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Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos;

Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech.

La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; no obstante, a veces la forma en que funcionan no está del todo claro, ya que a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existe, pero no son tangibles.

El ramo financiero no podía ser la excepción, ya que en los últimos años, la prestación de los servicios financieros ha apostado por la tecnología, dando lugar a un nuevo mercado denominado Fintech (por su acrónimo en inglés finance technology).

Jorge Ortiz, presidente y CEO de la Asociación Fintech México, calcula que en 2016 existían 170 empresas de este tipo en el país, y se espera que su número ascienda a 200 para el 2017 (Rodrigo Riquelme, El Economista, 7/V/2017).

Con estas cifras, resulta lógico el inicio de una corriente preocupada por la existencia de un marco jurídico capaz de regular a las Fintech, provocando que en marzo de 2017 se presentara el ANTEPROYECTO DE LEY DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (LTF).

En primer término, se prevé que para operar como una institución de tecnología financiera (IFT), capaz de ofrecer y realizar operaciones con el público en general será necesario obtener una autorización otorgada por la CNBV, previo acuerdo del Comité respectivo.

Para obtener dicha autorización, las solicitantes deberán constituirse como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

Dentro de la ley están contempladas tres tipos de IFT (como regla general, todas deben celebrarse mediante interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica):

  • Las de financiamiento colectivo o crowdfunding: son las que lleven a cabo actividades destinadas a poner en contacto a inversionistas que deseen otorgar financiamiento a  los solicitantes
  • Las de fondos de pago electrónico: serán los consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico
  • Las de administración de activos virtuales: estas podrán poner en contacto a terceros con la finalidad de facilitar la compra, venta o cualquier otra enajenación de activos virtuales; comprar, vender o enajenar activos virtuales por cuenta propia o de clientes; recibir activos virtuales para realizar transferencias o pagos a una persona física o moral

Para efectos de la ley, todas las operaciones únicamente se realizarán en moneda nacional o en algún activo virtual, siempre que sea reconocido como tal por el Banco de México.

Además, cabe destacar que la iniciativa señala que ni el gobierno federal ni las entidades de administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes, es decir, que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario no garantizaría ninguna obligación.

Otro de los candados previstos es que las IFT estarán obligadas tanto a recibir como a entregar los recursos de sus clientes mediante una entidad financiera, ya sea con depósitos o transferencias a una cuenta dentro de una entidad financiera; no obstante, la CNBV podrá  autorizar operaciones en efectivo con los clientes, siempre que se apeguen a los casos y los límites establecidos en las disposiciones de carácter general.

Con esto, se pretende reducir el riesgo de mal uso de los recursos de los clientes de las ITF.

¿Cual es la importancia de asistir a este curso?

El anteproyecto de LTF publicado en el sitio web de la asociación FinTech México permite adelantar que la industria Fintech será regulada en materia de prevención de lavado de dinero conforme a las prácticas que actualmente aplican para el sistema financiero conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por lo que, una vez aprobada la Ley, se emitirán Disposiciones de Carácter General en materia antilavado.

Las IFT estarán obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar  actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y/o los relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

También estarán compelidas a presentar ante la CNBV los reportes sobre las operaciones relacionadas con la posible comisión de los delitos señalados anteriormente que efectúen con sus clientes (operaciones inusuales o relevantes), así como sobre aquellas que realicen los miembros de su consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados (operaciones internas preocupantes).

 

Por ello resulta indispensable que los integrantes de la industria Fintech comiencen a capacitarse en el marco de prevención de lavado de dinero que probablemente deberán adaptar a su operatividad basándose en la adecuada gestión de riesgos; de hecho la meta puede extenderse hacia el desarrollo e implementación de un protocolo de Gobierno Corporativo, con ello podrán también hacerle frente a la Ley Antilavado y a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿Ha analizado el impacto por enfrentar una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, la ausencia de un business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados?

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos, sujetos obligados conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado y público en general.

 

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

I.II. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.

I.III. Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

I.IV. Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control

I.V. La Responsabilidad Penal de las empresas.

I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

II.II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

II.III. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.IV. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.V. Investigación de Debida Diligencia.

II.VI. La importancia de un Manual interno antilavado.

II.VII. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

Reactivos

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración total de 10 horas y su costo será de $6,000 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo quienes requieran inscribirse deberán enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Quedamos a sus órdenes.

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Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones”

¿Cual es la importancia de impartir este curso?

La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto actual de los principales conceptos de la Ley Antilavado, el Compliance Fiscal, los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado.

¿Cuál es el contexto del curso?

Hoy día ninguna empresa en México puede operar sin implementar un protocolo de gobierno corporativo que le garantice que podrán hacerle frente a los cuatro puntos de conflicto que tenemos detectados para el 2017:

1. El endurecimiento de las políticas de la Office of Foreign Assets Control para incluir a empresas y nacionales mexicanos que presenten cualquier vinculación con la delincuencia organizada.
2. La responsabilidad penal de las empresas contenida en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. El aumento en las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
4. El bloqueo “preventivo” de cuentas a cargo de los bancos.

De igual forma debemos señalar que en México el fenómeno de la corrupción ha gozado de un campo fértil debido a que no fue sino hasta fechas recientes que se comenzaron a analizar y aprobar algunas propuestas para su prevención y combate, casi todas desde los “think tanks” de la iniciativa privada. Sin embargo, la mayoría de las herramientas caen en un error sistemático: le adjudicaban la mayor parte de la culpa y/o responsabilidad a los funcionarios públicos dejando prácticamente libre del escrutinio al empresariado obviando con ello los principios elementales de la Administración de Riesgos, en particular el riesgo de corrupción y asumiendo esta tarea como un costo administrativo.

Esta visión del problema nos llevó a concluir que al estar radicada la corrupción en el sector público esta se presentaba al interior de una empresa como“hechos aislados”; por ello las corporaciones decidieron no solo dotar a las áreas de cumplimiento con los recursos mínimos sino que además su personal difícilmente tenía la experiencia suficiente como para enfrentar a una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados.

¿Que aprenderán los asistentes?

Aprenderán cómo es que las empresas en México deben auxiliarse de  políticas de gobierno corporativo que les permita enfrentar, de manera concreta, los siguientes riesgos:

1. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. El Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Inclusión en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4. El impacto reputacional.
5. Inclusión en las listas negras de la Office of Foreign Assets Control.
6. El “bloqueo preventivo” a cargo de los Bancos.
7. El De-risking.
8. Tratamiento de Operaciones Preocupantes Internas.
9. Programas de gestión del riesgo de corrupción en el ámbito empresarial.
10. Compliance Fiscal.

