrá diseñarse un plan de trabajo que permita eliminar o minimizar riesgos inmediatos, planear la estrategia para los riesgos de mediano plazo y establecer las medidas y políticas que aseguren que su operación es conducida conforme a la legislación nacional y a sus parámetros internos.

A más de dos años de distancia de la publicación de la Ley antilavado y de sus ordenamientos secundarios, han comenzado a surgir los problemas por la compra-venta de estos productos y servicios. En lo particular hay una escalada en la oferta de supuestos softwares para cumplir con la Ley antilavado y que, evidentemente, no hacen “match” con los parámetros requeridos, lo cual implica que las empresas no solo no pueden cumplir con sus obligaciones ni protegerse de ser usadas por la delincuencia organizada, sino que simple y sencillamente tiraron su dinero a la basura; de hecho no es difícil encontrar casos de SOFOMES y empresas que han adquirido un supuesto software antilavado, el cual resulta ser un software de gestión de cartera promedio al cual le integran un módulo pomposamente titulado “PLD” el cual difícilmente se podrá “comunicar” con los sistemas de originación de cartera y de cobranza para procesar la información contenida y conectarse con los sistemas de los reguladores.

Pero ¿Cual es el gancho para venderlos? bastante sencillo de hecho: por un lado el proveedor de servicios le muestra a la empresa un sistema que permite, no solo capturar los datos demográficos del cliente, intermediario o proveedor a investigar, sino que también puede digitaliza y almacenar imágenes tales como un comprobante de domicilio, un acta constitutiva, un pasaporte o una credencial del Instituto Nacional Electoral, es decir, lo que haría cualquier sistema de originación de créditos pero sin realizar una búsqueda en listas negras o de Personas Políticamente Expuestas o de información contenida en metabuscadores y, por otro lado, el proveedor endulza el trato asegurando que la instalación del software no le tomaría más de un mes y que el personal que lo operará no tendrá mayor problema para entenderlo, cuando la realidad nos muestra que por un lado el proceso de implementación de un autentico software antilavado puede tomar hasta un año y, por otro, que el staff debe recibir capacitación exprofesa para operarlo.

Es decir, un expediente de identificación (conforme a la Ley antilavado) generado con información obtenida por medio de este tipo de sistemas sería rechazado por la autoridad reguladora, ya que un archivo de debida diligencia o de “due diligence” técnicamente se integra por dos investigaciones: la primera es la identificación del cliente la cual implica, efectivamente, la obtención de información y documentación que nos permita asegurar que la persona o empresa con la que haremos negocios es quien dice ser y la segunda es la del conocimiento del cliente la cual implica investigar a profundidad sus antecedentes para estar seguros de que no existe impedimento alguno para hacer negocios con el mismo, aplicando (a manera de guía) el siguiente protocolo:

Revisar que el nombre o razón social del cliente, proveedor o intermediario no concuerde con los contenidos en cualquier lista negra y/o en búsquedas orgánicas de Internet.

Revisar que los datos demográficos del cliente, proveedor o intermediario tales como el domicilio particular, comercial y/o fiscal, fecha y lugar de nacimiento y/o de constitución y nacionalidad entre otros no concuerde en cualquier lista negra y/o en búsquedas orgánicas de Internet.

Revisar la autenticidad de la documentación soporte del cliente, proveedor o intermediario.

Revisar que el cliente, proveedor o intermediario y/o alguno de sus familiares clasifique como actividad vulnerable.

Revisar que el cliente, proveedor o intermediario y/o alguno de sus familiares clasifique como Persona Políticamente Expuesta.

Conservar la documentación soporte junto con los resultados obtenidos durante el proceso del Due Diligence.

¿Podría un software hechizo ayudarle a desarrollar estas investigaciones?

Vamos, el uso de un software para la prevención de lavado de dinero es tan importante en los procesos de la entidades financieras, y ahora también de las empresas, que en todas las Disposiciones de Carácter General en materia antilavado para el sector financiero así como en la Ley antilavado hay un apartado específico para el tema de los sistemas automatizados.

¿Entonces qué software debo comprar? técnicamente ninguno, antes de tomar una decisión tan importante debe reunirse con un especialista que no solo le ayude a entender cual es el riesgo operacional que se enfrenta para poder determinar el sistema idóneo, sino que también le ayude a desarrollar los parámetros de sus matrices de riesgo y sus manuales internos en materia de prevención de lavado de dinero. A mayor precisión, su consultor deberá auxiliarle para realizar pruebas básicas y entender si no se trata de un “cascarón”, es decir un sistema que debido a que sus funciones no le pueden aportar los elementos necesarios para cumplir con la Ley solo será eso: un cascarón, una costosa carcasa.

