Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

Bitcoin

Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad. El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, oficiales de cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley.

Nuestra meta es que el participante adquiera los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

El temario se integra de la siguiente manera:

Día uno

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

I.IV. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

I.V. ¿Que es el SARLAFT?

I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Día dos

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. Investigación de Debida Diligencia

II.IV. La importancia de un Manual interno antilavado

II.V. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

El curso tendrá una duración de 10 horas y será impartido los días 1 y 2 de junio de 2016 en la Ciudad de México de 9 a 2 PM y tendrá un costo de $6,525 MXP (más impuestos) por persona pero los agremiados a la Barra Mexicana de Abogados tendrán un descuento del 15%

En el caso de que requieran implementar un seminario para sus Empresas, Firmas o Entidades podemos desarrollar un evento acorde a sus necesidades.

Para poder inscribirse los interesados deberán enviar un correo a info@asimetrics.net en el cual incluyan una breve explicación del porqué requieren tomar el curso junto con su CV.

Quedamos, como siempre, a las órdenes.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015

Lugar: Ciudad de México 

Informes: info@asimetrics.net   

Duración: 5 horas

Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos

Modalidad: Presencial

Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado.

Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Dirigido a: Empresarios, Abogados, Contadores, Periodistas, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos  y público en general, en especial aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Expositor: Salvador Mejía Álvarez

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en México y Estados Unidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo así como de Inteligencia y Contrainteligencia.

Salvador es Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador del noticiero Segunda Emisión de Noticias MVS, de la revista IDC así como analista invitado para diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros; de igual forma es expositor para la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), asociaciones empresariales y para agencias gubernamentales de México y de los Estados Unidos.

Requerimientos: los asistentes podrán llevar laptops y/o tabletas electrónicas para realizar ejercicios investigaciones de debida diligencia en tiempo real, desarrollo de matrices de riesgo y manuales antilavado.

Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. La importancia de un Manual interno y la investigación de Debida Diligencia 

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

III.I. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?

III.II. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

BITCOIN y las actividades vulnerables

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Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de septiembre encontramos un comunicado sin fecha mediante el cual, de manera simple y llana, se hizo del conocimiento de los particulares que se había incluido a los activos virtuales (tales como bitcoin, litecoin, peercoin, LEOcoin y demás) en el supuesto contenido en el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

Es decir que ¿a partir de 14 de Septiembre de 2015? se prohibe dar cumplimiento a obligaciones, y en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante tales instrumentos, en cualquiera de los siguiente supuestos:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

De la simple lectura de este comunicado se advierten problemas muy puntuales:

Al incluirse esta información en la página del SPPLD posiblemente se violentan diversos principios jurídicos como el de la reserva de ley, de la jerarquía de leyes, de relación jurídica y de seguridad jurídica toda vez que la UIF y el SAT hicieron suyas funciones exclusivas del Poder Legislativo al incluir a las llamadas monedas virtuales en el supuesto de prohibiciones contenido en el artículo 32 de la Ley Antilavado, es decir que el SAT y/o la UIF legislaron de un plumazo.

La UIF y el SAT no especifican cual será la medida de conversion para las monedas virtuales ya que, lo único que sabemos es que el BITCOIN se cotiza en algo así como en $3,890.75 Pesos mexicanos ¿cual es el tipo de cambio oficial para monitorear estas operaciones? recordemos que por lo que hace a las operaciones con Dólares de los Estados Unidos por lo menos se tiene el tipo de cambio publicado por Banco de México

¿Cuales serían las bases jurídicas para que los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables hagan frente a esta “nueva” obligación? esto no está contemplado ni en la Ley ni en su Reglamento ni en sus Reglas de Carácter General.

¿A partir de cuando aplicará este criterio? ¿Es retroactivo? 

Otro grave problema es que la UIF y el SAT están inaugurando la modalidad de legislar mediante publicaciones en páginas web lo cual, nuevamente, vulnera la seguridad jurídica de quienes clasifiquen como actividades vulnerables ya que hoy mismo podrían bajar esta información, imaginemos que los particulares que decidan impugnar esta obligación ante un juzgado tengan que mostrar una captura de pantalla notariada.