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos.
I.II. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
I.III. ¿Cómo se lava el dinero en México?
I.IV. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.
I.V. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
II.II. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
II.III. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado.
II.IV. Investigación de Debida Diligencia.
II.V. La importancia de un Manual interno antilavado.
II.VI. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero.

Modulo III.
III.I Elementos para enfrentar la Responsabilidad Penal de las empresas.

Módulo IV. Compliance Fiscal
IV.I. Repercusiones Fiscales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en los contribuyentes con actividades empresariales

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS, Gerardo Mandujano, Director de la práctica de Compliance Fiscal y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración de 8 horas y su costo es de $3,300 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos las constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

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¿Las investigaciones de Debida Diligencia  violan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares?

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No es inusual que las empresas pregunten si la ejecución de una investigación de “Due Diligence” o de “Debida Diligencia” a un tercero viola de alguna manera lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); de hecho en no pocos casos cuando la consulta llega a mi escritorio esta viene acompañada de un debate previo entre las áreas de Compliance y Jurídico y lo que técnicamente la empresa quiere es que el asesor externo les confirme la postura del área Jurídica: el hacer un “Due Diligence” implica una violación a la protección de datos personales.

Las áreas Jurídicas no podrían estar más erradas.

Junto con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró a escena una herramienta jurídica que hasta ese momento parecía estar reservada para el mundo financiero: las investigaciones de “Due Diligence”

Este “background check” generó descontento entre el empresariado ya que, como lo han señalado abiertamente, complicó o francamente ahuyentó a sus clientes; el tener la obligación de recabar de sus clientes información y documentación fue entendido como un “deal breaker” antes que como una herramienta para proteger su operatividad. Seamos honestos, la realidad nos ha demostrado que un elevado porcentaje del empresariado mexicano y sus abogados no estaban preparados para hacerle frente a las obligaciones contenidas en esta controvertida Ley, como lo es la obligación de identificar a los clientes que realicen operaciones con los sujetos obligados considerados como “actividades vulnerables” conforme al listado contenido en el Artículo 17 de la Ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General.

Criminalizar esta Ley fue la aparente salida fácil.

Si revisamos la operatividad del sector financiero podremos ver que el que las áreas de Compliance investiguen a un cliente previo al establecimiento de una relación contractual o de la liberación de recursos económicos no es un capricho, de hecho estas investigaciones se encuentran regulados por las diversas Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero (hay una específica por cada sector, por ejemplo para Bancos, para SOFOMES, para Casas de Bolsa etc) y en ellas constan una serie de reglas operativas “mínimas-máximas” para llevar a cabo un proceso de análisis de riesgos y saber con quien se pretende hacer negocios o, en su caso, tener los argumentos necesarios para no establecer una relación.

Las mejores prácticas internacionales plantean que si bien la columna vertebral de un sistema de prevención de lavado de dinero es un manual interno redactado conforme a las necesidades de la entidad, son los expedientes de identificación de los clientes (y el proceso que permite su elaboración) lo que puede llegar a generar la diferencia. Una investigación superficial de los antecedentes de un cliente potencial, si bien permitiría cumplir con los señalados requisitos mínimos-máximos, no garantiza el que una persona o empresa con la cual no nos gustaría hacer negocios se mantenga alejada de nosotros; a mayor precisión podemos señalar que dichas prácticas internacionales señalan con toda claridad de que el “Enhaced Due Diligence” o Debida Diligencia reforzada no es un lujo sino una medida que no puede dejarse a un lado.

¿El motivo? si una entidad financiera omite hacer una investigación detalla de su cliente y resulta que este se encuentra ligado a un grupo criminal incluido en cualquiera de las listas negras de los Estados Unidos esta puede enfrentar sanciones que van de las multas al congelamiento de bienes y cuentas bancarias así como acusaciones criminales así como el correspondiente impacto reputacional que, si bien no es fácil de parametrizar, igual puede afectar a todo tipo de empresa, sobre todo a a aquellas que cotizan en bolsa.

De hecho el concepto de la Debida Diligencia se encuentra fuertemente arraigado en la mayoría de las empresas globales, un ejemplo es la empresa General Electric la cual posee dos políticas internas enfocadas a prevenir el lavado de dinero, la corrupción y los fraudes: la “GE Money Global Anti-Money Laundering Policy” y la famosa “The Spirit & The Letter”

Ambas políticas son aplicables a todos los negocios de General Electric, sin importar que no estos no sean parte del sistema financiero, y tienen como un elemento esencial el efectuar una investigación de “Know Your Customer” o simplemente “KYC”, misma que debe entenderse como un “Due Diligence”, y la cual es aplicada no solo a sus clientes potenciales sino también a sus proveedores e intermediarios.

Una investigación de Debida Diligencia requiere que el cliente entregue a la empresa o entidad los datos demográficos mínimos señalados por las diversas disposiciones antilavado aplicables como lo es el nombre, genero, fecha y lugar de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes (o su equivalente), credencial de identificación oficial así como la documentación soporte y, dado el caso, llenar los formatos correspondientes con la información de su primer y segundo círculo familiar así como la de sus asociados de negocios. Una vez que esta información es obtenida por las áreas de ventas la misma es introducida a los sistemas de originación los cuales a su vez se conectan con los sistemas de búsqueda de listas negras, de personas políticamente expuestas y metabuscadores para, en una instancia final, el staff de las áreas de Compliance realicen una revisión de la información para dar su opinión sobre el cliente. Sin embargo también es posible que estas áreas efectúen una investigación de segundo nivel sobre el cliente si los resultados obtenidos no son satisfactorios o si, dado el caso, el cliente es considerado como de alto riesgo.

Por lo anteriormente expuesto no creo que resulte difícil el aceptar que una investigación de Debida Diligencia es una necesidad insustituible para cualquier empresa o entidad, o inclusive ente gubernamental, sin siquiera tomar en cuenta si debido a su objeto social o a su operatividad se encuentra obligada a ello. La mayor parte de los escándalos regulatorios del sector económico y financiero han tenido su epicentro en la ausencia o debilidad de los expedientes de identificación de sus clientes.

Ahora bien ¿porqué es que un “Due Diligence” no viola la LFPDPPP?

  1. La legislación permite e inclusive obliga a las entidades financieras y a los sujetos obligados de la LFPIORPI, a obtener cierta información de sus clientes y, dado el caso, enviar reportes regulatorios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o al Servicio de Administración Tributaria según sea el caso.
  2. En el caso de que un cliente no entregue la información y documentación contenida en dicha legislación la empresa o entidad puede (o debe) abstenerse de realizar operaciones con dicho cliente.
  3. La legislación obliga a quienes obtengan esta información a establecer medidas de seguridad que garanticen que la información y documentación del cliente se encuentre a buen resguardo así como a disposición de la entidad regulatoria que corresponda.
  4. En el caso de que sea necesario llevar a cabo un Due Diligence de segundo nivel las áreas de Compliance realizarían una búsqueda en sistemas automatizados y/o en bases de datos proveídos por terceros alimentados por información pública y/o por investigaciones privadas así como por búsquedas “open source”.