De hecho son numerosos los casos de empresas y SOFOMES que han sido víctimas de estafas con este tipo de sistemas.

A manera de contrapropuesta, tenemos el caso de algunas instituciones financieras que, durante los dos último años, sus áreas de tecnología han estado trabajando intensamente, ya que han determinado que, debido a su operatividad, lo más redituable era el desarrollar o mejorar sus sistemas “in house” con la ayuda de consultores externos y, aunque todavía se encuentran en fase de pruebas, estos nuevos sistemas han logrado conjuntar y mejorar las funcionalidades de los “antiguos” softwares antilavado al incluir en una sola búsqueda la consulta de listas negras, de metabuscadores, de listas de Personas Políticamente Expuestas, de sistemas “open source” junto con el análisis de esta información y la entrega de resultados al analista que procesa la búsqueda en tan solo cuestión de unos minutos. Es decir que, en cuanto estos nuevos softwares se encuentren en fase operacional, habremos dejado atrás a la minería de datos que tanto nos asombró hasta hace unos años, a los sistemas predictivos y a las alertas tempranas para dar paso a la auténtica inteligencia artificial en prevención de lavado de dinero.

Pero no se emocione, esta tecnología difícilmente estará en el mercado en el corto plazo.

¿Pero como ocurrió esto?, algunos Bancos al realizar un análisis de riesgos, entendieron que la adquisición de sistemas automatizados globales no era necesariamente la mejor decisión ya que, aunado a su alto costo, la mayoría de estos sistemas son complejos, están redactados en inglés técnico, sus parámetros deben ser reprogramados para mostrar alertas por operaciones que efectivamente rompan sus parámetros transaccionales y que la mayoría de las reglas contenidas no empataban con la operatividad de México, un ejemplo bastante claro de esto es que los sistemas globales contienen reglas para detectar operaciones de “Hawala” el cual es un sistema de remesas del medio oriente señalado por las autoridades de los Estados Unidos como un método idóneo para el financiamiento de actividades terroristas.

No resulta difícil advertir que existe una clara diferencia entre la visión del sector financiero y la del económico respecto de sus papeles como coadyuvantes en la lucha para la prevención y el combate al lavado de dinero ¿pero que origina esta discrepancia? los Bancos y demás integrantes del sistema financiero llevan muchos años bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual tiene la facultad para, derivado de una visita de inspección, imponer fuertes multas e inclusive revocar las licencias de operación tal y como lo hemos podido constatar con los casos de los últimos años, mientras que, por el otro lado, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra en un proceso de implementación de la Ley antilavado y no le ha sido posible ejecutar sus visitas de inspección, lo cual ha alentado a muchos empresarios a posponer por más de dos años la implementación de prácticas de gobierno corporativo; sin embargo todo indica que en el 2015 el Servicio de Administración Tributaria (como la autoridad supervisora para efectos de la Ley antilavado) dará inicio a la “etapa operativa” de la Ley y, si las predicciones no nos fallan, veremos que esta vacatio legis extendida, no fue aprovechada por el mundo empresarial y no solo serán presa fácil de las visitas de inspección junto con las multas correspondientes (que serán elevadas), sino que además deberán subsanar las observaciones, para lo cual requerirán volver invertir recursos económicos que, en teoría, ya habían sido erogados para cumplir con esta Ley, lo cual necesariamente traerá consigo una responsabilidad para alta Dirección.

¿En que fundamento mi proyección? en que al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dará una competencia entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria para ver cual de las dos entidades es la que más colabora en el combate al lavado de dinero y, a mi parecer, la métrica para determinar al ganador será la imposición de multas.

Si resulta ser que estoy en lo correcto lo más lógico será que el empresariado fortalezca y/o revise sus programas de prevención de lavado de dinero o que, en el caso de que no se cuente con uno, se eche a andar un programa de implementación teniendo presentes dos cuestiones: primero que la etapa del “kick off” siempre será la más complicada así que más vale que se tenga perfectamente mapeada la ruta crítica a seguir basándose en un análisis de SARLAFT y, segundo que la implementación de un buen software requerirá tiempo y dinero pero que si es ejecutado correctamente puede ser optimizado al punto de que nos ayude a prevenir otros riesgos como los fraudes (internos y externos) y la cartera vencida utilizando para ello a un reducido número de empleados.