Usualmente defiendo los alcances de la Ley Antilavado junto con la necesidad de que esta sea funcional pero, en este caso, creo que existe un amplio margen de maniobra en materia de Amparo.

Los Oficiales de Cumplimiento no están listos para fallar.

Los pasados 29, 30 y 31 de Julio de 2015 tuve la oportunidad de participar como expositor en la 9ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); el asistir a este tipo de eventos siempre trae el valor agregado de reencontrarse con amigos y colegas, de fortalecer y crear redes de contacto y escuchar de primera mano a los funcionarios públicos pero, por encima de todo, el ser expositor y ser visto y escuchado por más de 150 colegas por tres días conlleva un plus: los participantes te buscan para exponerte sus dudas y preocupaciones off the record.

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De todas las preocupaciones que escuché me quedo con 3:

1. Sueldos bajos: pese a que la opinión general es que los expertos antilavado que trabajan dentro del sistema financiero perciben excelentes sueldos, como es el caso de sus colegas en Estados Unidos, esto es incorrecto. Los rangos de la mayoría de mis colegas llegan a estar por debajo de la mayoría de las áreas sensibles de sus organizaciones.

Esto me obligó a recordar mi colaboración del 31 de Julio en la revista IDC: “Oficial de cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?” en la que planteo que no es difícil encontrar sueldos anualizados de $280,000 Pesos en instituciones financieras mexicanas cuando, en Estados Unidos, los sueldos anualizados más bajos para expertos en Compliance rondan los $581,000 Pesos acorde con lo publicado por PayScale.

2.  Operaciones preocupantes internas: Muchos colegas compartieron como un escenario común el que tras realizar procesos de due diligence junto con investigaciones de redes de vínculos encontraron a células de empleados involucrados en posibles esquemas de fraude y/o de lavado de dinero dentro de sus instituciones pero, al ser presentadas las investigaciones a los Comités de Comunicación y Control, estos eran francamente desestimados y, en algunos casos, las investigaciones se volvieron en contra de ellos.

“En nuestras entidades se lava dinero… es un hecho” fue la conclusión de varios de ellos.

3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Hay poca, muy poca información respecto de la Ley antilavado por parte del Servicio de Administración Tributaria lo cual está siendo aprovechado por Abogados y Contadores cuya práctica habitual no está enfocada en esta materia lo cual solo está creando situaciones de riesgo para las actividades vulnerables.

Tras recordar con atención las conversaciones con mis colegas me quedo con una pregunta: ¿Los Oficiales de Cumplimiento están listos para fallar? Porque eso puede ocurrir si no tienen el apoyo de la alta dirección de sus instituciones y/o empresas.

ANALISIS SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de “lavado de activos” y, en consecuencia, han sido clasificados como ACTIVIDADES VULNERABLES.

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Estos profesionistas y/o empresas están obligados a dar cumplimiento a diversos requerimientos jurídicos tales como:

  1. Identificar y conocer a sus clientes
  2. Abstenerse de realizar determinadas transacciones comerciales
  3. Enviar al Servicio de Administración Tributaria los reportes regulatorios correspondientes.
  4. Mantener a buen resguardo la información relativa y
  5. Atender las visitas de inspección a cargo de las autoridades
  6. Una situación que pone en riesgo la seguridad jurídica, económica y reputacional es que la dinámica para autodeterminar si se es, o no, una actividad vulnerable (y en consecuencia un sujeto obligado) no puede limitarse al mero estudio de su objeto social o de la actividad económica preponderante; es decir que se debe analizar si algún producto, servicio, alianza o estrategia comercial, operación interna y/o cualquier otro componente de las operaciones diarias se coloca en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley.

Evidentemente, aunque un particular no analice esto o concluya que no es un sujeto vulnerable por su mero objeto social no lo eximirá de que las autoridades puedan llegar a la conclusión de que clasifica como tal para inmediatamente exigirle el cumplimiento de sus obligaciones y, si el caso lo amerita, imponiéndole cualquiera de las sanciones contenidas en la Ley que pueden ser multas de más de $4,000,000 de Pesos y/o 8 años de prisión, esto claro, con independencia de las sanciones contenidas dado el caso en el Código Penal Federal, El Código Fiscal de la Federación y la Ley de Extinción de Dominio entre otras Leyes y ordenamientos aplicables en México y Estados Unidos.

