Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones”

¿Cual es la importancia de impartir este curso?

La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto actual de los principales conceptos de la Ley Antilavado, el Compliance Fiscal, los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado.

¿Cuál es el contexto del curso?

Hoy día ninguna empresa en México puede operar sin implementar un protocolo de gobierno corporativo que le garantice que podrán hacerle frente a los cuatro puntos de conflicto que tenemos detectados para el 2017:

1. El endurecimiento de las políticas de la Office of Foreign Assets Control para incluir a empresas y nacionales mexicanos que presenten cualquier vinculación con la delincuencia organizada.
2. La responsabilidad penal de las empresas contenida en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. El aumento en las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
4. El bloqueo “preventivo” de cuentas a cargo de los bancos.

De igual forma debemos señalar que en México el fenómeno de la corrupción ha gozado de un campo fértil debido a que no fue sino hasta fechas recientes que se comenzaron a analizar y aprobar algunas propuestas para su prevención y combate, casi todas desde los “think tanks” de la iniciativa privada. Sin embargo, la mayoría de las herramientas caen en un error sistemático: le adjudicaban la mayor parte de la culpa y/o responsabilidad a los funcionarios públicos dejando prácticamente libre del escrutinio al empresariado obviando con ello los principios elementales de la Administración de Riesgos, en particular el riesgo de corrupción y asumiendo esta tarea como un costo administrativo.

Esta visión del problema nos llevó a concluir que al estar radicada la corrupción en el sector público esta se presentaba al interior de una empresa como“hechos aislados”; por ello las corporaciones decidieron no solo dotar a las áreas de cumplimiento con los recursos mínimos sino que además su personal difícilmente tenía la experiencia suficiente como para enfrentar a una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados.

¿Que aprenderán los asistentes?

Aprenderán cómo es que las empresas en México deben auxiliarse de  políticas de gobierno corporativo que les permita enfrentar, de manera concreta, los siguientes riesgos:

1. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. El Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Inclusión en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4. El impacto reputacional.
5. Inclusión en las listas negras de la Office of Foreign Assets Control.
6. El “bloqueo preventivo” a cargo de los Bancos.
7. El De-risking.
8. Tratamiento de Operaciones Preocupantes Internas.
9. Programas de gestión del riesgo de corrupción en el ámbito empresarial.
10. Compliance Fiscal.

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos.
I.II. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
I.III. ¿Cómo se lava el dinero en México?
I.IV. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.
I.V. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
II.II. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
II.III. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado.
II.IV. Investigación de Debida Diligencia.
II.V. La importancia de un Manual interno antilavado.
II.VI. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero.

Modulo III.
III.I Elementos para enfrentar la Responsabilidad Penal de las empresas.

Módulo IV. Compliance Fiscal
IV.I. Repercusiones Fiscales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en los contribuyentes con actividades empresariales

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS, Gerardo Mandujano, Director de la práctica de Compliance Fiscal y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración de 8 horas y su costo es de $3,300 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos las constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos

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Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas en la materia; derivado de ello pude entrar en contacto con la problemática que están enfrentando al intentar cumplir con sus obligaciones.

A mi juicio los rubros más señalados por quienes trabajan en las áreas de cumplimiento fue el fenómeno del “De-Risking” adoptado de manera extraoficial por varias instituciones financieras, la polarización de ofertas de capacitación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento y, por último, la falta de retroalimentación por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y/o de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas tres quejas tienen un tronco común: los Oficiales de Cumplimiento no tienen la experiencia suficiente que les permita rebatir la cancelación de las cuentas bancarias de sus instituciones porque los Bancos consideraron que son clientes de alto riesgo; no pueden pagar (a menos que sus instituciones los beque) los aproximadamente $20,000 Pesos que cuesta un buen curso para la certificación de la CNBV y, por último, en el caso de que trabajen para una empresa que clasifique como actividad vulnerable, los encargados del cumplimiento (llamémoslos también Oficiales de Cumplimiento) quienes usualmente son empleados que fueron movidos de área y que a lo mucho recibieron una capacitación antilavado que suele ser contratada a Despachos de Abogados y Contadores que llega a costar la módica cantidad de $500 Pesos por persona y que está basada en una mera repetición de los artículos de la LFPIORPI, su Reglamento y, si se tiene suerte, de sus Reglas de Carácter General no logran obtener del SAT y/o de la UIF la información suficiente como para implementar un sistema de administración de riesgos que les permita optar por un régimen simplificado.