¿Se puede prevenir el lavado de dinero sin utilizar la tecnología?

No, y quien le diga lo contrario le estará mintiendo y posiblemente robando su dinero, así de sencillo.

Salvador Mejía.

Contrainteligencia financiera

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Hasta el 27 agosto 2010, fecha en la cual el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la “Ley Contra el Lavado de Dinero” en el marco de lo que llamó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, el combate en contra de los recursos económicos de la delincuencia en México se centraba en el sector financiero.

Esta iniciativa contempló la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con un paquete de reformas legislativas que incluyeron al Código Fiscal de la Federación, al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a las Leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, de las Sociedades de Inversión, de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Ahorro y Crédito Popular, de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito, del Sistema de Ahorro para el Retiro y para regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.

Una cirugía mayor al sistema de prevención de lavado de dinero en México.

Sin embargo, es necesario señalar que esta iniciativa contenía un fuerte mea culpa: el Gobierno Federal aceptaba que no era posible “estimar el monto de dinero que se lava en México” debido a la ausencia de “una metodología confiable”; no podemos olvidar que una de las mayores criticas para la Presidencia de Felipe Calderón fue el haber iniciado una campaña en contra de la delincuencia organizada sin tener la planeación, herramientas jurídicas y técnicas necesarias; más allá de lo dispuesto en los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (como las de mayor relevancia entre las relativas a las aplicables para Seguros, Centros cambiarios etc.), se requerían normas mucho más enfocadas a la realidad y, por encima de todo, que subsanaran errores y lagunas jurídicas.

En aquellos días hice públicas cinco preocupaciones:

1. Consideraba que aunque la implementación de una Ley contra el lavado de dinero para el sector económico había sido delegada por demasiado tiempo, esta por fin ya estaba sobre el escenario y permitiría que el empresariado pudiera proteger sus intereses contra los capitales de la delincuencia organizada.

2. Me preocupaba que se hubiera delegado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la implementación de dicha ley ya que se corría el riesgo de que sus funciones fiscalizadoras fueran confundidas con temas antilavado no obstante las salvaguardas contenidas en la Ley.

3. Numerosos legisladores al no entender el concepto de la prevención de lavado de dinero, criticaron duramente esta Ley argumentando que esta atacaba al empresariado por lo que eliminaron varios supuestos de las actividades vulnerables contenidas en su artículo 17 de la Ley.

4. Debería existir un programa de capacitación para todas aquellas personas que clasificaran como actividad vulnerable al estilo del gobierno de los Estados Unidos, es decir mediante el open government.

5. El SAT tenía previsto que el universo de sujetos obligados ascendiera aproximadamente a unos 300,000 lo cual sería relativamente sencillo de manejar, sin embargo esta cifra podría estar notoriamente por debajo de la realidad al haber sido estimada contra el objeto social de las personas y empresas, no contra la operatividad de las mismas.

Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de Octubre de 2012 cuando se logró que el Poder Legislativo aprobara la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita que pude comprobar que mis preocupaciones no estaban fuera de lugar: El SAT tuvo que posponer hasta en cuatro ocasiones el envío de reportes de los sujetos obligados debido a que su plataforma no lograba ser colocada en línea; muchos empresarios no tenían idea de las obligaciones que esta Ley les confería, de hecho el Poder Legislativo tuvo que exhortar a la Procuraduría General de la República para que difundiera el contenido de la Ley; numerosos Abogados y Contadores sin mayor experiencia comenzaron a dar asesoría en prevención de lavado de dinero generando con ello más dudas que soluciones y, lo más reciente, que el SAT publicó el 29 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación la SEXTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 2 y 22.

El aspecto más importante de esta modificación radica en que, acorde con lo establecido en la Regla 1.9.21, las aerolíneas que transporten pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranjero, deberán transmitir electrónicamente información de aquellas personas que viajen desde México al extranjero y viceversa.

Es decir, la Regla permitirá conocer al SAT (respecto de cada pasajero) el Código localizador del registro (PNR), la fecha de reservación/expedición del boleto, la fecha(s) de intención de viaje, el nombre(s) y primer apellido del pasajero y/o acompañantes (con misma reservación), la información disponible de pagos/facturación (Efectivo, tarjeta de crédito u otros), el itinerario de viaje para PNR específico, la información de código compartido (Códigos de PNR asignados al pasajero, cuando el vuelo sea efectuado por una aerolínea distinta a la que efectuó la venta del boleto, conforme a los convenios de servicio entre líneas aéreas), el nombre de la agencia de viaje/agente de viaje, en su caso.