A manera de ejemplo podemos citar el Artículo 18 de la LFPIORPI el cual establece:

“Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios.

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta Ley, y

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.”

(Énfasis añadido)

Es importante señalar que en el caso de que la información y documentación de los clientes no fuese resguardada conforme a lo establece la Ley, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 de la LFPIORPI el empleado de un sujeto obligado que resultase responsable por ello podría ser sancionado con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal.

En mi opinión una investigación de Debida Diligencia no solo no va en contra de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sino que es una herramienta insustituible para proteger nuestras empresa en una época en la cual los capitales de la delincuencia financiera buscan, por todos los medios, dar una apariencia de legitimidad para lograr infiltrar las empresas y posteriormente desaparecer pero dejando tras de si un grave problema para el empresariado.

Por ello la próxima vez que su Jurídico le diga que el hacer un “Due Diligence” va en contra de la protección de los datos personales respóndale que lea el Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

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¿Debo optar por un régimen simplificado o por una entidad colegiada para enfrentar el impacto de la Ley Antilavado?

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Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvimos absoluta certeza de tres cosas: esta Ley era necesaria, su implementación iba a costarle al Gobierno Federal y a los sujetos obligados sangre, sudor y lágrimas y, por último, que existiría una suerte de régimen simplificado basado en la debida autodeterminación del nivel de riesgo.

A casi tres años de la promulgación de la Ley Antilavado su implementación se encuentra marcada por numerosos errores tanto a cargo tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria como de los propios sujetos obligados. Al parecer ninguno de los tres “factores reales de poder” (citando a Ferdinand Lassalle) involucrados en este esfuerzo se prepararon de manera debida para que el impacto regulatorio se llevara a cabo de la manera menos invasiva posible; no podemos olvidar que un principio elemental de la prevención de lavado de dinero es el lograr implementar aquellos mecanismos que protejan a las empresas de ser utilizadas para el proceso de blanqueo de activos y, al mismo tiempo, permitan a las empresas seguir generando ingresos.

Durante el proceso legislativo en el que se discutió el proyecto de la Ley Antilavado presentado por el expresidente Felipe Calderón pude constar que eran pocos, muy pocos, los interesados en acercarse a los Senadores y Diputados para solventar sus dudas y hacer algunas recomendaciones; de hecho nunca tuve la oportunidad de platicar con algún cabildero de las industrias que se verían afectadas. Es decir que las asociaciones de juegos con apuestas, de concursos, de emisión de tarjetas de servicios prepagados, de servicios de blindaje, de construcción, de comercio exterior, de joyeros, de distribuidores de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, de traslado de valores, de fe pública, de subastas de arte y donatarias autorizadas entre otras o no fueron notificadas de la inminente aprobación de la referida Ley (como parte de un compromiso internacional) o simplemente no lo consideraron como algo importante.

En mi experiencia la segunda opción no solo no es improbable sino que posee una razón que, dado el caso, la validaría plenamente: el empresariado mexicano se mantiene reacio a la implementación de políticas de gobierno corporativo por considerarlo como un gasto en vez de una inversión. De hecho esta situación se agrava al interior del sector financiero ya que no obstante que este se encuentra regulado en materia antilavado, en muchos casos el personal de cumplimiento normativo de las instituciones suele tener condiciones laborales muy por debajo de otras áreas “que si generan ingresos”. Los casos de los Oficiales de Cumplimiento con sueldos que no superan los $20,000 Pesos al mes son una de las asignaturas pendientes del regulador ya que esto puede poner en riesgo cualquier sistema de prevención de lavado de dinero.

Sin importar cual haya sido la razón que motivara a las asociaciones, cámaras y demás  agrupaciones para abstenerse de entrar en contacto con el Poder Legislativo y expresar sus puntos de vista trajo como consecuencia el que la Ley antilavado les impactó en su operatividad de manera tal que ni siquiera el Reglamento de la Ley ni sus Reglas de Carácter General han sido capaces de subsanar los problemas que enfrentan los sujetos obligados.

Otro de los detonantes de este problema radica en que los sujetos obligados, por lo menos durante los dos primeros años de la vida de la Ley, recibieron asesoría de Firmas de Abogados y Contadores que lo más que pudieron hacer por ellos fue el tomar el contenido del marco normativo antilavado y matizarlo con cuestiones Fiscales, Corporativas y Penales lo cual, al no atender a cualquiera de los protocolos de riesgos antilavado conocidos, les impidió (y les sigue impidiendo) a sus clientes el explorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgos de sus operaciones para que, una vez hecho un cruce con la legislación, pudieran autoderminar su situación y poder optar por un régimen simplificado.

Esta situación llevó a varias de las grandes empresas, cámaras y colegios profesionales a buscar un acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para exponer los problemas que enfrentan. De manera extraoficial se menciona que las armadoras de automóviles han obtenido una suerte de “advance rulling” al más puro estilo del Derecho Fiscal que les permita evitar el proceso de identificación de clientes y, de manera oficial, se sabe que el Notariado podrá remitir sus reportes regulatorios al Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria mediante su sistema DECLARANOT y que recientemente la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana podrá hacer lo mismo desde su sistema para validar pedimentos aduaneros.

Ahora bien ¿Que puede hacer usted para optar por algunos de estos beneficios si no es  parte de una gran empresa, no es Notario y/o Agente Aduanal? Tiene usted dos opciones:

La primera es buscar a otros profesionales y/o empresas que se dediquen a su mismo giro para constituir una entidad colegiada y optar por el beneficio contenido en los Artículos 26 y 27 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para:

  1. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley:

1.1. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad.

1.2. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría.

1.3. Tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes.

1.4. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.

1.5. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes.

1.6. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos.

1.7. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los Avisos de éstos.

1.8. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes.

2. Celebrar un convenio con el SAT y la UIF, que les permita expresamente presentar los Avisos conforme a lo dispuesto por el Artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Este convenio permitiría a los agremiados de una entidad colegiada no solo cumplir con sus obligaciones con mayor facilidad sino que compartirían los gastos de un Oficial de Cumplimiento, un Comité Antilavado, un sistema para el reporte de operaciones, de la redacción de un manual operativo, el resguardo de la información y de la capacitación anual a su personal; obligaciones contenidas en la Ley, su Reglamento y sus Reglas.