Es decir, creo que el problema más recurrente que enfrentan los encargados de cumplir con las complejas obligaciones en materia antilavado sigue siendo la falta de capacitación, lo cual es un mero reflejo de otra realidad: el Compliance a la fecha es considerado como un área de costo por lo que no se le asigna un presupuesto adecuado por lo que en no pocos casos los Oficiales de Cumplimiento terminan por contratar por su cuenta la capacitación que les fue negada.

 

No pocos Oficiales de Cumplimiento terminan por ajustar su falta de capacitación a su operatividad de manera tal que logran sobrevivir “un día a la vez”, vamos, algo así como el famoso “si no está roto no lo arregles” sin tener en cuenta que el sistema se acerca a pasos agigantados a un escenario en el cual se les puede llegar a hacer responsables de las fallas en las que sus instituciones incurran ya sea por un error directo de ellos o, dado el caso, por errores de terceros que imparten en sus funciones como lo podría ser el una investigación errada de debida diligencia, un fraude interno o la ausencia de reportes entre diversas posibilidades. De hecho no puede ignorarse que algunos Oficiales de Cumplimiento, de ese pequeño grupo que pertenece a la elite, ya incluyen en sus negociaciones salariales un “Directors and officers liability insurance” o seguro de responsabilidad profesional antilavado que ha cobrado notoriedad en los Bancos y empresas de los Estados Unidos y Europa ¿el motivo? el Presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera; se propone un aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente (algo así como 7 millones de Pesos) para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegue a imponer a intermediarios financieros por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Usualmente al comienzo de mi carrera en el mundo del Compliance solíamos decir que los cajeros (en el mundo financiero) eran la primera línea de defensa por lo que era necesario capacitarlos debidamente, hace un par de años la cambié para afirmar que la alta Dirección era la primera línea de defensa pero, ahora, creo que llegó el momento para afirmar que son los Oficiales de Cumplimiento quienes integran la verdadera primera línea de defensa por lo que resulta indispensable que estos reciban la capacitación adecuada a los riesgos que sus empresas o entidades enfrenten.

Evidentemente no podemos pedir que sean becados para asistir a una capacitación antilavado con la autoridades de Australia como lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con uno de sus Magistrados ya que, hasta donde sabemos, eso le costaría a sus jefes tan solo $542,000 Pesos en boletos de avión.

¿Entonces que deben hacer los Oficiales de Cumplimiento para capacitarse? mi respuesta sería revisar lo que ofrece el mercado con base en los siguientes parámetros:

1. Un temario que incluya:

Los aspectos básicos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 10% del tiempo de la capacitación.

Una explicación sobre el marco jurídico en México de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el sector financiero (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Una explicación sobre Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Como implementación de un programa sustentable de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema económico y financiero que permita optar por un régimen simplificado (No más del 20% del tiempo de la capacitación).

Discusión de casos prácticos incluyéndose tipologías sectoriales (No más del 10% del tiempo de la capacitación).

2. La duración recomendada va de las 4 a las 6 horas tratándose de eventos de un día.

3. Optar por eventos de grupos reducidos ya que esto permite la interacción moderada con el expositor.

4. No dejarse engañar por empresas que promocionan sus cursos bajo el supuesto de poseen validez oficial; en la mayoría de los casos esto se traduce en aquella otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar capacitación en cualquier materia. En casos graves hemos detectado cursos que ostentan una certificación de la CNBV, cosa que a la fecha no existe sino hasta que concluya el proceso de certificación de Oficiales de Cumplimiento que ya hemos señalado.

5. Preferir a expertos mexicanos ya que, a diferencia de expositores extranjeros, estos son quienes conocen los vericuetos de las legislaciones antilavado. Esto con la salvedad de que se trate de seminarios de asociaciones debidamente reconocidas.

6. Revisar el CV del expositor y preferir los ofrecidos por profesionistas acreditados en la materia; un renombrado Fiscalista o Penalista jamás los ayudará a implementar un sistema automatizado antilavado o a enfrentar una operación preocupante interna.