En atención a esto, y en consideración a que a partir del 17 de Marzo se deben presentar los siguientes reportes regulatorios en materia de prevención de lavado de dinero, me permito hacerles llegar un análisis sobre las actividades vulnerables contempladas en el referido Articulo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

 

ACTIVIDAD

PARTICULARIDADES

MONTOS

Cualquier práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. Venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;

d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o

e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley.
La prestación de servicios de fe pública A. Tratándose de los notarios públicos:a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;

c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.
B. Tratándose de los corredores públicos:a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles;

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar;

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado.
C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley.
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley.
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.

Prevención de lavado de dinero ¿mito o realidad?

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No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto pretenda ser minimizado, matizado o francamente ignorado por empresarios, académicos, consultores e inclusive por funcionarios públicos poniendo en juego con ello su seguridad jurídica, patrimonial e inclusive sus vidas. Ese es el escenario que priva respecto del nuevo marco regulatorio en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para México.

En palabras del Banco Mundial, el lavado de dinero es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar su origen ilícito; para completar el concepto se puede agregar que su finalidad está en lograr que los recursos financieros o materiales sean integrados al sistema económico o financiero sin importar que existan “perdidas” ya que esto es parte del principio “perder para ganar”.

Con apego a la honestidad, debe señalarse que fueron los Estados Unidos de América (EUA), quienes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cambiaron al mundo activando un auténtico ejército de normas jurídicas y metajurídicas para combatir el financiamiento al terrorismo, y en menor medida, al lavado de dinero pues en ese momento eran las organizaciones terroristas, y no los cárteles de la droga, quienes representaban para ellos la mayor amenaza.

Esa modificación global inició con la Kingpin Act y la U.S. Patriot Act, además de las casi ilimitadas facultades conferidas a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), brazo armado del Departamento del Tesoro, cambiando drásticamente la forma de hacer negocios. Con esto, si una persona o empresa es incluida en la lista negra de la OFAC (herramienta a cargo, como otras listas más, de diversos Estados y organismos internacionales), sus cuentas bancarias y bienes ubicados en los EUA podrán ser congelados sin necesidad de un proceso penal previo.

Al paso de los años, el gobierno norteamericano también incluyó al crimen organizado a su lucha, al darse cuenta que estos grupos se estaban aliando con organizaciones terroristas, saltando a la vista los casos de Colombia y Afganistán, creando una nueva figura: el terrorismo híbrido. A partir de entonces, tanto empresas como personas en México comenzaron a ser añadidas en las referidas listas negras, y, por ende, el vigilar con quien se hacían (o no) negocios se volvió una necesidad básica.

Las autoridades mexicanas, al igual que las de otras naciones, siguieron el ejemplo norteamericano en la medida de lo posible, toda vez que de no hacerlo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como organismo encargado de evaluar las políticas antilavado a nivel mundial, podría calificarlas de forma negativa impactando de gravedad en el nivel de riesgo-país, como casi le sucede a Argentina.

Con esas motivaciones, el 14 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como ley antilavado.

Esta Ley se originó de una observación del GAFI a raíz de una evaluación ejecutada a México en el 2008. En ella se determinó que el sistema jurídico nacional en materia de prevención de lavado de dinero se limitaba al sistema financiero y dejaba fuera a las actividades estimadas vulnerables (equivalentes a los Designated Non Financial Businesses and Professions) resultando necesario obligar a ciertas ramas comerciales o profesionales como los desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, médicos, agencias de autos, hoteles, instituciones de beneficencia, servicios de blindaje y agentes aduanales entre muchas otras a implementar medidas de control.

Lo más visto en la práctica es que los empresarios no están más interesados en proteger el patrimonio, reputación y seguridad jurídica de las empresas para las cuales trabajan o participan como accionistas, así como el de ellos mismos, aun frente al enorme riesgo que existe cuando estas corporaciones clasifiquen como actividades vulnerables de acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI, que cataloga profesiones y giros comerciales que por su simple objeto social y/o, dado el caso, por su operatividad se consideran propensos a ser utilizados por la delincuencia para participar en el ciclo de lavado de dinero o de activos.

