Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el caso del exgobernador Borge y su impacto en el sistema financiero.
Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.
En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitidos por dichas autoridades así como por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el Basel Institute of Governance y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, que plantean una mejoría en su combate.
No podemos olvidar que derivado de la evaluación efectuada en el 2008 a México por el GAFI se emitió un documento titulado: “Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México” en el cual nos fueron observadas 38 deficiencias en el combate al lavado de dinero, siendo una de ellas el que durante el período evaluado (2004-2008) solamente habían sido procesadas 149 acusaciones por lavado de dinero y de las cuales tan solo 30 de esas acusaciones habían derivado en una sentencia. Inclusive los funcionarios del GAFI se dieron el lujo de señalar en ese reporte que 5 de esas sentencias habían sido absolutorias; un hecho inaceptable para los auditores del organismo.
Como consecuencia de esta evaluación México se vio obligado a replantear el marco jurídico para el combate del lavado de dinero con el fin de solventar las observaciones; evidentemente el mayor avance se circunscribe a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Para entender el impacto que el estudio generó en la prensa nacional transcribo algunas de las cifras que recopila:
El INEGI estimó que el valor promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo del 2009 equivalió a 1.688% del Producto Interno Bruto (PIB).
La UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con “sospechas” de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009, huelga decir que esto es un grave error por parte del autor del estudio ya que los reportes regulatorios no infieren que las operaciones financieras analizadas están necesariamente vinculadas con el lavado de dinero, vamos, a lo mucho se podría abrir el debate para los supuestos de las Operaciones Preocupantes Internas (ROI’s) y de los “Reportes de 24 horas”
De 2006 a 2014 la PGR reportaron 2,224 probables responsables detenidos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De esta cifra 734 fueron consignados.
Por cantidad anual de averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal durante el período 2006-2014 el que tuvo un mayor registro fue 2012, con 528 casos, lo que representó 14.5% de este intervalo de tiempo; le siguió 2008 con 481, y 2011 que arrojó 477.
La UIF precisó que durante 2014 se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013 (75,468) casos.
De hecho los datos utilizados por el autor del estudio poseen el mérito suficiente para llamar la atención he, inclusive, podrían llegar a justificar el tono triunfalista utilizado a lo largo del documento el cual puede resumirse con la siguiente afirmación: “México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI)”
Evidentemente 28.5 millones de reportes de “operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero” es un numero imponente; la consignación de 2,224 personas por lavado de dinero son muchas más que las 149 contenidas en la evaluación del GAFI y el haber rebasado por 38,000 el numero de reportes de operaciones inusuales recibidas del 2013 al 2014 suena como un avance. Sin embargo, el estudio parte de graves errores, por ejemplo se tomaron los datos proporcionados por las autoridades sin analizarlos desde la perspectiva de la prevención de lavado de dinero.
Esto nos lleva a volver a señalar un hecho que difícilmente puede ser refutado: en México la cultura de la prevención de lavado de dinero prácticamente se encuentra circunscrita al sistema financiero.
Otro error del estudio radica en decir que la UIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009; debido a las fechas señaladas tales reportes regulatorios corresponden únicamente a los enviados por los integrantes del sistema financiero mexicano a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) correspondientes a sus Operaciones Relevantes (todas aquellas que igualan y/o rompen la barrera de los $10,000 Dólares), Inusuales (las que rompen los parámetros transaccionales que se le impone a cada cliente con base a su perfil) y Preocupantes Internas (casos internos en los que se detecte que un empleado de una institución financiera se encuentra relacionado de alguna manera con un caso de lavado de dinero) que apruebe el Comité de Comunicación y Control (o Comité antilavado interno).
Asimismo, debemos de considerar que al no existir una normatividad en la materia, las entidades supervisadas por la CNBV si bien quedan en plena libertad para determinar los parámetros que aplicarán para determinar si deciden, o no, reportar una operación de sus clientes como inusual. Es decir, aplicando el principio de la autodeterminación una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple puede optar por reportar como operación inusual el pago de un cliente por la mensualidad correspondiente a un crédito automotriz que rompa su perfil transaccional (determinado inmediatamente por la naturaleza del contrato) aunque sea por un Peso.
