Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos;

Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech.

La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; no obstante, a veces la forma en que funcionan no está del todo claro, ya que a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existe, pero no son tangibles.

El ramo financiero no podía ser la excepción, ya que en los últimos años, la prestación de los servicios financieros ha apostado por la tecnología, dando lugar a un nuevo mercado denominado Fintech (por su acrónimo en inglés finance technology).

Jorge Ortiz, presidente y CEO de la Asociación Fintech México, calcula que en 2016 existían 170 empresas de este tipo en el país, y se espera que su número ascienda a 200 para el 2017 (Rodrigo Riquelme, El Economista, 7/V/2017).

Con estas cifras, resulta lógico el inicio de una corriente preocupada por la existencia de un marco jurídico capaz de regular a las Fintech, provocando que en marzo de 2017 se presentara el ANTEPROYECTO DE LEY DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (LTF).

En primer término, se prevé que para operar como una institución de tecnología financiera (IFT), capaz de ofrecer y realizar operaciones con el público en general será necesario obtener una autorización otorgada por la CNBV, previo acuerdo del Comité respectivo.

Para obtener dicha autorización, las solicitantes deberán constituirse como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

Dentro de la ley están contempladas tres tipos de IFT (como regla general, todas deben celebrarse mediante interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica):

  • Las de financiamiento colectivo o crowdfunding: son las que lleven a cabo actividades destinadas a poner en contacto a inversionistas que deseen otorgar financiamiento a  los solicitantes
  • Las de fondos de pago electrónico: serán los consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico
  • Las de administración de activos virtuales: estas podrán poner en contacto a terceros con la finalidad de facilitar la compra, venta o cualquier otra enajenación de activos virtuales; comprar, vender o enajenar activos virtuales por cuenta propia o de clientes; recibir activos virtuales para realizar transferencias o pagos a una persona física o moral

Para efectos de la ley, todas las operaciones únicamente se realizarán en moneda nacional o en algún activo virtual, siempre que sea reconocido como tal por el Banco de México.

Además, cabe destacar que la iniciativa señala que ni el gobierno federal ni las entidades de administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes, es decir, que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario no garantizaría ninguna obligación.

Otro de los candados previstos es que las IFT estarán obligadas tanto a recibir como a entregar los recursos de sus clientes mediante una entidad financiera, ya sea con depósitos o transferencias a una cuenta dentro de una entidad financiera; no obstante, la CNBV podrá  autorizar operaciones en efectivo con los clientes, siempre que se apeguen a los casos y los límites establecidos en las disposiciones de carácter general.

Con esto, se pretende reducir el riesgo de mal uso de los recursos de los clientes de las ITF.

¿Cual es la importancia de asistir a este curso?

El anteproyecto de LTF publicado en el sitio web de la asociación FinTech México permite adelantar que la industria Fintech será regulada en materia de prevención de lavado de dinero conforme a las prácticas que actualmente aplican para el sistema financiero conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por lo que, una vez aprobada la Ley, se emitirán Disposiciones de Carácter General en materia antilavado.

Las IFT estarán obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar  actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y/o los relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

También estarán compelidas a presentar ante la CNBV los reportes sobre las operaciones relacionadas con la posible comisión de los delitos señalados anteriormente que efectúen con sus clientes (operaciones inusuales o relevantes), así como sobre aquellas que realicen los miembros de su consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados (operaciones internas preocupantes).

 

Por ello resulta indispensable que los integrantes de la industria Fintech comiencen a capacitarse en el marco de prevención de lavado de dinero que probablemente deberán adaptar a su operatividad basándose en la adecuada gestión de riesgos; de hecho la meta puede extenderse hacia el desarrollo e implementación de un protocolo de Gobierno Corporativo, con ello podrán también hacerle frente a la Ley Antilavado y a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿Ha analizado el impacto por enfrentar una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, la ausencia de un business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados?

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos, sujetos obligados conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado y público en general.

 

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

I.II. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.

I.III. Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

I.IV. Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control

I.V. La Responsabilidad Penal de las empresas.

I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

II.II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

II.III. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.IV. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.V. Investigación de Debida Diligencia.

II.VI. La importancia de un Manual interno antilavado.

II.VII. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

Reactivos

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración total de 10 horas y su costo será de $6,000 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo quienes requieran inscribirse deberán enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Quedamos a sus órdenes.

¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?

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El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas.