La segunda es que, si no conviene a sus intereses y/o es materialmente imposible agremiarse, se puede optar por el beneficio contenido en el Artículo 19 de la Ley: un régimen de medidas simplificadas en función de una autodeterminación del nivel de riesgo que la operatividad de su empresa y/o su práctica profesional mantenga vs el perfil de sus clientes ya sean ocasionales y/o recurrentes.

Esta medida puede ser implementada mediante un procedimiento de autodeterminación de tres etapas:

1. Realizar un análisis de riesgos que tome en consideración la operatividad de la actividad vulnerable y cruce los resultados vs las obligaciones legales que le sean aplicables. Este análisis es conocido como un “AML Risk Assessment”

2. El resultado del análisis será la base para desarrollar un manual antilavado y matrices que permitan establecer a su vez el nivel de riesgo que representan los productos que la empresa ofrece y el perfil de los clientes.

3. Optar por los beneficios de un régimen simplificado contemplados en el Artículo 19 de la Ley y el Artículo 15 de las Reglas demostrando que su operatividad es de bajo riesgo.

Es importante precisar que el Reglamento define al riesgo como “la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con estos o el financiamiento de organizaciones delictivas”

Ahora bien, aunque puede existir una interpretación ambigua del Anexo 7-A de las Reglas en concordancia con la Fracción V del Artículo 12 de las referidas Reglas esta autodeterminación hará la diferencia al momento de recibir las visitas de inspección a cargo del SAT y, dado el caso, de combatir las multas.

El punto central, como seguramente usted ya lo advirtió, es el volverse proactivo y tomar las medidas indicadas para mitigar el riesgo que usted y su empresa pueden estar enfrentando en breve; las visitas de inspección pueden llegar a generar multas de más de cuatro millones de Pesos y (en un caso grave) penas privativas de libertad.

Se tome la decisión que se tome, la táctica del avestruz nunca será una opción.

 

*Artículo originalmente publicado en Mayo de 2015.

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Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.

Captura de pantalla 2016-08-17 a las 12.00.16 p.m.

En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitidos por dichas autoridades así como por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el Basel Institute of Governance y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, que plantean una mejoría en su combate.

No podemos olvidar que derivado de la evaluación efectuada en el 2008 a México por el GAFI se emitió un documento titulado: “Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México” en el cual nos fueron observadas 38 deficiencias en el combate al lavado de dinero, siendo una de ellas el que durante el período evaluado (2004-2008) solamente habían sido procesadas 149 acusaciones por lavado de dinero y de las cuales tan solo 30 de esas acusaciones habían derivado en una sentencia. Inclusive los funcionarios del GAFI se dieron el lujo de señalar en ese reporte que 5 de esas sentencias habían sido absolutorias; un hecho inaceptable para los auditores del organismo.

Como consecuencia de esta evaluación México se vio obligado a replantear el marco jurídico para el combate del lavado de dinero con el fin de solventar las observaciones; evidentemente el mayor avance se circunscribe a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Para entender el impacto que el estudio generó en la prensa nacional transcribo algunas de las cifras que recopila:

El INEGI estimó que el valor promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo del 2009 equivalió a 1.688% del Producto Interno Bruto (PIB).

La UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con “sospechas” de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009, huelga decir que esto es un grave error por parte del autor del estudio ya que los reportes regulatorios no infieren que las operaciones financieras analizadas están necesariamente vinculadas con el lavado de dinero, vamos, a lo mucho se podría abrir el debate para los supuestos de las Operaciones Preocupantes Internas (ROI’s) y de los “Reportes de 24 horas”

De 2006 a 2014 la PGR reportaron 2,224 probables responsables detenidos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De esta cifra 734 fueron consignados.

Por cantidad anual de averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal durante el período 2006-2014 el que tuvo un mayor registro fue 2012, con 528 casos, lo que representó 14.5% de este intervalo de tiempo; le siguió 2008 con 481, y 2011 que arrojó 477.

La UIF precisó que durante 2014 se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013 (75,468) casos.

De hecho los datos utilizados por el autor del estudio poseen el mérito suficiente para llamar la atención he, inclusive, podrían llegar a justificar el tono triunfalista utilizado a lo largo del documento el cual puede resumirse con la siguiente afirmación: “México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI)”

Evidentemente 28.5 millones de reportes de “operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero” es un numero imponente; la consignación de 2,224 personas por lavado de dinero son muchas más que las 149 contenidas en la evaluación del GAFI y el haber rebasado por 38,000 el numero de reportes de operaciones inusuales recibidas del 2013 al 2014 suena como un avance. Sin embargo, el estudio parte de graves errores, por ejemplo se tomaron los datos proporcionados por las autoridades sin analizarlos desde la perspectiva de la prevención de lavado de dinero.

Esto nos lleva a volver a señalar un hecho que difícilmente puede ser refutado: en México la cultura de la prevención de lavado de dinero prácticamente se encuentra circunscrita al sistema financiero.

Otro error del estudio radica en decir que la UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009; debido a las fechas señaladas tales reportes regulatorios corresponden únicamente a los enviados por los integrantes del sistema financiero mexicano a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) correspondientes a sus Operaciones Relevantes (todas aquellas que igualan y/o rompen la barrera de los $10,000 Dólares), Inusuales (las que rompen los parámetros transaccionales que se le impone a cada cliente con base a su perfil) y Preocupantes Internas (casos internos en los que se detecte que un empleado de una institución financiera se encuentra relacionado de alguna manera con un caso de lavado de dinero) que apruebe el Comité de Comunicación y Control (o Comité antilavado interno).

Asimismo, debemos de considerar que al no existir una normatividad en la materia, las entidades supervisadas por la CNBV si bien quedan en plena libertad para determinar los parámetros que aplicarán para determinar si deciden, o no, reportar una operación de sus clientes como inusual. Es decir, aplicando el principio de la autodeterminación una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple puede optar por reportar como operación inusual el pago de un cliente por la mensualidad correspondiente a un crédito automotriz que rompa su perfil transaccional (determinado inmediatamente por la naturaleza del contrato) aunque sea por un Peso.

¿Que motiva esto? en mi experiencia existe una pugna histórica entre la UIF y la CNBV ya que la segunda ha sostenido el criterio de que las entidades deben de reportar todas aquellas operaciones que rompan el referido perfil transaccional a diferencia de la UIF la cual sostiene que las entidades le envíen reportes derivados de investigaciones exhaustivas, situación que difícilmente puede ocurrir en la realidad.