¿Que motiva esto? en mi experiencia existe una pugna histórica entre la UIF y la CNBV ya que la segunda ha sostenido el criterio de que las entidades deben de reportar todas aquellas operaciones que rompan el referido perfil transaccional a diferencia de la UIF la cual sostiene que las entidades le envíen reportes derivados de investigaciones exhaustivas, situación que difícilmente puede ocurrir en la realidad.
Un aspecto importante para terminar de entender esto se encuentra en que la Alta Dirección de las entidades opta por hacer suyo el criterio de la CNBV ya que es esta la encargada de realizar las visitas de inspección y, a su vez, puede imponer sanciones y acciones correctivas, el “sobrereporteo” a cargo de las entidades financieras supervisadas es una realidad que entorpece notablemente la prevención y combate al lavado de dinero. Evidentemente el/la Oficial de Cumplimiento poco o nada puede hacer al respecto de esta decisión en el entendido de que, si tiene suerte y trabaja para una entidad financiera con un programa aceptable de riesgos en prevención de lavado de dinero, esta determinación se tomará de manera colegiada al interior del Comité de Comunicación de Control y constará por escrito brindándole cierta certidumbre jurídica.
Por lo anterior, esos 28.5 millones de reportes recibidos por la UIF en un período de cinco años equivale a 5,700,000 reportes por año y, sin tomar en cuenta los volúmenes de operaciones de cada una de las entidades y considerando que durante ese período la CNBV supervisase a unas 4,000 entidades, el total de reportes emitidos por año y por entidad sería de 1,425 mismos que se traducirían en 7,125 reportes por el período que nos ocupa. Una cifra nada espectacular para el sistema financiero sin tomar en consideración el factor de los “reportes basura” si me lo preguntan.
Vamos, en el estudio ni siquiera se toma en consideración la formula de que “no toda operación relevante clasifica como inusual pero una inusual puede clasificar como inusual y relevante al mismo tiempo” y, por ende, se duplicaría el reporte regulatorio.
Si aplicamos esta lógica a las supuestas 14,000 operaciones inusuales recibidas por la UIF durante el 2014 sin contar a las relevantes y a las preocupantes internas a cargo de los aproximadamente 5,000 sujetos obligados registrados nos daría un prorrateo de 2.8 reportes por entidad. Simplemente las cifras no hacen sentido ya que son precisamente las operaciones inusuales las que representan el mayor volumen de los reportes debido en primera instancia a que las operaciones relevantes son consideradas como una mera estadística y no son muchas las transacciones bancarias que superen la referida barrera de los $10,000 Dólares y, en segunda instancia, a que las operaciones preocupantes internas se encuentran relacionadas a casos verdaderamente localizados dentro de una institución; un Oficial de Cumplimiento no necesariamente se enfrentará durante su carrera a una investigación de esta gravedad.
De igual forma, otra debilidad del reporte se encuentra en que la Ley Antilavado no figura en ningún apartado estadístico no obstante que dicha ley fue aprobada en el 2012 y entró en vigencia en el 2013. ¿No ha ocurrido nada digno de ser reportado respecto de la implementación de esta ley?
Como es del dominio público, aunque la implementación de la Ley Antilavado o LFPIORPI ha sido por demás accidentada e, inclusive, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la entidad gubernamental encargada de recibir los reportes regulatorios de las personas y/o empresas que clasifiquen como “actividades vulnerables” se vio obligado a posponer en diversas ocasiones la recepción de estos otorgándose a si mismo una “prorroga”, logró recibir más de 12,000 avisos de los sujetos obligados de un supuesto universo de 350,000 sujetos obligados mismo, que a mi juicio fue indebidamente contabilizado por el SAT ya que solo tomó en consideración el giro de las empresas y/o la actividad preponderante de las personas físicas sin valorar que es la operatividad de las empresas lo que va a determinar si clasifica, o no, como actividad vulnerable.