Bajo la filosofía de negocios que ha llevado a CINÉPOLIS a encumbrarse como la cadena de cines más grande de México y a que Alejandro Ramírez, su Director General, sea llamado “el showman de los 1,000 mdd” lo más probable es que este proyecto será un éxito. Sin embargo sería interesante saber si su plan de negocios tiene contemplado el impacto regulatorio a enfrentar en materia de prevención de lavado de dinero ya que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Antilavado, CINÉPOLIS clasificaría como “actividad vulnerable” y, en consecuencia, se vería obligada a dar cumplimiento a diversas obligaciones jurídico-operativas tales como identificar a sus clientes y usuarios, presentar los avisos regulatorios e informes a la UIF por conducto del SAT, custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de la realización de actividades vulnerables así como nombrar (y capacitar) al equivalente a un Oficial de Cumplimiento lo cual requerirá una inversión de recursos humanos y materiales.

Sin embargo estas no son necesariamente malas noticias para CINÉPOLIS ya que en el caso de que decida ir por el siempre jugoso mercado inmobiliario puede analizar y evitar caer en algunos de los errores cometidos por empresas como El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns y Liverpool durante los más de tres años que lleva vigente la Ley Antilavado, un ejemplo sería el haberse dejado convencer por Firmas de Abogados para ampararse contra la Ley en vez de destinar ese dinero para implementar un protocolo antilavado no obstante que la mayoría de los expertos en la materia señalamos abiertamente que esto era un error, pronóstico que fue validado por la SCJN en junio de 2015 al declarar la constitucionalidad de dicha Ley.

Es decir que mientras unas empresas optaron por gastar dinero en promover amparos  que desde un inicio no tenían los números a su favor, otras visualizaron el reto regulatorio desde una perspectiva de administración de riesgos e invirtieron probablemente una cantidad similar en montar un protocolo antilavado adecuado a su operatividad el cual, a mediano plazo, también les permitiría ampliarlo a un programa más ambicioso de gobierno corporativo al más puro estilo de las empresas estadounidenses mitigando de igual forma los riesgos inherentes a los fraudes, a los impactos reputacionales y ¿por qué no? ayudando a fortalecer su calificación de riesgo en las bolsas de valores.

Así las cosas la conclusión lógica sería que una empresa con un programa robusto de gobierno corporativo siempre sería bien vista por las calificadoras y por lo tanto sería redituable pero, aunque parezca difícil de creer, la mayoría de las empresas en México no solo se rehusan a entenderlo sino que insisten en privilegiar agresivos programas comerciales e imponer a sus empleados metas que, en no pocos casos, son francamente imposibles de cumplir lo que en consecuencia se convierte en campo fértil para la corrupción, los fraudes y el lavado de dinero y eso es justamente lo que CINÉPOLIS puede y debe tomar en cuenta.

¿La familia Ramírez estará lista para hacerle frente a este nuevo reto?

Salvador Mejía.

La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos

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Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas en la materia; derivado de ello pude entrar en contacto con la problemática que están enfrentando al intentar cumplir con sus obligaciones.

A mi juicio los rubros más señalados por quienes trabajan en las áreas de cumplimiento fue el fenómeno del “De-Risking” adoptado de manera extraoficial por varias instituciones financieras, la polarización de ofertas de capacitación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento y, por último, la falta de retroalimentación por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y/o de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas tres quejas tienen un tronco común: los Oficiales de Cumplimiento no tienen la experiencia suficiente que les permita rebatir la cancelación de las cuentas bancarias de sus instituciones porque los Bancos consideraron que son clientes de alto riesgo; no pueden pagar (a menos que sus instituciones los beque) los aproximadamente $20,000 Pesos que cuesta un buen curso para la certificación de la CNBV y, por último, en el caso de que trabajen para una empresa que clasifique como actividad vulnerable, los encargados del cumplimiento (llamémoslos también Oficiales de Cumplimiento) quienes usualmente son empleados que fueron movidos de área y que a lo mucho recibieron una capacitación antilavado que suele ser contratada a Despachos de Abogados y Contadores que llega a costar la módica cantidad de $500 Pesos por persona y que está basada en una mera repetición de los artículos de la LFPIORPI, su Reglamento y, si se tiene suerte, de sus Reglas de Carácter General no logran obtener del SAT y/o de la UIF la información suficiente como para implementar un sistema de administración de riesgos que les permita optar por un régimen simplificado.