Esta aseveración se encuentra respaldada en la gran cantidad de empresas cuyos Directivos han optado por contratar consultoría y servicios a precios notoriamente bajos así como por promover Juicios de Amparo que, muy probablemente, serán perdidos dejando a las empresas en estado de incumplimiento de sus obligaciones.

Si por alguna razón este argumento no resulta lo suficientemente sólido debemos voltear hacia la OFAC y recordar que una sentencia de Amparo significa nada para ellos.

Al estar inmersas en ese consideración, las compañías deben (o deberían) implementar protocolos internos de prevención de blanqueo de capitales como un simple acto de supervivencia y, además, a cumplir puntualmente con sus obligaciones derivadas de la ley antilavado, es decir, a identificar y conocer a sus clientes, capacitar a su personal, abstenerse de realizar algunas transacciones comerciales, enviar al SAT reportes regulatorios, resguardar la información relacionada y atender las visitas de inspección de las autoridades.

Costo de la prevención

Una de las dudas recurrentes dentro de los directivos de las empresas compelidas a cumplir con la LFPIORPI, es su costo. Esa interrogativa posee la siguiente repuesta: incumplir con esa Ley acarrea multas de más de $4,000,000.00 y/u ocho años de prisión, sin dejar de lado las sanciones del Código Penal Federal, el CFF, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, entre otros cuerpos normativos y estatales, así como ordenamientos aplicables en México y los EUA; en resumen, es más redituable optar por la medicina preventiva que por la terapia intensiva.

Frente a ese veredicto, hay quienes entienden el riesgo enfrentado y toman decisiones basadas en análisis de riesgos diseñados ex profeso para la operatividad de sus empresas lo cual, al momento de implementar sus protocolos de prevención de lavado de dinero, les permitirá optar por una suerte de régimen simplificado en el entendido de que sus clientes y operaciones serán considerados como de “bajo riesgo”, pero también los hay quienes voltean hacia otra dirección disimulando, pues para ellos el proteger las operaciones de las corporaciones es un costo y no un beneficio.

Otro factor de peligro está en los proveedores de servicios y consultores fraudulentos que, irresponsablemente, vieron la posibilidad de celebrar negocios e iniciaron ofertando productos relacionados con el cumplimiento de la LFPIORPI a precios irrisorios bajo la premisa de que, al no ser funcionales, no tienen motivo para gastar en el desarrollo de esos productos.

Es lamentable la excelente recepción que han tenido esas herramientas en ese sector empresarial que no está dispuesto a invertir en un programa robusto de prevención de lavado de dinero, contratando servicios de capacitación, manuales operativos y consultoría genéricos, y en un rubro todavía más complejo, adquiriendo softwares que no atienden a los aspectos mínimos de una herramienta desarrollada y validada bajo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

El SARLAFT es un proceso metodológico que confronta la operación del cliente contra el marco regulatorio y los factores externos, definiendo el nivel del riesgo real que aquel afronta o que pudiese llegar a hacerlo, aunado a mostrarle cuáles son sus áreas de riesgo. Con este ejemplo, los empresarios mexicanos pueden diseñar un plan de trabajo que elimine o minimice los riesgos inmediatos y de mediano plazo y establecer medidas y políticas enfocadas a verificar que sus actividades se conducen bajo los parámetros de la legislación nacional.

A más de dos años de la publicación de la ley antilavado y sus ordenamientos secundarios han empezado a entreverse los inconvenientes derivados de las compraventas de estos servicios. En particular, ha habido un aumento en la oferta de softwares para satisfacer las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, pero es notorio que estos no concuerdan con los parámetros necesarios, provocando que las empresas no puedan cumplir con sus obligaciones, ni protegerse de ser utilizadas por la delincuencia organizada, tirando su dinero a la basura.

No es difícil encontrar ejemplos de SOFOMES y compañías que han adquirido aparentes softwares antilavado y no han resultado ser más que instrumentos promedios de gestión de cartera, adicionados con módulos nombrados, pomposamente, como “PLD” (Prevención de lavado de dinero), pero que sin duda no podrá comunicar la información de los sistemas de originación de cartera y cobranza con los atinentes a la regulación del blanqueo de capitales.