Es decir que una empresa que se dedica a un giro que no clasifica por su simple denominación como actividad vulnerable podría serlo con base a su operatividad; pongamos como ejemplo a una empresa que comercializa fruta: por su mero objeto social la autoridad no la considera dentro de su listado pero puede ser que la empresa otorgue lineas de crédito a sus proveedores, construya casas para sus empleados en las zonas de producción y venda constantemente su parque vehicular, de ser así la operatividad de esta empresa estaría realizando tres actividades vulnerables. Por ello creo que el volumen de sujetos obligados por la autoridad es imposible de ser determinado por la autoridad. ¿350,000 sujetos obligados es un número real?
Como puede advertirse a simple vista el estudio a cargo del Instituto Belisario Dominguez no solo no aporta datos fidedignos sino que induce a una interpretación errónea del combate al lavado de dinero en México lo cual nos obliga a preguntarnos ¿realmente cuál es la situación que enfrentan nuestros sistemas financiero y económico ante la penetración de los capitales de la delincuencia organizada? Los supuestos diez mil millones de Dólares que, a decir del estudio, son lavados al año en México de una u otra forma se van a integrar a los Bancos y/o a las empresas.
Ojalá que a finales del 2016 las autoridades puedan ofrecer cifras realistas que conjunten los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero que están llevando a cabo gracias a la participación de los sectores financiero y económico.
La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos
Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas en la materia; derivado de ello pude entrar en contacto con la problemática que están enfrentando al intentar cumplir con sus obligaciones.
A mi juicio los rubros más señalados por quienes trabajan en las áreas de cumplimiento fue el fenómeno del “De-Risking” adoptado de manera extraoficial por varias instituciones financieras, la polarización de ofertas de capacitación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento y, por último, la falta de retroalimentación por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y/o de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Estas tres quejas tienen un tronco común: los Oficiales de Cumplimiento no tienen la experiencia suficiente que les permita rebatir la cancelación de las cuentas bancarias de sus instituciones porque los Bancos consideraron que son clientes de alto riesgo; no pueden pagar (a menos que sus instituciones los beque) los aproximadamente $20,000 Pesos que cuesta un buen curso para la certificación de la CNBV y, por último, en el caso de que trabajen para una empresa que clasifique como actividad vulnerable, los encargados del cumplimiento (llamémoslos también Oficiales de Cumplimiento) quienes usualmente son empleados que fueron movidos de área y que a lo mucho recibieron una capacitación antilavado que suele ser contratada a Despachos de Abogados y Contadores que llega a costar la módica cantidad de $500 Pesos por persona y que está basada en una mera repetición de los artículos de la LFPIORPI, su Reglamento y, si se tiene suerte, de sus Reglas de Carácter General no logran obtener del SAT y/o de la UIF la información suficiente como para implementar un sistema de administración de riesgos que les permita optar por un régimen simplificado.
Es decir, creo que el problema más recurrente que enfrentan los encargados de cumplir con las complejas obligaciones en materia antilavado sigue siendo la falta de capacitación, lo cual es un mero reflejo de otra realidad: el Compliance a la fecha es considerado como un área de costo por lo que no se le asigna un presupuesto adecuado por lo que en no pocos casos los Oficiales de Cumplimiento terminan por contratar por su cuenta la capacitación que les fue negada.
