Publicaciones

La Ley de Educación del Estado de Puebla no es (necesariamente) ilegal.

By mayo 25, 2020 No Comments

¿El gobernador Barbosa expropia de facto la educación privada con la nueva Ley de Educación de Puebla? 

Esta nueva Ley, fruto de la aplanadora legislativa, no es ilegal y no cae en el supuesto de expropiación de la educación privada en Puebla por default, sin embargo, es necesario abrir un debate nacional, no estatal, sobre las posibles inconstitucionalidades que se detecten en la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de septiembre de 2019 y que abrogó a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Estas posibles contradicciones entre la Constitución y la Ley General de Educación pudieron ser demandadas ante la SCJN por 165 Diputados Federales o por 43 Senadores de la República, pero ningún partido de oposición, por sí mismo, alcanza esos números (sumando a los Diputados de PAN, PRI, MC y PRD dan 162; sumando a los Senadores de PAN, PRI, MC y PRD son 50) además de que ya feneció el plazo de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el medio oficial.

Intentaremos explicar esto en cuatro puntos: 

1. Como en todo, hay que partir de la reforma constitucional en materia educativa publicada en el DOF el 15 de mayo de 2019 y mediante la cual la Cuarta Transformación dejó sin efectos lo que en sus palabras era una reforma neoliberal, dictada por los organismos internacionales y centrada en la calidad, parte de las reformas estructurales del sexenio anterior 

Para una síntesis de lo que fue la reforma educativa del sexenio anterior, véase GRANADOS ROLDÁN, Otto, Reforma educativa, México, 2018, Fondo de Cultura Económica “Administración Pública, Serie Reformas Estructurales, pp. 122. Para un análisis crítico de las sombras y luces de esa reforma, son de obligada consulta los documentos de trabajo elaborados por RED: Red Educación Derechos, disponibles en https://rededucacionderechos.org/

No es nuestro propósito hacer un análisis del contenido de la reforma constitucional, pero sí es importante puntualizar que cualquier estudio profundo sobre los alcances e impactos de las leyes educativas que se promulguen en nuestro país necesariamente debe partir de una reflexión sobre las disposiciones constitucionales que el Constituyente Permanente determinó reformar, adicionar y derogar a nuestra norma fundamental, así como del llamado “espíritu del Legislador” que pueda desprenderse del diario de debates.

2. Con la reforma constitucional citada, se reformó el artículo 73 Constitucional para establecer que correspondería al Congreso de la Unión dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Lo anterior da lugar a la expedición de leyes generales en las que se concreta la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno

https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/10272-estos-son-los-10-puntos-mas-importantes-de-la-nueva-ley-de-educacion-de-puebla

sobre las cuales, resumidamente, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: i) tienen su origen en cláusulas constituciones y que deben ser aplicadas por autoridades federales, locales y municipales; ii) distribuyen competencias entre los niveles de gobierno y sientan las bases para la regulación de una materia; iii) las leyes locales que se expidan pueden aumentar las obligaciones o prohibiciones de una ley general, pero no pueden reducirlas; y, iv) parten de un federalismo cooperativo, esto es, de una obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución de un fin común.

3. Así, el 30 de septiembre de 2019, se publicó en el DOF la Ley General de Educación (LGE) que debido a su naturaleza jurídica servirá de marco jurídico de referencia para que los Congresos de las entidades federativas expidan su respectiva Ley de Educación, tal como sucedió en el estado de Puebla.

Esto implica que antes de revisar la inconstitucionalidad de la nueva ley de educación poblana, habría primero que -como diría el clásico- deslindar responsabilidades, es decir, revisar cuáles de esas disposiciones normativas fueron aprobadas dentro de los márgenes que la LGE mandata y cuáles otras son producto de la voluntad del legislador local, pues en todo caso, habrá disposiciones cuyos visos de inconstitucionalidad no deben ser reclamados a la Legislatura local, sino al Congreso de la Unión.

A manera de ejemplo, circula en medios una nota periodística sobre los diez puntos más importantes de la nueva ley de educación poblana; cabe decir que, de éstos, siete son copias al carbón de disposiciones contenidas en la LGE; en uno de ellos, sin bien no se hizo copy-paste, sí tiene sustento en la LGE, y uno que sí es obra y gracia del legislador local (¡Está en las Revelaciones, amigos!)

Justamente, esos ocho temas son los que más comentarios suspicaces han levantado en redes sociales, mismos que son temas señalados por la LGE, como por ejemplo: que habrá una fiscalización de la aplicación de los recursos que ejerzan las instituciones públicas de educación superior (art. 119); que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares formará parte de un Sistema Educativo Nacional y que deberán cumplir con ciertos requisitos (art. 99); que los directores de planteles particulares deberán rendir un informe de actividades ante la comunidad (art. 115, fr. XX); que los usuarios de servicios de educación particular podrán solicitar a la autoridad educativa acciones de vigilancia respecto al incremento de los costos que no tengan justificación y fundamentación (art. 151); que queda prohibida la alimentación chatarra en planteles educativos así como su venta en las inmediaciones de los planteles escolares (art. 75); que no se podrá condicionar la prestación del servicio educativo a la adquisición de uniformes y material educativo (art. 146); que no se podrán retener documentos personales y académicos por falta de pago (art. 170, fr. XXII); que se clausurarán planteles que no tengan autorización, que no señalen que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial, o que se ostenten como incorporados sin estarlo (art. 171, fr. III)

4. Lo anterior implica, insistimos, que al ser disposiciones contenidas en la LGE, los Congresos de las entidades federativas, harán leyes educativas semejantes a la de Puebla, en los que se repetirán los mismos temas, e incluso algunos otros que no han llamado la atención de los medios y que, por cuestiones de espacio, no tendremos oportunidad de desarrollar aquí.

No, por increíble que parezca el Gobernador Barbosa no necesariamente violó la ley. 

Leave a Reply