Quienes ofertan los referidos sistemas logran enganchar a las corporaciones ofreciendo en primer término un breve tiempo de implementación (menos de un mes) fácilmente operable, aun cuando la experiencia ha demostrado que el lapso requerido es de casi un año junto a una capacitación específica para el personal; en segundo término, se ofrece un programa que permite capturar los datos demográficos del cliente, intermediario o proveedor a investigar, así como la digitalización y almacenaje de imágenes como comprobantes de domicilio, actas constitutivas, pasaportes o credenciales de elector, tal y como lo haría cualquier instrumento de originación de créditos. Sin embargo, la falla trascendental está en que no son capaces de realizar búsquedas en las listas negras o en las de personas políticamente expuestas, o auxiliándose de los metabuscadores (localizan datos en los motores de búsqueda más usados, porque carecen de bases de datos propias, y muestran una combinación de las mejores páginas devueltas por los buscadores utilizados).

Verbigracia, un expediente de identificación generado con los datos obtenidos mediante ese tipo de sistemas sería rechazado por la autoridad reguladora, al no cumplir con las bases de la ley antilavado, ya que un archivo de debida diligencia o “due dilligence” está integrado por dos investigaciones del cliente: la primera es la identificación, que implica la obtención de información y documentación que asegure que la persona o empresa es quien dice ser, y la segunda, es la del conocimiento, en donde se investiga a profundidad sus antecedentes para contar con la seguridad de la no existencia de impedimentos para llevar a cabo negocios con él.

Para efectos de lo anterior, es indispensable seguir el siguiente protocolo, respecto al cliente, proveedor o intermediario:

  • revisar que el nombre o razón social no concuerde con el contenido de cualquier lista negra o con el resultado obtenido de cualquier búsqueda en Internet más allá de un “falso positivo”
  • verificar que los datos demográficos, como el domicilio particular, comercial o fiscal, fecha y lugar de nacimiento o de constitución, nacionalidad, entre otros más, no estén señalados en alguna lista negra
  • comprobar la autenticidad en la medida de lo posible de la documentación soporte
  • examinar si el cliente o alguno de sus familiares se dedica a alguna actividad vulnerable o está clasificado como persona políticamente expuesta
  • conservar la documentación junto con los resultados obtenidos

Software ¿herramienta útil?

Vistas las contrariedades de las herramientas informáticas comercializadas, surge la duda respecto a si en realidad estas son útiles para ayudar a desarrollar las investigaciones de los clientes, y la respuesta es sí.

El uso de un software para la prevención de lavado de dinero es tan importante en las entidades financieras y en las compañías, que en todas las disposiciones de carácter general de la materia contienen un apartado específico para el tema de sistemas automatizados.

De hecho, en este momento existe un “boom” de aplicaciones tecnológicas móviles que auxilien al personal de una empresa para reportar cualquier situación sospechosa, que rompa los parámetros transacciones y/o que viole normas o códigos de conducta de las empresas; la razón que apuntala el creciente auge en las “Apps” anticorrupción radica en los numerosos casos en los cuales el personal que detecta una situación anómala se llega a ver impedido para “escalar” sus inquietudes, las cuales al larga han derivado en escándalos de corrupción.

A pesar de la enorme trascendencia de un programa de esta naturaleza, antes de decidir por comprar un software antilavado, es imperioso reunirse con un especialista que identifique los riesgos operacionales a enfrentar para poder definir el idóneo. Además, este profesional auxiliará a desarrollar los parámetros de las matices de riesgo y los manuales internos en materia de prevención.

Un consultor adecuado efectuará pruebas básicas para desentrañar si el software pretendido no es tan solo un cascarón, es decir, que no es un sistema ideado para otros fines, y, por ende, incapaz de aportar los elementos necesarios para cumplir con la LFPIORPI.

El ejemplo de una correcta planeación lo podemos ver en algunas instituciones financieras en las que las áreas tecnológicas y de Compliance han trabajado arduamente durante los últimos dos años para desarrollar, después de un extenso estudio de sus operaciones y con la ayuda de asesores externos, sistemas de PLD in house. Aun cuando se encuentran en periodos de prueba, estos han logrado mejorar las funciones de los softwares anteriores, al conjuntar en una sola búsqueda resultados e interpretación de las listas negras o de personas políticamente expuestas, metabuscadores y las de sistemas open source, entregando los resultados al analista en cuestión de minutos.