No pocos Oficiales de Cumplimiento terminan por ajustar su falta de capacitación a su operatividad de manera tal que logran sobrevivir “un día a la vez”, vamos, algo así como el famoso “si no está roto no lo arregles” sin tener en cuenta que el sistema se acerca a pasos agigantados a un escenario en el cual se les puede llegar a hacer responsables de las fallas en las que sus instituciones incurran ya sea por un error directo de ellos o, dado el caso, por errores de terceros que imparten en sus funciones como lo podría ser el una investigación errada de debida diligencia, un fraude interno o la ausencia de reportes entre diversas posibilidades. De hecho no puede ignorarse que algunos Oficiales de Cumplimiento, de ese pequeño grupo que pertenece a la elite, ya incluyen en sus negociaciones salariales un “Directors and officers liability insurance” o seguro de responsabilidad profesional antilavado que ha cobrado notoriedad en los Bancos y empresas de los Estados Unidos y Europa ¿el motivo? el Presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera; se propone un aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente (algo así como 7 millones de Pesos) para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegue a imponer a intermediarios financieros por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Usualmente al comienzo de mi carrera en el mundo del Compliance solíamos decir que los cajeros (en el mundo financiero) eran la primera línea de defensa por lo que era necesario capacitarlos debidamente, hace un par de años la cambié para afirmar que la alta Dirección era la primera línea de defensa pero, ahora, creo que llegó el momento para afirmar que son los Oficiales de Cumplimiento quienes integran la verdadera primera línea de defensa por lo que resulta indispensable que estos reciban la capacitación adecuada a los riesgos que sus empresas o entidades enfrenten.
Evidentemente no podemos pedir que sean becados para asistir a una capacitación antilavado con la autoridades de Australia como lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con uno de sus Magistrados ya que, hasta donde sabemos, eso le costaría a sus jefes tan solo $542,000 Pesos en boletos de avión.
¿Entonces que deben hacer los Oficiales de Cumplimiento para capacitarse? mi respuesta sería revisar lo que ofrece el mercado con base en los siguientes parámetros:
1. Un temario que incluya:
Los aspectos básicos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 10% del tiempo de la capacitación.
Una explicación sobre el marco jurídico en México de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el sector financiero (No más del 30% del tiempo de la capacitación).
Una explicación sobre Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (No más del 30% del tiempo de la capacitación).
Como implementación de un programa sustentable de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema económico y financiero que permita optar por un régimen simplificado (No más del 20% del tiempo de la capacitación).
Discusión de casos prácticos incluyéndose tipologías sectoriales (No más del 10% del tiempo de la capacitación).
2. La duración recomendada va de las 4 a las 6 horas tratándose de eventos de un día.
3. Optar por eventos de grupos reducidos ya que esto permite la interacción moderada con el expositor.
4. No dejarse engañar por empresas que promocionan sus cursos bajo el supuesto de poseen validez oficial; en la mayoría de los casos esto se traduce en aquella otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar capacitación en cualquier materia. En casos graves hemos detectado cursos que ostentan una certificación de la CNBV, cosa que a la fecha no existe sino hasta que concluya el proceso de certificación de Oficiales de Cumplimiento que ya hemos señalado.
5. Preferir a expertos mexicanos ya que, a diferencia de expositores extranjeros, estos son quienes conocen los vericuetos de las legislaciones antilavado. Esto con la salvedad de que se trate de seminarios de asociaciones debidamente reconocidas.
6. Revisar el CV del expositor y preferir los ofrecidos por profesionistas acreditados en la materia; un renombrado Fiscalista o Penalista jamás los ayudará a implementar un sistema automatizado antilavado o a enfrentar una operación preocupante interna.
7. Aunque el mercado ofrece alternativas recomiendo tener cuidado con cursos cuyo costo sea notoriamente bajo comparado con el resto del mercado; dado el caso sería prudente retomar lo señalado en el punto 6.
La materia antilavado posee el sobrenombre de administración de riesgos y eso es lo que un Oficial de Cumplimiento debe hacer: evaluar los riesgos que está enfrentando para tomar la decisión correcta y preparase para cuando llegue el momento de enfrentar una situación critica. Si es viable tomar curso tras curso de actualización fiscal ¿porqué no hacer lo mismo en materia antilavado?
Salvador Mejía.
Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?