7. Aunque el mercado ofrece alternativas recomiendo tener cuidado con cursos cuyo costo sea notoriamente bajo comparado con el resto del mercado; dado el caso sería prudente retomar lo señalado en el punto 6.

La materia antilavado posee el sobrenombre de administración de riesgos y eso es lo que un Oficial de Cumplimiento debe hacer: evaluar los riesgos que está enfrentando para tomar la decisión correcta y preparase para cuando llegue el momento de enfrentar una situación critica. Si es viable tomar curso tras curso de actualización fiscal ¿porqué no hacer lo mismo en materia antilavado?

Salvador Mejía.

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en la Ciudad de México.

Excelsior

Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Por tal motivo se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

Es importante señalar que implementación de este seminario tendrá como fundamento la perspectiva de administración de riesgos y que los expositores, lidereados por nuestro Socio Director, tienen experiencia probada en el campo antilavado de más de 16 años adquirida en los sectores gubernamental, financiero y económico, esto permitirá a los asistentes el ir más allá del simple repaso del temario liberado por la CNBV.

La duración es de 25 horas a impartir en cinco días consecutivos y tiene un costo de $20,000 MXP (más impuestos) por persona.

Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 15% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para nuestros clientes recurrentes y grupos de 3 o más personas.

El temario se integra de la siguiente manera:

Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.

Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.

II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.
II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Modulo III: Examen interno.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros y por tal motivo no hacemos público el lugar donde se llevará a cabo el evento sino hasta que finalice el proceso de admisión.

Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a  info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Seminario para el examen de Oficiales de Cumplimiento

CNBV

Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En este marco la CNBV dio inicio a un proyecto para certificar el nivel de conocimientos de los oficiales de cumplimiento y de todas aquellas personas que estuvieran relacionadas con los procesos de prevención de lavado de dinero dentro de las instituciones financieras. Dicho proyecto se denominó “Proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” y el cual tradujo en la presentación de una serie de exámenes.

El elevado numero de reprobados durante la primera ronda de este examen ha demostrado que los sustentantes no pueden confiar exclusivamente en su experiencia como oficiales de cumplimiento y/o auditores externos y que necesitan el apoyo de expertos en administración de riesgos antilavado para poder entender el contenido el temario oficial y que, de igual forma, no deben confiar su preparación en cursos “express” en los cuales se limiten a leer el contenido de las guías de estudio oficiales.

Por ello en ASIMETRICS hemos decidido implementar seminarios impartidos por nuestro Socio Director Salvador Mejía los cuales estarán basados en los principios elementales del AML/CFT risk‐based approach conjuntando adecuadamente los aspectos teóricos-operacionales y que podrán ser tomados por oficiales de cumplimiento, auditores externos, asesores o inclusive por cualquier integrante de las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras con la mera finalidad de fortalecer sus conocimientos en la materia antilavado y potenciar su desarrollo profesional.

Nuestro seminario se desarrolla en la Ciudad de México y tiene una duración de 25 horas y el temario se encuentra dividido en tres apartados:

I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV

II. Estudio del temario y guías oficiales

CAPITULO 1: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 2: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 3: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

CAPITULO 4: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

CAPITULO 5: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 6: Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

CAPITULO 7: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control

CAPITULO 8: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

III. Examen

El costo por persona es $16,250 MXP (más impuestos) y si usted se encuentra interesado en asistir a nuestros seminarios o recibir más información podrá escribirnos a info@asimetrics.net  

En el caso de que usted requiera que el seminario sea impartido directamente a su equipo de trabajo háganoslo saber para ofrecerle un paquete personalizado.

No dude en escribirnos.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015

Lugar: Ciudad de México 

Informes: info@asimetrics.net   

Duración: 5 horas

Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos

Modalidad: Presencial

Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado.

Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Dirigido a: Empresarios, Abogados, Contadores, Periodistas, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos  y público en general, en especial aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Expositor: Salvador Mejía Álvarez

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en México y Estados Unidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo así como de Inteligencia y Contrainteligencia.