Un aspecto importante para terminar de entender esto se encuentra en que la Alta Dirección de las entidades opta por hacer suyo el criterio de la CNBV ya que es esta la encargada de realizar las visitas de inspección y, a su vez, puede imponer sanciones y acciones correctivas, el “sobrereporteo” a cargo de las entidades financieras supervisadas es una realidad que entorpece notablemente la prevención y combate al lavado de dinero. Evidentemente el/la Oficial de Cumplimiento poco o nada puede hacer al respecto de esta decisión en el entendido de que, si tiene suerte y trabaja para una entidad financiera con un programa aceptable de riesgos en prevención de lavado de dinero, esta determinación se tomará de manera colegiada al interior del Comité de Comunicación de Control y constará por escrito brindándole cierta certidumbre jurídica.

Por lo anterior, esos 28.5 millones de reportes recibidos por la UIF en un período de cinco años equivale a 5,700,000 reportes por año y, sin tomar en cuenta los volúmenes de operaciones de cada una de las entidades y considerando que durante ese período la CNBV supervisase a unas 4,000 entidades, el total de reportes emitidos por año y por entidad sería de 1,425 mismos que se traducirían en 7,125 reportes por el período que nos ocupa. Una cifra nada espectacular para el sistema financiero sin tomar en consideración el factor de los “reportes basura” si me lo preguntan.

Vamos, en el estudio ni siquiera se toma en consideración la formula de que “no toda operación relevante clasifica como inusual pero una inusual puede clasificar como inusual y relevante al mismo tiempo” y, por ende, se duplicaría el reporte regulatorio.

Si aplicamos esta lógica a las supuestas 14,000 operaciones inusuales recibidas por la UIF durante el 2014 sin contar a las relevantes y a las preocupantes internas a cargo de los aproximadamente 5,000 sujetos obligados registrados nos daría un prorrateo de 2.8 reportes por entidad. Simplemente las cifras no hacen sentido ya que son precisamente las operaciones inusuales las que representan el mayor volumen de los reportes debido en primera instancia a que las operaciones relevantes son consideradas como una mera estadística y no son muchas las transacciones bancarias que superen la referida barrera de los $10,000 Dólares y, en segunda instancia, a que las operaciones preocupantes internas se encuentran relacionadas a casos verdaderamente localizados dentro de una institución; un Oficial de Cumplimiento no necesariamente se enfrentará durante su carrera a una investigación de esta gravedad.

De igual forma, otra debilidad del reporte se encuentra en que la Ley Antilavado no figura en ningún apartado estadístico no obstante que dicha ley fue aprobada en el 2012 y entró en vigencia en el 2013. ¿No ha ocurrido nada digno de ser reportado respecto de la implementación de esta ley?

Como es del dominio público, aunque la implementación de la Ley Antilavado o LFPIORPI ha sido por demás accidentada e, inclusive, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la entidad gubernamental encargada de recibir los reportes regulatorios de las personas y/o empresas que clasifiquen como “actividades vulnerables” se vio obligado a posponer en diversas ocasiones la recepción de estos otorgándose a si mismo una “prorroga”, logró recibir más de 12,000 avisos de los sujetos obligados de un supuesto universo de 350,000 sujetos obligados mismo, que a mi juicio fue indebidamente contabilizado por el SAT ya que solo tomó en consideración el giro de las empresas y/o la actividad preponderante de las personas físicas sin valorar que es la operatividad de las empresas lo que va a determinar si clasifica, o no, como actividad vulnerable.

Es decir que una empresa que se dedica a un giro que no clasifica por su simple denominación como actividad vulnerable podría serlo con base a su operatividad; pongamos como ejemplo a una empresa que comercializa fruta: por su mero objeto social la autoridad no la considera dentro de su listado pero puede ser que la empresa otorgue lineas de crédito a sus proveedores, construya casas para sus empleados en las zonas de producción y venda constantemente su parque vehicular, de ser así la operatividad de esta empresa estaría realizando tres actividades vulnerables. Por ello creo que el volumen de sujetos obligados por la autoridad es imposible de ser determinado por la autoridad. ¿350,000 sujetos obligados es un número real?

Como puede advertirse a simple vista el estudio a cargo del Instituto Belisario Dominguez no solo no aporta datos fidedignos sino que induce a una interpretación errónea del combate al lavado de dinero en México lo cual nos obliga a preguntarnos ¿realmente cuál es la situación que enfrentan nuestros sistemas financiero y económico ante la penetración de los capitales de la delincuencia organizada? Los supuestos diez mil millones de Dólares que, a decir del estudio, son lavados al año en México de una u otra forma se van a integrar a los Bancos y/o a las empresas.

Ojalá que a finales del 2016 las autoridades puedan ofrecer cifras realistas que conjunten los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero que están llevando a cabo gracias a la participación de los sectores financiero y económico.

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Argentina y Guatemala desmitificaron el “too big to fail”

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Mientras que en México tenemos desde hace tiempo un debate sobre la efectividad de la Ley Antilavado y de la implementación de la Ley Anticorrupción las autoridades de Guatemala y Argentina no solo nos acaban de demostrar que es posible llevar el combate a la corrupción y al lavado de dinero del discurso al hecho, sino que han puesto la vara muy alta.

Por un lado, el Congreso de Guatemala le acaba de retirar a su Presidente Otto Pérez Molina la inmunidad inherente al cargo por un escándalo de corrupción y, por otro lado, el Banco Central de Argentina derivado del escándalo conocido como swissleaks, le revocó la autorización al Presidente y Vicepresidente del HSBC Bank Argentina para seguir ocupando esos puestos. Aunque no me queda claro si existe un precedente similar en el mundo de la política (cosa que dudo) estoy convencido que en el campo financiero esto es un hecho inédito ya que la sanción más agresiva jamás impuesta, y que fue precisamente contra HSBC, consistió en una “millonaria” multa para la institución en 2012 por 1,900 millones de Dólares cuando fue acusada de enviar 7,000 millones de Dólares en efectivo a una unidad del banco en Estados Unidos, y en la renuncia de David Bagley, Jefe del Departamento de Control de HSBC, durante su comparencia ante un sub Comité del Senado.

Tras la oleada de escándalos financieros en EU iniciada en 2008 y, al ver que aunque los bancos recibían multas pero que terminaban siendo rescatados y que no habían acusaciones en contra de los directivos responsables, el concepto “too big to fail” que podemos traducir como “demasiado grande como para caer” se afianzó en nuestro entendimiento del sistema financiero: los bancos pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, con este “despido” de los directivos de HSBC Bank Argentina (más una muy probable multa millonaria) un gobierno cuya Presidenta está involucrada en un escándalo de corrupción y de lavado de dinero acaba de redefinir las reglas del juego mostrando que los directivos bancarios no son intocables y que pueden ser llamados a responder por sus acciones.