El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una disyuntiva: ¿Invertir o gastar en un Oficial de Cumplimiento?
De esta decisión dependerá el tener protocolos sólidos o meramente dar la impresión de que se cumple con los requisitos legales.
Al estar sentado por primera vez frente a un cliente se tienen pocos minutos para obtener la información necesaria para entender el estado real que guarda su negocio antes de que este empiece a minimizar, matizar, o simplemente a mentir sobre las razones por las cuales decidió buscar la asesoría de un experto en prevención de lavado de dinero. A este proceso le denomino “preguntas de control”.
Este proceso debe iniciar con una pregunta, ya que puede aportar por sí sola el 99% de certeza respecto del estado que guardan los protocolos en prevención de lavado de dinero dentro de una empresa o institución financiera: ¿cuál es el sueldo del Oficial de Cumplimiento?
Por ejemplo, en una entidad financiera con una cartera de unos 35 mil millones de Pesos, lo mínimo esperado es que ese puesto estuviese remunerado en un rango de entre $50,000 y $80,000 Pesos mensuales, más un bono anual, como mínimo de dos meses de sueldo, aguinaldo, y las prestaciones de ley, es decir, un sueldo anual “aceptable” para un Oficial de Cumplimiento oscilante entre los $750,000 y $1,200,000 Pesos.
No obstante, si se descubre que en la realidad este funcionario percibe un salario que esté por debajo de la mitad del indicado (entre $25,000.00 y $40,000.00 Pesos mensuales), ya no tendría sentido seguir haciendo las demás preguntas de control, pues es evidente que si un empresario busca a un profesionista dispuesto a aceptar esa paga, no se le está dando una justa dimensión del impacto que pueden provocar las tareas del Oficial de Cumplimiento dentro de una compañía y/o institución financiera, demostrando con ello el poco interés por crear un programa robusto en prevención de lavado de dinero, y, consecuentemente, ponerse en riesgo de ser sujeto de multas y sanciones previstas en: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la inminente responsabilidad penal de las empresas y su posible inclusión, junto con la de sus directivos, en la lista negra de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
El argumento de la inatención del empresariado de contratar a un Oficial de Cumplimiento adecuado se sostiene si se compara las compensaciones asignadas a las direcciones de áreas como ventas, mercadotecnia, sistemas, jurídico, finanzas y recursos humanos, ya que lo más probable es que en estas posiciones existan sueldos mucho más altos que el previsto para aquel, y además, de bonos anuales, automóviles corporativos y “golden parachutes” (blindajes salariales en el supuesto de despido), alcanzando así hasta un sueldo anualizado de unos $2,880,000 Pesos.
Encontrar estas brechas tan grandes entre las gratificaciones percibidas por el Oficial de Cumplimiento y los líderes de otras áreas exhibe una verdad innegable: la alta dirección no ha entendido las responsabilidades inherentes al puesto, y, por ende, ven al Oficial de Cumplimiento más como un gasto que como una inversión.
Desde la publicación en el DOF del 17 de marzo de 2011 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), tanto reguladas como no reguladas, en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los consultores hemos podido atestiguar el proceso de creación de los protocolos necesarios en muchas SOFOMES, los cuales guardan una característica en común: buscar una solución al precio más bajo para cumplir con las obligaciones legales, sin importar las consecuencias a mediano y largo plazo.