Salvador es Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador del noticiero Segunda Emisión de Noticias MVS, de la revista IDC así como analista invitado para diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros; de igual forma es expositor para la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), asociaciones empresariales y para agencias gubernamentales de México y de los Estados Unidos.

Requerimientos: los asistentes podrán llevar laptops y/o tabletas electrónicas para realizar ejercicios investigaciones de debida diligencia en tiempo real, desarrollo de matrices de riesgo y manuales antilavado.

Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. La importancia de un Manual interno y la investigación de Debida Diligencia 

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

III.I. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?

III.II. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

Prevención de lavado de dinero ¿mito o realidad?

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No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto pretenda ser minimizado, matizado o francamente ignorado por empresarios, académicos, consultores e inclusive por funcionarios públicos poniendo en juego con ello su seguridad jurídica, patrimonial e inclusive sus vidas. Ese es el escenario que priva respecto del nuevo marco regulatorio en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para México.

En palabras del Banco Mundial, el lavado de dinero es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar su origen ilícito; para completar el concepto se puede agregar que su finalidad está en lograr que los recursos financieros o materiales sean integrados al sistema económico o financiero sin importar que existan “perdidas” ya que esto es parte del principio “perder para ganar”.

Con apego a la honestidad, debe señalarse que fueron los Estados Unidos de América (EUA), quienes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cambiaron al mundo activando un auténtico ejército de normas jurídicas y metajurídicas para combatir el financiamiento al terrorismo, y en menor medida, al lavado de dinero pues en ese momento eran las organizaciones terroristas, y no los cárteles de la droga, quienes representaban para ellos la mayor amenaza.

Esa modificación global inició con la Kingpin Act y la U.S. Patriot Act, además de las casi ilimitadas facultades conferidas a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), brazo armado del Departamento del Tesoro, cambiando drásticamente la forma de hacer negocios. Con esto, si una persona o empresa es incluida en la lista negra de la OFAC (herramienta a cargo, como otras listas más, de diversos Estados y organismos internacionales), sus cuentas bancarias y bienes ubicados en los EUA podrán ser congelados sin necesidad de un proceso penal previo.

Al paso de los años, el gobierno norteamericano también incluyó al crimen organizado a su lucha, al darse cuenta que estos grupos se estaban aliando con organizaciones terroristas, saltando a la vista los casos de Colombia y Afganistán, creando una nueva figura: el terrorismo híbrido. A partir de entonces, tanto empresas como personas en México comenzaron a ser añadidas en las referidas listas negras, y, por ende, el vigilar con quien se hacían (o no) negocios se volvió una necesidad básica.

Las autoridades mexicanas, al igual que las de otras naciones, siguieron el ejemplo norteamericano en la medida de lo posible, toda vez que de no hacerlo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como organismo encargado de evaluar las políticas antilavado a nivel mundial, podría calificarlas de forma negativa impactando de gravedad en el nivel de riesgo-país, como casi le sucede a Argentina.

Con esas motivaciones, el 14 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como ley antilavado.

Esta Ley se originó de una observación del GAFI a raíz de una evaluación ejecutada a México en el 2008. En ella se determinó que el sistema jurídico nacional en materia de prevención de lavado de dinero se limitaba al sistema financiero y dejaba fuera a las actividades estimadas vulnerables (equivalentes a los Designated Non Financial Businesses and Professions) resultando necesario obligar a ciertas ramas comerciales o profesionales como los desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, médicos, agencias de autos, hoteles, instituciones de beneficencia, servicios de blindaje y agentes aduanales entre muchas otras a implementar medidas de control.

Lo más visto en la práctica es que los empresarios no están más interesados en proteger el patrimonio, reputación y seguridad jurídica de las empresas para las cuales trabajan o participan como accionistas, así como el de ellos mismos, aun frente al enorme riesgo que existe cuando estas corporaciones clasifiquen como actividades vulnerables de acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI, que cataloga profesiones y giros comerciales que por su simple objeto social y/o, dado el caso, por su operatividad se consideran propensos a ser utilizados por la delincuencia para participar en el ciclo de lavado de dinero o de activos.

Esta aseveración se encuentra respaldada en la gran cantidad de empresas cuyos Directivos han optado por contratar consultoría y servicios a precios notoriamente bajos así como por promover Juicios de Amparo que, muy probablemente, serán perdidos dejando a las empresas en estado de incumplimiento de sus obligaciones.