Hacia dónde va la prevención

Se estima que una vez que estos programas entren de lleno en funciones se dejará atrás a la minería de datos, a los sistemas predictivos y a las alertas tempranas, para dar paso por fin a una verdadera inteligencia artificial en prevención del blanqueo de capitales.

El camino emprendido por las instituciones bancarias inició después de realizar un análisis de riesgos, pues entendieron que la adquisición de sistemas automatizados globales no era la mejor opción, ya que no solo su costo era elevadísimo, sino que además eran complejos, estaban redactados en un inglés técnico, sus parámetros requerían ser reprogramados para mostrar alertas por operaciones que rompieran con los parámetros transaccionales y la mayoría de sus reglas no concordaban con la normatividad mexicana.

Ejemplo de lo anterior está en los lineamientos para detectar operaciones “Hawala”, que es un sistema de remesas del medio oriente señalado por las autoridades norteamericanas para identificar el financiamiento de actividades terroristas, y naturalmente, no es aplicable para nuestro país.

No es difícil advertir la notoria diferencia de visión y laxitud de cumplimiento entre el sector financiero y el empresarial en la lucha para la prevención y combate al lavado de dinero, toda vez que en el primer rubro, los integrantes de tal sector llevan muchos años trabajando bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) junto con sus facultades para practicar visitas de inspección, imponer fuertes multas e incluso revocar las licencias de operación, mientras que en el segundo, el SAT todavía se encuentra en el proceso de implementación de la LFPIORPI, por lo tanto, no ha sido posible iniciar con las visitas de inspección, generando (y casi alentado) que los empresarios pospongan la adopción de prácticas corporativas alineadas a la materia de la Ley.

No obstante, se aprecian elementos que indican que será en el 2015 cuando el SAT, como autoridad supervisora, comenzará con la etapa operativa de la Ley, y de acuerdo con los hechos observados en la práctica, será notorio que el sector privado no aprovechó la vacatio legis extendida y será presa fácil de las referidas visitas y las elevadas multas atinentes al incumplimiento, sumando a esto, el deber de subsanar las observaciones resultantes, que sin duda, se hubiesen evitado si desde un principio se hubieran erogado los recursos necesarios para acatar la LFPIORPI.

Conclusiones

Es inaceptable seguir aplazando el aceptar que el combate al blanqueo de capitales ya es una realidad en nuestra nación, y que más allá del carácter imperativo de las normas antilavado, el papel de los particulares es de coadyuvancia con las autoridades, empero, este no será impedimento para que quienes incumplan con sus obligaciones sean objeto de fuertes multas e incluso responsabilidades penales.

Al observar la importancia de este tema, el segundo punto a acotar será el relacionado con la implementación de las medidas y programas necesarios para contar con un verdadero sistema que ayude no solo a cumplir con las disposiciones legales, sino que también sea capaz de generar un cambio real dentro de la operación del agente económico.

Es un hecho palpable que al interior de la SHCP la competencia dará inicio entre la CNBV y el SAT para ver quien colabora mayormente en el combate al lavado de dinero, siendo el indicador principal la imposición de multas.

Por eso, el mejor consejo para las compañías es que revisen y, de ser posible, fortalezcan sus herramientas de prevención de lavado de dinero, o en el supuesto de no contar con alguno, se planee adquirir una, teniendo en mente dos perspectivas:

  • la etapa inicial siempre será la más compleja, por lo que es imperioso trazar la ruta crítica a seguir basándose en un análisis de SARLAFT
  • la implementación de un buen software requiere tiempo y dinero, mas si su ejecución es adecuada, se podrá optimizar para que también sea auxiliar en evitar otros riesgos como los fraudes (internos y externos) y la cartera vencida

Antes de adquirir un software revise si:

  • satisface sus niveles de riesgo, de acuerdo con sus operaciones
  • cumple con las medidas y políticas prescritas en la legislación nacional
  • ofrece una búsqueda conjunta con la información de listas negras o de personas políticamente expuestas
  • los expedientes generados identifican y conocen a su cliente
  • las alertas transaccionales arrojadas son aplicables en México

Artículo publicado originalmente por el autor en Noviembre de 2014 en la revista IDC.