Evidentemente, las cabezas de las SOFOMES, al no poder “regatear” con los proveedores de los servicios de listas negras, de personas políticamente expuestas, de metabuscadores y de monitoreo de operaciones, prefirieron recortar sus gastos en el rubro de recursos humanos optando por promover a algún empleado menor del área jurídica o de auditoría interna al cargo de Oficial de Cumplimiento. En el mejor de los casos, contrataron los servicios de analistas para que estos, de un día para otro, les implementaran un protocolo antilavado, encargo que claramente superó a su experiencia, y que a mediano plazo se tradujo en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En ese sentido, en muchos de los oficios de observaciones de la CNBV se incluyó que el puesto de mérito recaía en una persona que carecía de los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad las obligaciones mínimas, además de que las áreas respectivas no contaban con el personal suficiente para supervisar los procesos de la entidad.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2012 se publicó la LFPIORPI, y con ella se pudo ver cómo los empresarios, a regañadientes, intentaron desahogar sus obligaciones con la creación de flamantes áreas de cumplimiento, lideradas por personal sin el discernimiento pertinente en la materia, creyendo que por el simple hecho de estar experimentados en temas contables, jurídicos o de auditoría serían capaces de hacer frente a las disposiciones antilavado que van mucho más allá del cumplimiento de normas jurídicas sino de la implementación de protocolos de administración de riesgos antilavado.
Sin duda, esta decisión les ha impedido el adoptar un régimen simplificado y verse realmente protegidos de ser utilizados por la delincuencia para dar a sus recursos una apariencia de legitimidad.
Tanto el sector financiero como el económico originaron lo que en el medio se le conoce como “Oficiales de Cumplimiento de veinte mil pesos”, lo cual se traduce en un responsable claramente limitado para planear, desarrollar e implementar los protocolos mínimos-máximos obligatorios por ley, por lo que, probablemente, el resto de ellos sean igual de vulnerables. De ahí que sea la primera pregunta de control mencionada previamente.
No es difícil comprobar que la contratación de este tipo de Oficiales de Cumplimiento es una tendencia, basta con revisar que las ofertas de trabajo no superan los citados $20,000 Pesos. En definitiva, el empresariado mexicano visualiza la prevención de lavado de dinero más como una pesada obligación que como una herramienta para blindarse de riesgos internos y externos.
El énfasis en el binomio sueldo-capacidad en un Oficial de Cumplimiento es vital, pues implementar un protocolo robusto antilavado no es una tarea fácil, al estar formado por cinco ejes fundamentales:
- Manuales operativos
- Sistemas automatizados
- Identificación y conocimiento de clientes, intermediarios y proveedores
- Capacitación
- Personal del cumplimiento adecuado y suficiente
La aplicación de los cuatro primeros puntos puede ser solventada con facilidad, al subcontratar a un proveedor externo. Sin embargo, esto no será útil en el momento en que estos sean llevados a cabo por una persona sin experiencia, apoyo e independencia necesarias para un Oficial de Cumplimiento trayendo como resultado las posibles sanciones por parte de la CNBV o del SAT, según proceda.
Entonces, quienes toman las decisiones directivas, cometen un gravísimo error al intentar ahorrar en el sueldo de un Oficial de Cumplimiento ya que no solo ponen en peligro a sus compañías, sino que también podrían ser sujetos de responsabilidades penales o económicas personales; tal vez deberían considerar el reducir los bonos de las áreas de ventas; antes de regatear la compensación de ese personal, es recomendable que se examinen los sueldos y bonos asignados a las demás áreas.
Cabe mencionar que una política de grandes bonos para los departamentos de ventas, es un factor de riesgo contemplado en diversos estudios para el combate a la corrupción, debido a que abre la posibilidad de que un empleado incurra en diversas acciones indebidas para llegar a su meta, como por ejemplo cometer fraude o romper las reglas de operación.
Es justo el evitar este tipo de irregularidades lo que está dentro de las funciones de un Oficial de Cumplimiento, quien llegado el momento decidirá la forma en que se llevará la investigación sobre el actuar del trabajador, para dilucidar si actuó solo o forma parte de una red, así como si se denunciará penalmente o se enviará el reporte de operaciones preocupantes internas. Un motivo más que comprueba la importancia de su papel.
Esa posición conlleva muchas responsabilidades y riesgos reales. Esta razón debe originar en quien esté pensando en aceptar tal cargo, meditar que sin el apoyo de la alta dirección, podría llegar a convertirse en un chivo expiatorio.