Si por alguna razón este argumento no resulta lo suficientemente sólido debemos voltear hacia la OFAC y recordar que una sentencia de Amparo significa nada para ellos.

Al estar inmersas en ese consideración, las compañías deben (o deberían) implementar protocolos internos de prevención de blanqueo de capitales como un simple acto de supervivencia y, además, a cumplir puntualmente con sus obligaciones derivadas de la ley antilavado, es decir, a identificar y conocer a sus clientes, capacitar a su personal, abstenerse de realizar algunas transacciones comerciales, enviar al SAT reportes regulatorios, resguardar la información relacionada y atender las visitas de inspección de las autoridades.

Costo de la prevención

Una de las dudas recurrentes dentro de los directivos de las empresas compelidas a cumplir con la LFPIORPI, es su costo. Esa interrogativa posee la siguiente repuesta: incumplir con esa Ley acarrea multas de más de $4,000,000.00 y/u ocho años de prisión, sin dejar de lado las sanciones del Código Penal Federal, el CFF, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, entre otros cuerpos normativos y estatales, así como ordenamientos aplicables en México y los EUA; en resumen, es más redituable optar por la medicina preventiva que por la terapia intensiva.

Frente a ese veredicto, hay quienes entienden el riesgo enfrentado y toman decisiones basadas en análisis de riesgos diseñados ex profeso para la operatividad de sus empresas lo cual, al momento de implementar sus protocolos de prevención de lavado de dinero, les permitirá optar por una suerte de régimen simplificado en el entendido de que sus clientes y operaciones serán considerados como de “bajo riesgo”, pero también los hay quienes voltean hacia otra dirección disimulando, pues para ellos el proteger las operaciones de las corporaciones es un costo y no un beneficio.

Otro factor de peligro está en los proveedores de servicios y consultores fraudulentos que, irresponsablemente, vieron la posibilidad de celebrar negocios e iniciaron ofertando productos relacionados con el cumplimiento de la LFPIORPI a precios irrisorios bajo la premisa de que, al no ser funcionales, no tienen motivo para gastar en el desarrollo de esos productos.

Es lamentable la excelente recepción que han tenido esas herramientas en ese sector empresarial que no está dispuesto a invertir en un programa robusto de prevención de lavado de dinero, contratando servicios de capacitación, manuales operativos y consultoría genéricos, y en un rubro todavía más complejo, adquiriendo softwares que no atienden a los aspectos mínimos de una herramienta desarrollada y validada bajo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

El SARLAFT es un proceso metodológico que confronta la operación del cliente contra el marco regulatorio y los factores externos, definiendo el nivel del riesgo real que aquel afronta o que pudiese llegar a hacerlo, aunado a mostrarle cuáles son sus áreas de riesgo. Con este ejemplo, los empresarios mexicanos pueden diseñar un plan de trabajo que elimine o minimice los riesgos inmediatos y de mediano plazo y establecer medidas y políticas enfocadas a verificar que sus actividades se conducen bajo los parámetros de la legislación nacional.

A más de dos años de la publicación de la ley antilavado y sus ordenamientos secundarios han empezado a entreverse los inconvenientes derivados de las compraventas de estos servicios. En particular, ha habido un aumento en la oferta de softwares para satisfacer las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, pero es notorio que estos no concuerdan con los parámetros necesarios, provocando que las empresas no puedan cumplir con sus obligaciones, ni protegerse de ser utilizadas por la delincuencia organizada, tirando su dinero a la basura.

No es difícil encontrar ejemplos de SOFOMES y compañías que han adquirido aparentes softwares antilavado y no han resultado ser más que instrumentos promedios de gestión de cartera, adicionados con módulos nombrados, pomposamente, como “PLD” (Prevención de lavado de dinero), pero que sin duda no podrá comunicar la información de los sistemas de originación de cartera y cobranza con los atinentes a la regulación del blanqueo de capitales.