Es decir, creo que el problema más recurrente que enfrentan los encargados de cumplir con las complejas obligaciones en materia antilavado sigue siendo la falta de capacitación, lo cual es un mero reflejo de otra realidad: el Compliance a la fecha es considerado como un área de costo por lo que no se le asigna un presupuesto adecuado por lo que en no pocos casos los Oficiales de Cumplimiento terminan por contratar por su cuenta la capacitación que les fue negada.

 

No pocos Oficiales de Cumplimiento terminan por ajustar su falta de capacitación a su operatividad de manera tal que logran sobrevivir “un día a la vez”, vamos, algo así como el famoso “si no está roto no lo arregles” sin tener en cuenta que el sistema se acerca a pasos agigantados a un escenario en el cual se les puede llegar a hacer responsables de las fallas en las que sus instituciones incurran ya sea por un error directo de ellos o, dado el caso, por errores de terceros que imparten en sus funciones como lo podría ser el una investigación errada de debida diligencia, un fraude interno o la ausencia de reportes entre diversas posibilidades. De hecho no puede ignorarse que algunos Oficiales de Cumplimiento, de ese pequeño grupo que pertenece a la elite, ya incluyen en sus negociaciones salariales un “Directors and officers liability insurance” o seguro de responsabilidad profesional antilavado que ha cobrado notoriedad en los Bancos y empresas de los Estados Unidos y Europa ¿el motivo? el Presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera; se propone un aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente (algo así como 7 millones de Pesos) para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegue a imponer a intermediarios financieros por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Usualmente al comienzo de mi carrera en el mundo del Compliance solíamos decir que los cajeros (en el mundo financiero) eran la primera línea de defensa por lo que era necesario capacitarlos debidamente, hace un par de años la cambié para afirmar que la alta Dirección era la primera línea de defensa pero, ahora, creo que llegó el momento para afirmar que son los Oficiales de Cumplimiento quienes integran la verdadera primera línea de defensa por lo que resulta indispensable que estos reciban la capacitación adecuada a los riesgos que sus empresas o entidades enfrenten.

Evidentemente no podemos pedir que sean becados para asistir a una capacitación antilavado con la autoridades de Australia como lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con uno de sus Magistrados ya que, hasta donde sabemos, eso le costaría a sus jefes tan solo $542,000 Pesos en boletos de avión.

¿Entonces que deben hacer los Oficiales de Cumplimiento para capacitarse? mi respuesta sería revisar lo que ofrece el mercado con base en los siguientes parámetros:

1. Un temario que incluya:

Los aspectos básicos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 10% del tiempo de la capacitación.

Una explicación sobre el marco jurídico en México de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el sector financiero (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Una explicación sobre Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Como implementación de un programa sustentable de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema económico y financiero que permita optar por un régimen simplificado (No más del 20% del tiempo de la capacitación).

Discusión de casos prácticos incluyéndose tipologías sectoriales (No más del 10% del tiempo de la capacitación).

2. La duración recomendada va de las 4 a las 6 horas tratándose de eventos de un día.

3. Optar por eventos de grupos reducidos ya que esto permite la interacción moderada con el expositor.

4. No dejarse engañar por empresas que promocionan sus cursos bajo el supuesto de poseen validez oficial; en la mayoría de los casos esto se traduce en aquella otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar capacitación en cualquier materia. En casos graves hemos detectado cursos que ostentan una certificación de la CNBV, cosa que a la fecha no existe sino hasta que concluya el proceso de certificación de Oficiales de Cumplimiento que ya hemos señalado.

5. Preferir a expertos mexicanos ya que, a diferencia de expositores extranjeros, estos son quienes conocen los vericuetos de las legislaciones antilavado. Esto con la salvedad de que se trate de seminarios de asociaciones debidamente reconocidas.

6. Revisar el CV del expositor y preferir los ofrecidos por profesionistas acreditados en la materia; un renombrado Fiscalista o Penalista jamás los ayudará a implementar un sistema automatizado antilavado o a enfrentar una operación preocupante interna.

7. Aunque el mercado ofrece alternativas recomiendo tener cuidado con cursos cuyo costo sea notoriamente bajo comparado con el resto del mercado; dado el caso sería prudente retomar lo señalado en el punto 6.

La materia antilavado posee el sobrenombre de administración de riesgos y eso es lo que un Oficial de Cumplimiento debe hacer: evaluar los riesgos que está enfrentando para tomar la decisión correcta y preparase para cuando llegue el momento de enfrentar una situación critica. Si es viable tomar curso tras curso de actualización fiscal ¿porqué no hacer lo mismo en materia antilavado?

Salvador Mejía.

Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?