Como ejemplo de lo anterior, existen los supuestos en los que Oficiales de Cumplimiento con la capacidad de negociación suficiente, han obtenido como parte de sus beneficios laborales un seguro de responsabilidad profesional.
De hecho, en el ramo financiero, la CNBV inició el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión.
El examen que deberán aprobar quienes ostenten el cargo está fundado en una guía de estudio que en sus capítulos IV, V y VI contempla aspectos tan específicos como la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de 2014.
¿Un Oficial de Cumplimiento improvisado podrá acreditar ese examen?
Todos hemos escuchado y/o leído la frase “If you pay peanuts you get monkeys” ¿Y usted cuánto le paga a su Oficial de Cumplimiento?
¿OHL sale de la BMV para evitar que la CNBV la pueda multar nuevamente?
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la salida de OHL México como una posible medida para evitar ser regulada y multada nuevamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Enlace a la entrevista.
Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en Guadalajara
Estimados clientes y amigos
Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Cual es el valor agregado de este seminario?
El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Por tal motivo se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.
Es importante señalar que implementación de este seminario tendrá como fundamento la perspectiva de administración de riesgos y que los expositores, lidereados por nuestro Socio Director, tienen experiencia probada en el campo antilavado de más de 16 años adquirida en los sectores gubernamental, financiero y económico, esto permitirá a los asistentes el ir más allá del simple repaso del temario liberado por la CNBV.
La duración es de 25 horas a impartir en cinco días consecutivos y tiene un costo de $20,000 MXP (más impuestos) por persona.
Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 15% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para grupos de 3 o más personas.
El temario se integra de la siguiente manera:
Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.
Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.
II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.
II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Modulo III: Examen interno.
La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros y por tal motivo no hacemos público el lugar donde se llevará a cabo el evento sino hasta que finalice el proceso de admisión.
Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.
La CNBV reprueba al sistema financiero
El fin del valemadrismo financiero
El presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera: el aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegue a imponer a intermediarios financieros tales como Casas de Bolsa por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Al parecer los funcionarios de la CNBV entienden perfectamente que es viable manejar una política de entendimiento y apertura con los integrantes del sistema financiero pero, para que esto sea funcional, se requiere contar con un medio de coercitividad efectivo; por un lado tenemos el ya famoso “tablero de control” y por otro el posible aumento en las multas por algo así como 7 millones de Pesos; una cifra que no puede pasar inadvertida.
Pero ¿en que se traduciría esto? si el aumento es aprobado posiblemente estaríamos ante un cambio en la visión que muchos directivos financieros tienen sobre el Compliance; admitámoslo: al día de hoy para la mitad más uno de las mujeres y hombres de negocios en México esta materia es una molesta obligación que está contemplada en el apartado de costos de sus presupuestos, lo cual se refleja en sueldos ridículos, ausencia de software especializado, equipos de trabajo mínimo y, por supuesto, una total falta de apoyo para estos por parte de la alta Dirección.
Con el asenso en las multas la CNBV se estaría constituyendo como un “game changer” o como un “cleaner” del sistema financiero lo cual debe aplaudirse pero, por otro lado, los Oficiales de Cumplimiento deben preocuparse y en serio. No, no me refiero para aquellos que trabajen para Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES con protocolos antilavado robustos sino, tristemente, aquellos que se vean obligados a trabajar para entidades que han optado por apostarle a trabajar con los requisitos mínimos en materia de Compliance ya que “es más barato pagar multas que fortalecer procesos de riesgo”
Tal vez y solo tal vez llegó el momento de que las entidades financieras de todos los niveles en México vean, entiendan y copien (en la medida de sus posibilidades) el fenómeno que está ocurriendo en Wall Street donde los Compliance Officers ya están a la par de los CEO’S, CTO’S, CRO’S y demás posiciones estratégicas por lo que hace a sueldos y alcances dentro de sus instituciones.
Tal vez y solo tal vez estamos presenciando el comienzo del fin del valemadrismo financiero.