Quienes ofertan los referidos sistemas logran enganchar a las corporaciones ofreciendo en primer término un breve tiempo de implementación (menos de un mes) fácilmente operable, aun cuando la experiencia ha demostrado que el lapso requerido es de casi un año junto a una capacitación específica para el personal; en segundo término, se ofrece un programa que permite capturar los datos demográficos del cliente, intermediario o proveedor a investigar, así como la digitalización y almacenaje de imágenes como comprobantes de domicilio, actas constitutivas, pasaportes o credenciales de elector, tal y como lo haría cualquier instrumento de originación de créditos. Sin embargo, la falla trascendental está en que no son capaces de realizar búsquedas en las listas negras o en las de personas políticamente expuestas, o auxiliándose de los metabuscadores (localizan datos en los motores de búsqueda más usados, porque carecen de bases de datos propias, y muestran una combinación de las mejores páginas devueltas por los buscadores utilizados).

Verbigracia, un expediente de identificación generado con los datos obtenidos mediante ese tipo de sistemas sería rechazado por la autoridad reguladora, al no cumplir con las bases de la ley antilavado, ya que un archivo de debida diligencia o “due dilligence” está integrado por dos investigaciones del cliente: la primera es la identificación, que implica la obtención de información y documentación que asegure que la persona o empresa es quien dice ser, y la segunda, es la del conocimiento, en donde se investiga a profundidad sus antecedentes para contar con la seguridad de la no existencia de impedimentos para llevar a cabo negocios con él.

Para efectos de lo anterior, es indispensable seguir el siguiente protocolo, respecto al cliente, proveedor o intermediario:

  • revisar que el nombre o razón social no concuerde con el contenido de cualquier lista negra o con el resultado obtenido de cualquier búsqueda en Internet más allá de un “falso positivo”
  • verificar que los datos demográficos, como el domicilio particular, comercial o fiscal, fecha y lugar de nacimiento o de constitución, nacionalidad, entre otros más, no estén señalados en alguna lista negra
  • comprobar la autenticidad en la medida de lo posible de la documentación soporte
  • examinar si el cliente o alguno de sus familiares se dedica a alguna actividad vulnerable o está clasificado como persona políticamente expuesta
  • conservar la documentación junto con los resultados obtenidos

Software ¿herramienta útil?

Vistas las contrariedades de las herramientas informáticas comercializadas, surge la duda respecto a si en realidad estas son útiles para ayudar a desarrollar las investigaciones de los clientes, y la respuesta es sí.

El uso de un software para la prevención de lavado de dinero es tan importante en las entidades financieras y en las compañías, que en todas las disposiciones de carácter general de la materia contienen un apartado específico para el tema de sistemas automatizados.

De hecho, en este momento existe un “boom” de aplicaciones tecnológicas móviles que auxilien al personal de una empresa para reportar cualquier situación sospechosa, que rompa los parámetros transacciones y/o que viole normas o códigos de conducta de las empresas; la razón que apuntala el creciente auge en las “Apps” anticorrupción radica en los numerosos casos en los cuales el personal que detecta una situación anómala se llega a ver impedido para “escalar” sus inquietudes, las cuales al larga han derivado en escándalos de corrupción.

A pesar de la enorme trascendencia de un programa de esta naturaleza, antes de decidir por comprar un software antilavado, es imperioso reunirse con un especialista que identifique los riesgos operacionales a enfrentar para poder definir el idóneo. Además, este profesional auxiliará a desarrollar los parámetros de las matices de riesgo y los manuales internos en materia de prevención.

Un consultor adecuado efectuará pruebas básicas para desentrañar si el software pretendido no es tan solo un cascarón, es decir, que no es un sistema ideado para otros fines, y, por ende, incapaz de aportar los elementos necesarios para cumplir con la LFPIORPI.

El ejemplo de una correcta planeación lo podemos ver en algunas instituciones financieras en las que las áreas tecnológicas y de Compliance han trabajado arduamente durante los últimos dos años para desarrollar, después de un extenso estudio de sus operaciones y con la ayuda de asesores externos, sistemas de PLD in house. Aun cuando se encuentran en periodos de prueba, estos han logrado mejorar las funciones de los softwares anteriores, al conjuntar en una sola búsqueda resultados e interpretación de las listas negras o de personas políticamente expuestas, metabuscadores y las de sistemas open source, entregando los resultados al analista en cuestión de minutos.