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El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una disyuntiva: ¿Invertir o gastar en un Oficial de Cumplimiento?

De esta decisión dependerá el tener protocolos sólidos o meramente dar la impresión de que se cumple con los requisitos legales.

Al estar sentado por primera vez frente a un cliente se tienen pocos minutos para obtener la información necesaria para entender el estado real que guarda su negocio antes de que este empiece a minimizar, matizar, o simplemente a mentir sobre las razones por las cuales decidió buscar la asesoría de un experto en prevención de lavado de dinero. A este proceso le denomino “preguntas de control”.

Este proceso debe iniciar con una pregunta, ya que puede aportar por sí sola el 99% de certeza respecto del estado que guardan los protocolos en prevención de lavado de dinero dentro de una empresa o institución financiera: ¿cuál es el sueldo del Oficial de Cumplimiento?

Por ejemplo, en una entidad financiera con una cartera de unos 35 mil millones de Pesos, lo mínimo esperado es que ese puesto estuviese remunerado en un rango de entre $50,000 y $80,000 Pesos mensuales, más un bono anual, como mínimo de dos meses de sueldo, aguinaldo, y las prestaciones de ley, es decir, un sueldo anual “aceptable” para un Oficial de Cumplimiento oscilante entre los $750,000 y $1,200,000 Pesos.

No obstante, si se descubre que en la realidad este funcionario percibe un salario que esté por debajo de la mitad del indicado (entre $25,000.00 y $40,000.00 Pesos mensuales), ya no tendría sentido seguir haciendo las demás preguntas de control, pues es evidente que si un empresario busca a un profesionista dispuesto a aceptar esa paga, no se le está dando una justa dimensión del impacto que pueden provocar las tareas del Oficial de Cumplimiento dentro de una compañía y/o institución financiera, demostrando con ello el poco interés por crear un programa robusto en prevención de lavado de dinero, y, consecuentemente, ponerse en riesgo de ser sujeto de multas y sanciones previstas en: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la inminente responsabilidad penal de las empresas y su posible inclusión, junto con la de sus directivos, en la lista negra de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).

El argumento de la inatención del empresariado de contratar a un Oficial de Cumplimiento adecuado se sostiene si se compara las compensaciones asignadas a las direcciones de áreas como ventas, mercadotecnia, sistemas, jurídico, finanzas y recursos humanos, ya que lo más probable es que en estas posiciones existan sueldos mucho más altos que el previsto para aquel, y además, de bonos anuales, automóviles corporativos y “golden parachutes” (blindajes salariales en el supuesto de despido), alcanzando así hasta un sueldo anualizado de unos $2,880,000 Pesos.

Encontrar estas brechas tan grandes entre las gratificaciones percibidas por el Oficial de Cumplimiento y los líderes de otras áreas exhibe una verdad innegable: la alta dirección no ha entendido las responsabilidades inherentes al puesto, y, por ende, ven al Oficial de Cumplimiento más como un gasto que como una inversión.

Desde la publicación en el DOF del 17 de marzo de 2011 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), tanto reguladas como no reguladas, en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los consultores hemos podido atestiguar el proceso de creación de los protocolos necesarios en muchas SOFOMES, los cuales guardan una característica en común: buscar una solución al precio más bajo para cumplir con las obligaciones legales, sin importar las consecuencias a mediano y largo plazo.

Evidentemente, las cabezas de las SOFOMES, al no poder “regatear” con los proveedores de los servicios de listas negras, de personas políticamente expuestas, de metabuscadores y de monitoreo de operaciones, prefirieron recortar sus gastos en el rubro de recursos humanos optando por promover a algún empleado menor del área jurídica o de auditoría interna al cargo de Oficial de Cumplimiento. En el mejor de los casos, contrataron los servicios de analistas para que estos, de un día para otro, les implementaran un protocolo antilavado, encargo que claramente superó a su experiencia, y que a mediano plazo se tradujo en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En ese sentido, en muchos de los oficios de observaciones de la CNBV se incluyó que el puesto de mérito recaía en una persona que carecía de los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad las obligaciones mínimas, además de que las áreas respectivas no contaban con el personal suficiente para supervisar los procesos de la entidad.

Posteriormente, el 17 de octubre de 2012 se publicó la LFPIORPI, y con ella se pudo ver cómo los empresarios, a regañadientes, intentaron desahogar sus obligaciones con la creación de flamantes áreas de cumplimiento, lideradas por personal sin el discernimiento pertinente en la materia, creyendo que por el simple hecho de estar experimentados en temas contables, jurídicos o de auditoría serían capaces de hacer frente a las disposiciones antilavado que van mucho más allá del cumplimiento de normas jurídicas sino de la implementación de protocolos de administración de riesgos antilavado.