¿Que regulador se animará a seguir los pasos del Banco Central Argentino? ¿la CNBV de México? ¿El FINCEN de los EU? ¿el HM Revenue and Customs de Inglaterra? ¿el Anti-Money Laundering Control Authority de la Confederación Suiza?

En México vivimos una profunda crisis que las autoridades y el empresariado no quieren aceptar, mientras que la prevención del lavado de dinero y la corrupción al interior de bancos y empresas sigue siendo considerada como una molesta area de costos, y por ello se contrata al mínimo de empleados con sueldos francamente irrisorios para hacerse cargo de esas tareas, en Wall Street los brokers y los banqueros de inversiones que daban el visto bueno a los tratos millonarios han visto reducido su poder frente a los Oficiales de Cumplimiento quienes, como una parte esencial de sus funciones, se ven obligados a “decir que no” a propuestas de negocios riesgosas y lo cual ha generado que estos puestos sean considerados como “hot hire” y los sueldos ofrecidos compitan por primera vez con los de un Chief Executive Officer, un Chief Financial Officer y un Chief Operating Officer ¿El motivo? las multas y los acuerdos por afuera de tribunales para los bancos van en ascenso constante ya que en 2011 fueron por 26.6 millones de Dólares mientras que en 2012 fueron por 3.5 billones de Dólares.

Llegó el momento de aceptar que alguien, por fin, está haciendo lo correcto y le está poniendo un alto a los bancos y a los gobernantes que incumplen con la ley.

Salvador Mejía.

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¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?

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El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas.

Bajo la filosofía de negocios que ha llevado a CINÉPOLIS a encumbrarse como la cadena de cines más grande de México y a que Alejandro Ramírez, su Director General, sea llamado “el showman de los 1,000 mdd” lo más probable es que este proyecto será un éxito. Sin embargo sería interesante saber si su plan de negocios tiene contemplado el impacto regulatorio a enfrentar en materia de prevención de lavado de dinero ya que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Antilavado, CINÉPOLIS clasificaría como “actividad vulnerable” y, en consecuencia, se vería obligada a dar cumplimiento a diversas obligaciones jurídico-operativas tales como identificar a sus clientes y usuarios, presentar los avisos regulatorios e informes a la UIF por conducto del SAT, custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de la realización de actividades vulnerables así como nombrar (y capacitar) al equivalente a un Oficial de Cumplimiento lo cual requerirá una inversión de recursos humanos y materiales.

Sin embargo estas no son necesariamente malas noticias para CINÉPOLIS ya que en el caso de que decida ir por el siempre jugoso mercado inmobiliario puede analizar y evitar caer en algunos de los errores cometidos por empresas como El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns y Liverpool durante los más de tres años que lleva vigente la Ley Antilavado, un ejemplo sería el haberse dejado convencer por Firmas de Abogados para ampararse contra la Ley en vez de destinar ese dinero para implementar un protocolo antilavado no obstante que la mayoría de los expertos en la materia señalamos abiertamente que esto era un error, pronóstico que fue validado por la SCJN en junio de 2015 al declarar la constitucionalidad de dicha Ley.

Es decir que mientras unas empresas optaron por gastar dinero en promover amparos  que desde un inicio no tenían los números a su favor, otras visualizaron el reto regulatorio desde una perspectiva de administración de riesgos e invirtieron probablemente una cantidad similar en montar un protocolo antilavado adecuado a su operatividad el cual, a mediano plazo, también les permitiría ampliarlo a un programa más ambicioso de gobierno corporativo al más puro estilo de las empresas estadounidenses mitigando de igual forma los riesgos inherentes a los fraudes, a los impactos reputacionales y ¿por qué no? ayudando a fortalecer su calificación de riesgo en las bolsas de valores.

Así las cosas la conclusión lógica sería que una empresa con un programa robusto de gobierno corporativo siempre sería bien vista por las calificadoras y por lo tanto sería redituable pero, aunque parezca difícil de creer, la mayoría de las empresas en México no solo se rehusan a entenderlo sino que insisten en privilegiar agresivos programas comerciales e imponer a sus empleados metas que, en no pocos casos, son francamente imposibles de cumplir lo que en consecuencia se convierte en campo fértil para la corrupción, los fraudes y el lavado de dinero y eso es justamente lo que CINÉPOLIS puede y debe tomar en cuenta.

¿La familia Ramírez estará lista para hacerle frente a este nuevo reto?

Salvador Mejía.

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La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos

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Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas en la materia; derivado de ello pude entrar en contacto con la problemática que están enfrentando al intentar cumplir con sus obligaciones.

A mi juicio los rubros más señalados por quienes trabajan en las áreas de cumplimiento fue el fenómeno del “De-Risking” adoptado de manera extraoficial por varias instituciones financieras, la polarización de ofertas de capacitación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento y, por último, la falta de retroalimentación por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y/o de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas tres quejas tienen un tronco común: los Oficiales de Cumplimiento no tienen la experiencia suficiente que les permita rebatir la cancelación de las cuentas bancarias de sus instituciones porque los Bancos consideraron que son clientes de alto riesgo; no pueden pagar (a menos que sus instituciones los beque) los aproximadamente $20,000 Pesos que cuesta un buen curso para la certificación de la CNBV y, por último, en el caso de que trabajen para una empresa que clasifique como actividad vulnerable, los encargados del cumplimiento (llamémoslos también Oficiales de Cumplimiento) quienes usualmente son empleados que fueron movidos de área y que a lo mucho recibieron una capacitación antilavado que suele ser contratada a Despachos de Abogados y Contadores que llega a costar la módica cantidad de $500 Pesos por persona y que está basada en una mera repetición de los artículos de la LFPIORPI, su Reglamento y, si se tiene suerte, de sus Reglas de Carácter General no logran obtener del SAT y/o de la UIF la información suficiente como para implementar un sistema de administración de riesgos que les permita optar por un régimen simplificado.

Es decir, creo que el problema más recurrente que enfrentan los encargados de cumplir con las complejas obligaciones en materia antilavado sigue siendo la falta de capacitación, lo cual es un mero reflejo de otra realidad: el Compliance a la fecha es considerado como un área de costo por lo que no se le asigna un presupuesto adecuado por lo que en no pocos casos los Oficiales de Cumplimiento terminan por contratar por su cuenta la capacitación que les fue negada.