De igual forma el SAT estará en posibilidad de obtener de los pasajeros Ia información de contacto disponible, la información disponible sobre viajero frecuente y beneficios (ej. Boletos gratis, cambio de categorías, etc.), la información partida/dividida (Cuando la reservación abarque 2 o más personas y alguno(s) de ellos cambie(n) de ruta o vuelo diferente del resto del grupo, se debe registrar el nombre e itinerario por cada código de PNR), el estado del viaje del pasajero (incluye confirmaciones y registro), la información de registro (incluyendo el número de boleto, boletos unidireccionales y cotización automatizada de tarifas de boletaje), la información de equipaje, la información de asiento (incluyendo el número de asiento), las observaciones generales de información sobre servicios especiales requeridos por el pasajero, la información anticipada de pasajeros recolectada (APIS) así como la información histórica sobre cambios al PNR (referente a lo anteriormente señalado).

A mayor precisión debemos señalar que las aerolíneas deberán, al momento del cierre del vuelo, transmitir al SAT el  Código localizador de reportes PNR, incluido en los datos de información de pasajero, la clave de la aerolínea, el número de vuelo, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de arribo, el aeropuerto origen, el aeropuerto destino, el número de asiento, la información del pasajero, el número de maletas, el registro de cada maleta, el peso del equipaje, el destino, el estatus y la orden en el registro.

La esencia de esta Regla va mucho más allá del campo tributario, de hecho podemos decir que compite peligrosamente con aspectos de inteligencia financiera y/o de seguridad nacional lo cual pone sobre la mesa mi preocupación respecto de la autonomía de los procesos de prevención de lavado de dinero y tributarios no obstante lo dispuesto por el Capítulo VI de la Ley por lo que hace a la Reserva y Manejo de Información.

A mayor precisión debemos decir que este no es el único problema que el SAT debe enfrentar respecto de esta Regla ya que a la fecha son varios los periódicos que han solicitado al SAT se les informe como es que esto será operado sin obtener respuesta de la dependencia Federal; no me resulta difícil pronosticar que el SAT recibirá numerosas solicitudes de información a cargo de periodistas con el fin de saber si miembros de la clase política y/o del empresariado efectúan viajes al extranjero y dudo mucho que esto vaya a ser bien recibido por nuestra clase política.

De hecho no resulta difícil plantear que, no obstante que el Jefe del SAT declaró a varios medios que esta Regla tiene un carácter de seguridad nacional, el Instituto Federal de Acceso a la Información podría no compartir este criterio y ordenarle al SAT que se entregue la información por lo que tal vez el SAT opte por derogar esta Regla.

Seamos claros, la multicitada Regla 1.9.21 puede llegar a transformar al SAT en una fuente de información para la prensa y, por ende, en un factor de riesgo para la seguridad nacional; dadas las circunstancias y conociendo la manera en la cual las instancias gubernamentales funcionan estoy casi seguro que el SAT no discutió esto con la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y/o la Comisión Nacional de Seguridad transformándose en un riesgo de contrainteligencia.

Bajo el sistema de prueba y error esto nos muestra lo peligroso que puede resulta el asignar funciones de inteligencia financiera a una entidad fiscalizadora que, en breve, comenzará a realizar las visitas de inspecciones relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿El SAT será capaz de garantizar que la información obtenida con motivo de estas visitas no será usada por alguna Administración General con fines recaudatorios? La Ley contempla sanciones Penales para quien incurra en algo así.

Tal vez pusimos al SAT en una situación de riesgo al asignarle funciones de inteligencia financiera, no olvidemos que el 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el que se estableció que a partir del 30 de marzo de 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomaría las riendas respecto de la inspección y vigilancia de los centros cambiarios que hasta ese momento supervisaba con poca efectividad el SAT.

¿El empresariado en México estará listo para enfrentar estas visitas de inspección? su patrimonio, su seguridad jurídica y su reputación estará de por medio, estén al tanto de ello o no.

Hay demasiados claroscuros en la supervisión de prevención de lavado de dinero en México y esa no es una buena noticia.

*Artículo originalmente publicado en Febrero de 2015