Sin duda, esta decisión les ha impedido el adoptar un régimen simplificado y verse realmente protegidos de ser utilizados por la delincuencia para dar a sus recursos una apariencia de legitimidad.

Tanto el sector financiero como el económico originaron lo que en el medio se le conoce como “Oficiales de Cumplimiento de veinte mil pesos”, lo cual se traduce en un responsable claramente limitado para planear, desarrollar e implementar los protocolos mínimos-máximos obligatorios por ley, por lo que, probablemente, el resto de ellos sean igual de vulnerables. De ahí que sea la primera pregunta de control mencionada previamente.

No es difícil comprobar que la contratación de este tipo de Oficiales de Cumplimiento es una tendencia, basta con revisar que las ofertas de trabajo no superan los citados $20,000 Pesos. En definitiva, el empresariado mexicano visualiza la prevención de lavado de dinero más como una pesada obligación que como una herramienta para blindarse de riesgos internos y externos.

El énfasis en el binomio sueldo-capacidad en un Oficial de Cumplimiento es vital, pues implementar un protocolo robusto antilavado no es una tarea fácil, al estar formado por cinco ejes fundamentales:

  • Manuales operativos
  • Sistemas automatizados
  • Identificación y conocimiento de clientes, intermediarios y proveedores
  • Capacitación
  • Personal del cumplimiento adecuado y suficiente

La aplicación de los cuatro primeros puntos puede ser solventada con facilidad, al subcontratar a un proveedor externo. Sin embargo, esto no será útil en el momento en que estos sean llevados a cabo por una persona sin experiencia, apoyo e independencia necesarias para un Oficial de Cumplimiento trayendo como resultado las posibles sanciones por parte de la CNBV o del SAT, según proceda.

Entonces, quienes toman las decisiones directivas, cometen un gravísimo error al intentar ahorrar en el sueldo de un Oficial de Cumplimiento ya que no solo ponen en peligro a sus compañías, sino que también podrían ser sujetos de responsabilidades penales o económicas personales; tal vez deberían considerar el reducir los bonos de las áreas de ventas; antes de regatear la compensación de ese personal, es recomendable que se examinen los sueldos y bonos asignados a las demás áreas.

Cabe mencionar que una política de grandes bonos para los departamentos de ventas, es un factor de riesgo contemplado en diversos estudios para el combate a la corrupción, debido a que abre la posibilidad de que un empleado incurra en diversas acciones indebidas para llegar a su meta, como por ejemplo cometer fraude o romper las reglas de operación.

Es justo el evitar este tipo de irregularidades lo que está dentro de las funciones de un Oficial de Cumplimiento, quien llegado el momento decidirá la forma en que se llevará la investigación sobre el actuar del trabajador, para dilucidar si actuó solo o forma parte de una red, así como si se denunciará penalmente o se enviará el reporte de operaciones preocupantes internas. Un motivo más que comprueba la importancia de su papel.

Esa posición conlleva muchas responsabilidades y riesgos reales. Esta razón debe originar en quien esté pensando en aceptar tal cargo, meditar que sin el apoyo de la alta dirección, podría llegar a convertirse en un chivo expiatorio.

Como ejemplo de lo anterior, existen los supuestos en los que Oficiales de Cumplimiento con la capacidad de negociación suficiente, han obtenido como parte de sus beneficios laborales un seguro de responsabilidad profesional.

De hecho, en el ramo financiero, la CNBV inició el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión.

El examen que deberán aprobar quienes ostenten el cargo está fundado en una guía de estudio que en sus capítulos IV, V y VI contempla aspectos tan específicos como la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de 2014.

¿Un Oficial de Cumplimiento improvisado podrá acreditar ese examen?

Todos hemos escuchado y/o leído la frase “If you pay peanuts you get monkeys” ¿Y usted cuánto le paga a su Oficial de Cumplimiento?

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en la Ciudad de México.

Excelsior

Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Por tal motivo se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

Es importante señalar que implementación de este seminario tendrá como fundamento la perspectiva de administración de riesgos y que los expositores, lidereados por nuestro Socio Director, tienen experiencia probada en el campo antilavado de más de 16 años adquirida en los sectores gubernamental, financiero y económico, esto permitirá a los asistentes el ir más allá del simple repaso del temario liberado por la CNBV.