 

No pocos Oficiales de Cumplimiento terminan por ajustar su falta de capacitación a su operatividad de manera tal que logran sobrevivir “un día a la vez”, vamos, algo así como el famoso “si no está roto no lo arregles” sin tener en cuenta que el sistema se acerca a pasos agigantados a un escenario en el cual se les puede llegar a hacer responsables de las fallas en las que sus instituciones incurran ya sea por un error directo de ellos o, dado el caso, por errores de terceros que imparten en sus funciones como lo podría ser el una investigación errada de debida diligencia, un fraude interno o la ausencia de reportes entre diversas posibilidades. De hecho no puede ignorarse que algunos Oficiales de Cumplimiento, de ese pequeño grupo que pertenece a la elite, ya incluyen en sus negociaciones salariales un “Directors and officers liability insurance” o seguro de responsabilidad profesional antilavado que ha cobrado notoriedad en los Bancos y empresas de los Estados Unidos y Europa ¿el motivo? el Presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera; se propone un aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente (algo así como 7 millones de Pesos) para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegue a imponer a intermediarios financieros por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Usualmente al comienzo de mi carrera en el mundo del Compliance solíamos decir que los cajeros (en el mundo financiero) eran la primera línea de defensa por lo que era necesario capacitarlos debidamente, hace un par de años la cambié para afirmar que la alta Dirección era la primera línea de defensa pero, ahora, creo que llegó el momento para afirmar que son los Oficiales de Cumplimiento quienes integran la verdadera primera línea de defensa por lo que resulta indispensable que estos reciban la capacitación adecuada a los riesgos que sus empresas o entidades enfrenten.

Evidentemente no podemos pedir que sean becados para asistir a una capacitación antilavado con la autoridades de Australia como lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con uno de sus Magistrados ya que, hasta donde sabemos, eso le costaría a sus jefes tan solo $542,000 Pesos en boletos de avión.

¿Entonces que deben hacer los Oficiales de Cumplimiento para capacitarse? mi respuesta sería revisar lo que ofrece el mercado con base en los siguientes parámetros:

1. Un temario que incluya:

Los aspectos básicos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 10% del tiempo de la capacitación.

Una explicación sobre el marco jurídico en México de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el sector financiero (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Una explicación sobre Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Como implementación de un programa sustentable de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema económico y financiero que permita optar por un régimen simplificado (No más del 20% del tiempo de la capacitación).

Discusión de casos prácticos incluyéndose tipologías sectoriales (No más del 10% del tiempo de la capacitación).

2. La duración recomendada va de las 4 a las 6 horas tratándose de eventos de un día.

3. Optar por eventos de grupos reducidos ya que esto permite la interacción moderada con el expositor.

4. No dejarse engañar por empresas que promocionan sus cursos bajo el supuesto de poseen validez oficial; en la mayoría de los casos esto se traduce en aquella otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar capacitación en cualquier materia. En casos graves hemos detectado cursos que ostentan una certificación de la CNBV, cosa que a la fecha no existe sino hasta que concluya el proceso de certificación de Oficiales de Cumplimiento que ya hemos señalado.

5. Preferir a expertos mexicanos ya que, a diferencia de expositores extranjeros, estos son quienes conocen los vericuetos de las legislaciones antilavado. Esto con la salvedad de que se trate de seminarios de asociaciones debidamente reconocidas.

6. Revisar el CV del expositor y preferir los ofrecidos por profesionistas acreditados en la materia; un renombrado Fiscalista o Penalista jamás los ayudará a implementar un sistema automatizado antilavado o a enfrentar una operación preocupante interna.

7. Aunque el mercado ofrece alternativas recomiendo tener cuidado con cursos cuyo costo sea notoriamente bajo comparado con el resto del mercado; dado el caso sería prudente retomar lo señalado en el punto 6.

La materia antilavado posee el sobrenombre de administración de riesgos y eso es lo que un Oficial de Cumplimiento debe hacer: evaluar los riesgos que está enfrentando para tomar la decisión correcta y preparase para cuando llegue el momento de enfrentar una situación critica. Si es viable tomar curso tras curso de actualización fiscal ¿porqué no hacer lo mismo en materia antilavado?

Salvador Mejía.

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Contrainteligencia financiera

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Hasta el 27 agosto 2010, fecha en la cual el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la “Ley Contra el Lavado de Dinero” en el marco de lo que llamó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, el combate en contra de los recursos económicos de la delincuencia en México se centraba en el sector financiero.

Esta iniciativa contempló la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con un paquete de reformas legislativas que incluyeron al Código Fiscal de la Federación, al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a las Leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, de las Sociedades de Inversión, de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Ahorro y Crédito Popular, de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito, del Sistema de Ahorro para el Retiro y para regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.

Una cirugía mayor al sistema de prevención de lavado de dinero en México.

Sin embargo, es necesario señalar que esta iniciativa contenía un fuerte mea culpa: el Gobierno Federal aceptaba que no era posible “estimar el monto de dinero que se lava en México” debido a la ausencia de “una metodología confiable”; no podemos olvidar que una de las mayores criticas para la Presidencia de Felipe Calderón fue el haber iniciado una campaña en contra de la delincuencia organizada sin tener la planeación, herramientas jurídicas y técnicas necesarias; más allá de lo dispuesto en los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (como las de mayor relevancia entre las relativas a las aplicables para Seguros, Centros cambiarios etc.), se requerían normas mucho más enfocadas a la realidad y, por encima de todo, que subsanaran errores y lagunas jurídicas.

En aquellos días hice públicas cinco preocupaciones:

1. Consideraba que aunque la implementación de una Ley contra el lavado de dinero para el sector económico había sido delegada por demasiado tiempo, esta por fin ya estaba sobre el escenario y permitiría que el empresariado pudiera proteger sus intereses contra los capitales de la delincuencia organizada.

2. Me preocupaba que se hubiera delegado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la implementación de dicha ley ya que se corría el riesgo de que sus funciones fiscalizadoras fueran confundidas con temas antilavado no obstante las salvaguardas contenidas en la Ley.

3. Numerosos legisladores al no entender el concepto de la prevención de lavado de dinero, criticaron duramente esta Ley argumentando que esta atacaba al empresariado por lo que eliminaron varios supuestos de las actividades vulnerables contenidas en su artículo 17 de la Ley.

4. Debería existir un programa de capacitación para todas aquellas personas que clasificaran como actividad vulnerable al estilo del gobierno de los Estados Unidos, es decir mediante el open government.

5. El SAT tenía previsto que el universo de sujetos obligados ascendiera aproximadamente a unos 300,000 lo cual sería relativamente sencillo de manejar, sin embargo esta cifra podría estar notoriamente por debajo de la realidad al haber sido estimada contra el objeto social de las personas y empresas, no contra la operatividad de las mismas.

Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de Octubre de 2012 cuando se logró que el Poder Legislativo aprobara la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita que pude comprobar que mis preocupaciones no estaban fuera de lugar: El SAT tuvo que posponer hasta en cuatro ocasiones el envío de reportes de los sujetos obligados debido a que su plataforma no lograba ser colocada en línea; muchos empresarios no tenían idea de las obligaciones que esta Ley les confería, de hecho el Poder Legislativo tuvo que exhortar a la Procuraduría General de la República para que difundiera el contenido de la Ley; numerosos Abogados y Contadores sin mayor experiencia comenzaron a dar asesoría en prevención de lavado de dinero generando con ello más dudas que soluciones y, lo más reciente, que el SAT publicó el 29 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación la SEXTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 2 y 22.

El aspecto más importante de esta modificación radica en que, acorde con lo establecido en la Regla 1.9.21, las aerolíneas que transporten pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranjero, deberán transmitir electrónicamente información de aquellas personas que viajen desde México al extranjero y viceversa.

Es decir, la Regla permitirá conocer al SAT (respecto de cada pasajero) el Código localizador del registro (PNR), la fecha de reservación/expedición del boleto, la fecha(s) de intención de viaje, el nombre(s) y primer apellido del pasajero y/o acompañantes (con misma reservación), la información disponible de pagos/facturación (Efectivo, tarjeta de crédito u otros), el itinerario de viaje para PNR específico, la información de código compartido (Códigos de PNR asignados al pasajero, cuando el vuelo sea efectuado por una aerolínea distinta a la que efectuó la venta del boleto, conforme a los convenios de servicio entre líneas aéreas), el nombre de la agencia de viaje/agente de viaje, en su caso.

De igual forma el SAT estará en posibilidad de obtener de los pasajeros Ia información de contacto disponible, la información disponible sobre viajero frecuente y beneficios (ej. Boletos gratis, cambio de categorías, etc.), la información partida/dividida (Cuando la reservación abarque 2 o más personas y alguno(s) de ellos cambie(n) de ruta o vuelo diferente del resto del grupo, se debe registrar el nombre e itinerario por cada código de PNR), el estado del viaje del pasajero (incluye confirmaciones y registro), la información de registro (incluyendo el número de boleto, boletos unidireccionales y cotización automatizada de tarifas de boletaje), la información de equipaje, la información de asiento (incluyendo el número de asiento), las observaciones generales de información sobre servicios especiales requeridos por el pasajero, la información anticipada de pasajeros recolectada (APIS) así como la información histórica sobre cambios al PNR (referente a lo anteriormente señalado).

A mayor precisión debemos señalar que las aerolíneas deberán, al momento del cierre del vuelo, transmitir al SAT el  Código localizador de reportes PNR, incluido en los datos de información de pasajero, la clave de la aerolínea, el número de vuelo, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de arribo, el aeropuerto origen, el aeropuerto destino, el número de asiento, la información del pasajero, el número de maletas, el registro de cada maleta, el peso del equipaje, el destino, el estatus y la orden en el registro.

La esencia de esta Regla va mucho más allá del campo tributario, de hecho podemos decir que compite peligrosamente con aspectos de inteligencia financiera y/o de seguridad nacional lo cual pone sobre la mesa mi preocupación respecto de la autonomía de los procesos de prevención de lavado de dinero y tributarios no obstante lo dispuesto por el Capítulo VI de la Ley por lo que hace a la Reserva y Manejo de Información.

A mayor precisión debemos decir que este no es el único problema que el SAT debe enfrentar respecto de esta Regla ya que a la fecha son varios los periódicos que han solicitado al SAT se les informe como es que esto será operado sin obtener respuesta de la dependencia Federal; no me resulta difícil pronosticar que el SAT recibirá numerosas solicitudes de información a cargo de periodistas con el fin de saber si miembros de la clase política y/o del empresariado efectúan viajes al extranjero y dudo mucho que esto vaya a ser bien recibido por nuestra clase política.

De hecho no resulta difícil plantear que, no obstante que el Jefe del SAT declaró a varios medios que esta Regla tiene un carácter de seguridad nacional, el Instituto Federal de Acceso a la Información podría no compartir este criterio y ordenarle al SAT que se entregue la información por lo que tal vez el SAT opte por derogar esta Regla.

Seamos claros, la multicitada Regla 1.9.21 puede llegar a transformar al SAT en una fuente de información para la prensa y, por ende, en un factor de riesgo para la seguridad nacional; dadas las circunstancias y conociendo la manera en la cual las instancias gubernamentales funcionan estoy casi seguro que el SAT no discutió esto con la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y/o la Comisión Nacional de Seguridad transformándose en un riesgo de contrainteligencia.

Bajo el sistema de prueba y error esto nos muestra lo peligroso que puede resulta el asignar funciones de inteligencia financiera a una entidad fiscalizadora que, en breve, comenzará a realizar las visitas de inspecciones relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿El SAT será capaz de garantizar que la información obtenida con motivo de estas visitas no será usada por alguna Administración General con fines recaudatorios? La Ley contempla sanciones Penales para quien incurra en algo así.

Tal vez pusimos al SAT en una situación de riesgo al asignarle funciones de inteligencia financiera, no olvidemos que el 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el que se estableció que a partir del 30 de marzo de 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomaría las riendas respecto de la inspección y vigilancia de los centros cambiarios que hasta ese momento supervisaba con poca efectividad el SAT.

¿El empresariado en México estará listo para enfrentar estas visitas de inspección? su patrimonio, su seguridad jurídica y su reputación estará de por medio, estén al tanto de ello o no.

Hay demasiados claroscuros en la supervisión de prevención de lavado de dinero en México y esa no es una buena noticia.

*Artículo originalmente publicado en Febrero de 2015

 

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Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

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Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad. El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, oficiales de cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley.

Nuestra meta es que el participante adquiera los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

El temario se integra de la siguiente manera:

Día uno

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

I.IV. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

I.V. ¿Que es el SARLAFT?

I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Día dos

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. Investigación de Debida Diligencia

II.IV. La importancia de un Manual interno antilavado

II.V. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

El curso tendrá una duración de 10 horas y será impartido los días 1 y 2 de junio de 2016 en la Ciudad de México de 9 a 2 PM y tendrá un costo de $6,525 MXP (más impuestos) por persona pero los agremiados a la Barra Mexicana de Abogados tendrán un descuento del 15%

En el caso de que requieran implementar un seminario para sus Empresas, Firmas o Entidades podemos desarrollar un evento acorde a sus necesidades.

Para poder inscribirse los interesados deberán enviar un correo a info@asimetrics.net en el cual incluyan una breve explicación del porqué requieren tomar el curso junto con su CV.

Quedamos, como siempre, a las órdenes.