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Habemos nueva titular del Servicio de Administración Tributaria.

By enero 24, 2020 No Comments

El miércoles 15 de enero, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a la Maestra Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sustituir a la Doctora Margarita Ríos Farjat, quien deja el puesto para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo más curioso sobre estos nombramientos es que ambos se lograron gracias al acuerdo legislativo que reformó la fracción II del artículo 13 de la Ley del SAT, creando una oportunidad perfecta para que pudieran ocupar, en su respectivo momento, el puesto.

En el año 2003, la fracción II del artículo 13 de la Ley del SAT señalaba que par ser titular del SAT era necesario «haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera»; sin embargo, en diciembre de 2018, dicha fracción fue modificada para determinar que se debía contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o áreas afines, así como con «experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada».

Fue justo esa reforma la que hizo un traje a la medida para Buenrostro, pues aun cuando se desempeñó, entre otros más, como Directora de Política Fiscal en la Secretaría de Finanzas y Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda, lo cierto es que ninguno de esos puestos cubre los requisitos derogados de la fracción II del artículo 13 de la Ley del SAT (sin menoscabo de que su experiencia previa se centró en la Secretaría de Educación, en la de Turismo y Gerente de Planeación y Desarrollo en PEMEX Congelación), pues:

  • No son cargos con alto nivel decisorio.
  • Para ejercer tales puestos nunca requirió conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera. 

Luego de la despetrolización, la recaudación de impuestos es de suma importancia para las finanzas públicas, pues de acuerdo con los últimos datos de la OCDE representan el 14.1 % del PIB , en un sistema en el que el 50.5 % del total de los ingresos públicos se obtienen mediante el ISC-IVA, es vital que la titularidad del SAT requeriría un perfil con mayor experiencia y conocimiento en los temas tributarios; una dama de hierro no basta.

El panorama fiscal

Los datos de la Secretaría de Hacienda contenidos en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2019 (el del último trimestre será dado a conocer a finales de enero) muestran una caída real de -2.6 % en el impuesto al valor agregado y de -0.6 % para el impuesto sobre la renta. 

La situación no será mejor para 2020.

Hay que considerar que los pagos provisionales del ISR empresarial que se hicieron en 2019 fueron elaborados con el coeficiente de utilidad de 2018. Además, es muy probable que para la declaración anual del ejercicio 2019 se incrementen las devoluciones por saldo a favor; en consecuencia, los pagos provisionales de 2020 serán mucho menores a los de 2019, en tanto que el coeficiente de utilidad de 2019 tendría que reflejar la situación económica del año que terminó.

Tratándose del IVA, al ser calculado de acuerdo con el flujo de efectivo, la caída será mucho más pronunciada que la observada en 2019; basta con señalar que los datos del Indicador Global de la Actividad Económica publicados en diciembre del año pasado confirman la desaceleración económica.

Frente a este escenario, la Maestra. Raquel Buenrostro compareció seguirá el plan ABC: Aumentar la eficiencia recaudatoria; Bajar la evasión y elusión fiscal; y, Combatir la corrupción.

Sobre el primer punto, el Informe tributario y de gestión elaborado por el SAT en el tercer trimestre de 2019 señala que en el periodo de enero a septiembre de 2019 se efectuaron 35.8 % más actos de control que en el año pasado, y que los controles que más recursos generaron fueron el correo electrónico (más de 36 mil millones de pesos) y las entrevistas (más de 29 mil millones de pesos). Aunado a lo anterior y derivado de los actos de fiscalización, existió un incremento real de 16.8 % respecto a los recursos recaudados y se presumió que la rentabilidad promedio de la fiscalización en 2019 se incrementó 29 centavos respecto a 2018, por lo que de cada peso invertido en actos de fiscalización retornan 87.5 pesos.

Parece que las ventanas de oportunidad para aumentar la eficiencia recaudatoria del SAT implican mayores actos de control y de fiscalización de obligaciones.

Entonces, es de suma relevancia que el SAT de Buenrostro haga públicos los avances derivados del machine learning para el conjunto de datos de las facturas electrónicas, ya que a fines del gobierno del Presidente Peña Nieto se mencionó que la utilización de algoritmos de inteligencia artificial permitiría «detectar con un alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o evaden sus obligaciones». https://www.gob.mx/innovamx/articulos/inteligencia-artificial-131287

Sobre la baja en la evasión y elusión fiscal, a partir de las modificaciones legales al Código Fiscal de la Federación respecto a la cláusula antielusión o los esquemas reportables, así como las reformas penales relacionadas con los delitos de defraudación fiscal y delincuencia organizada, dotarán a la Titular del SAT de las herramientas necesarias para cumplir su objetivo; sin embargo, es preocupante la reputación de mano dura de la funcionaria, porque podríamos estar frente a un órgano que no haga un uso racional y con respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes en un exceso de la fuerza que le concede las leyes.

Finalmente, sobre el combate a la corrupción es preocupante que la jefa del SAT estime que hay un billón 145 mil millones de pesos de contribuyentes que «recurren a litigios y amparos para no pagar lo que por ley les corresponde»; máxime cuando los datos del último Informe tributario y de gestión del SAT muestran que en 2018 y 2019 el porcentaje de juicios favorables al SAT fue menor al 50 %.

Así, parecería que para la Maestra Buenrostro será mal visto todo contribuyente que acuda a juicio para defender un criterio sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que no concuerde con el criterio de la autoridad, e, incluso podría ser indicativo de corrupción, aun cuando acudir a los medios de defensa previstos en las leyes es un indicativo de bienestar del Estado de Derecho.

En conclusión, lo mejor será identificar y prevenir los posibles riesgos fiscales que se deriven de las operaciones diarias del contribuyente, debido a que el discurso político actual ve con malos ojos tanto el efectivo acceso a la justicia, como su debida impartición por parte de los Juzgadores, tal como sucedió con los amparos sobre Texcoco y Santa Lucía.

Rogelio D. Ibarra.

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