Hacia dónde va la prevención

Se estima que una vez que estos programas entren de lleno en funciones se dejará atrás a la minería de datos, a los sistemas predictivos y a las alertas tempranas, para dar paso por fin a una verdadera inteligencia artificial en prevención del blanqueo de capitales.

El camino emprendido por las instituciones bancarias inició después de realizar un análisis de riesgos, pues entendieron que la adquisición de sistemas automatizados globales no era la mejor opción, ya que no solo su costo era elevadísimo, sino que además eran complejos, estaban redactados en un inglés técnico, sus parámetros requerían ser reprogramados para mostrar alertas por operaciones que rompieran con los parámetros transaccionales y la mayoría de sus reglas no concordaban con la normatividad mexicana.

Ejemplo de lo anterior está en los lineamientos para detectar operaciones “Hawala”, que es un sistema de remesas del medio oriente señalado por las autoridades norteamericanas para identificar el financiamiento de actividades terroristas, y naturalmente, no es aplicable para nuestro país.

No es difícil advertir la notoria diferencia de visión y laxitud de cumplimiento entre el sector financiero y el empresarial en la lucha para la prevención y combate al lavado de dinero, toda vez que en el primer rubro, los integrantes de tal sector llevan muchos años trabajando bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) junto con sus facultades para practicar visitas de inspección, imponer fuertes multas e incluso revocar las licencias de operación, mientras que en el segundo, el SAT todavía se encuentra en el proceso de implementación de la LFPIORPI, por lo tanto, no ha sido posible iniciar con las visitas de inspección, generando (y casi alentado) que los empresarios pospongan la adopción de prácticas corporativas alineadas a la materia de la Ley.

No obstante, se aprecian elementos que indican que será en el 2015 cuando el SAT, como autoridad supervisora, comenzará con la etapa operativa de la Ley, y de acuerdo con los hechos observados en la práctica, será notorio que el sector privado no aprovechó la vacatio legis extendida y será presa fácil de las referidas visitas y las elevadas multas atinentes al incumplimiento, sumando a esto, el deber de subsanar las observaciones resultantes, que sin duda, se hubiesen evitado si desde un principio se hubieran erogado los recursos necesarios para acatar la LFPIORPI.

Conclusiones

Es inaceptable seguir aplazando el aceptar que el combate al blanqueo de capitales ya es una realidad en nuestra nación, y que más allá del carácter imperativo de las normas antilavado, el papel de los particulares es de coadyuvancia con las autoridades, empero, este no será impedimento para que quienes incumplan con sus obligaciones sean objeto de fuertes multas e incluso responsabilidades penales.

Al observar la importancia de este tema, el segundo punto a acotar será el relacionado con la implementación de las medidas y programas necesarios para contar con un verdadero sistema que ayude no solo a cumplir con las disposiciones legales, sino que también sea capaz de generar un cambio real dentro de la operación del agente económico.

Es un hecho palpable que al interior de la SHCP la competencia dará inicio entre la CNBV y el SAT para ver quien colabora mayormente en el combate al lavado de dinero, siendo el indicador principal la imposición de multas.

Por eso, el mejor consejo para las compañías es que revisen y, de ser posible, fortalezcan sus herramientas de prevención de lavado de dinero, o en el supuesto de no contar con alguno, se planee adquirir una, teniendo en mente dos perspectivas:

  • la etapa inicial siempre será la más compleja, por lo que es imperioso trazar la ruta crítica a seguir basándose en un análisis de SARLAFT
  • la implementación de un buen software requiere tiempo y dinero, mas si su ejecución es adecuada, se podrá optimizar para que también sea auxiliar en evitar otros riesgos como los fraudes (internos y externos) y la cartera vencida

Antes de adquirir un software revise si:

  • satisface sus niveles de riesgo, de acuerdo con sus operaciones
  • cumple con las medidas y políticas prescritas en la legislación nacional
  • ofrece una búsqueda conjunta con la información de listas negras o de personas políticamente expuestas
  • los expedientes generados identifican y conocen a su cliente
  • las alertas transaccionales arrojadas son aplicables en México

Artículo publicado originalmente por el autor en Noviembre de 2014 en la revista IDC.