La duración es de 25 horas a impartir en cinco días consecutivos y tiene un costo de $20,000 MXP (más impuestos) por persona.

Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 15% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para nuestros clientes recurrentes y grupos de 3 o más personas.

El temario se integra de la siguiente manera:

Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.

Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.

II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.
II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Modulo III: Examen interno.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros y por tal motivo no hacemos público el lugar donde se llevará a cabo el evento sino hasta que finalice el proceso de admisión.

Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a  info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Eliminación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del catálogo de “delitos graves”.

JP

A las 0:00 horas del 18 de Junio de 2016 el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el malletazo simbólico que marcó el inicio de un nuevo ciclo para la justicia en México; a partir de ese momento se volvió una realidad (por lo menos en el papel) el sistema penal acusatorio.

Sin embargo junto con la implementación del sistema penal acusatorio surgieron diversos problemas que necesitan ser atendidos por las autoridades, uno de ellos fue la eliminación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal del catálogo de los delitos graves contenidos en su momento en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.

Hoy el delito de lavado de dinero no está contemplado en los supuestos del artículo 19 Constitucional y, por lo tanto, no le es aplicable la “prisión preventiva” de facto a quien sea imputado por este ilícito, sin embargo esta podría darse en el régimen de excepcionalidad si el Ministerio Público logra acreditar ante un Juez que deba decretarse dicha prisión preventiva.

No obstante de que expertos Penalistas sostienen que aquella persona que sea acusada por el delito de lavado de dinero podría enfrentar su proceso en libertad esto dependería de cuatro factores:

1. Las habilidades litigiosas del Ministerio Público
2. La solidez de la investigación
3. La argumentación de la defensa y,
4. El criterio del Juez

La decisión de no incluir al delito de lavado de dinero de los supuestos contenidos en el referido artículo 19 Constitucional es, a nuestro parecer, un grave error desde la perspectiva de la administración de riesgos ya que se manda un mensaje que va en contra de todos los esfuerzos realizados para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada: por “default” el lavar dinero permite enfrentar el proceso en libertad ya que esto “no es grave”.

Esto ha generado un nuevo frente que los Oficiales de Cumplimiento deben combatir: el aumento en el menosprecio de la alta Dirección de las instituciones financieras y las empresas por la prevención de lavado de dinero.

¿Para que asignamos recursos para supervisar que no seamos usados como un medio para lavar dinero si esto ya no es un delito grave?

Esto debe se atendido inmediatamente por el Oficial de Cumplimiento, Dirección Jurídica, de Riesgos, de Auditoría o por los asesores externos ya que, con independencia de este cambio es necesario que la alta Dirección esté enterada de que la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para:

1. Solicitar al sistema financiero el bloqueo de cuentas bancarias.

Durante el 2015 y 2016 hemos sido testigos de un notable y alarmante aumento en el bloqueo de cuentas bancarias con motivo de investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera ya sea por la recepción de reportes regulatorios a cargo del sistema financiero y/o de los sujetos obligados contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El hecho de que las cuentas bancarias de una persona sean bloqueadas no solo es catalogado por diversos expertos en la materia como “la muerte financiera” sino que ronda peligrosamente los bordes de la inconstitucionalidad ya que, si esto se analiza desde una perspectiva de administración de riesgos, veremos que una persona que no puede disponer de sus recursos no está en posibilidad de pagar los servicios de representación legal o transportarse, dado el caso, a la Ciudad de México ya que la UIF no tiene oficinas de representación en el interior de la República o en las Embajadas y Consulados en el extranjero.

Aquellas personas que han debido enfrentar el “congelamiento” de cuentas podrán dar testimonio de como fue que de la nada no pudieron solventar sus obligaciones financieras (los Bancos no les van a suspender los pagos de sus hipotecas), pagar sus impuestos, renta, sueldos, colegiaturas o simplemente comprar comida.

2. Gestionar los requerimientos y recibir la información de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos conforme al Acuerdo publicado en el DOF del 15 de Agosto de 2014.

Esto significa que la UIF está facultada para solicitar la intervención de comunicaciones por ser un tema de seguridad nacional, tal y como se establece en las Bases de Colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el DOF del 8 de Diciembre de 2006.

Si su institución financiera o empresa no tiene detectado esto le tengo una mala noticia: en automático su nivel de riesgo aumentó exponencialmente.

Pueden consultar el podcast del análisis que hicimos sobre de esto en Primera Emisión de Noticias MVS aquí.