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El Capítulo Anticorrupción del T-MEC

By julio 2, 2020 No Comments

Mucho se ha hablado de la corrupción en México, las referencias a que sea un problema polifacético y multifactorial, o al debate sobre si la misma debe combatirse, o bien, controlarse comienzan a sonar a frases ya hechas que muestran su desgaste o a discusiones bizantinas. La llegada de un nuevo gobierno pareciera que borró de un plumazo el tema; que pasamos de reconocer la dimensión del problema en un rango constitucional y mediante un enfoque sistémico donde se requiere la intervención de diversas instituciones a, de nuevo, la cruzada personal de un solo hombre y de una sola visión. De “El Estado soy yo” a “la anticorrupción soy yo”. En las últimas declaraciones gubernamentales, incluso, desde la primera magistratura hasta los secretarios de Estado se refieren a la corrupción en sentido pretérito. “Eso ya se acabó”, “ya no es igual”.

No obstante, la realidad es otra y los compromisos internacionales ya están aquí. A partir del 1º de julio entró en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, cuyo preámbulo expresamente señala que estos tres gobiernos están decididos a promover la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión.

Así, el T-MEC contiene un capítulo exclusivo y específico en este tema, el 27 denominado “Anticorrupción” donde además de lo anterior, también se reconoce la necesidad de desarrollar la integridad dentro de los sectores público y privado, cuestión no menor en tanto que la OCDE la ha señalado como antítesis de la corrupción y definido como “uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales y, por lo tanto, esencial para el bienestar económico y social” 

Dentro de los aspectos destacables de este capítulo están:

1. La adhesión a los siguientes instrumentos internacionales: la Convención de París de la OCDE de 1997 (cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales); la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas en 1996; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Nueva York en 2003;

2. El apoyo al fomento y concientización de entre el sector privado sobre la orientación en anticorrupción;

3. Las tipologías sobre soborno (cohecho) y el compromiso sobre la regulación de malversación de fondos, apropiación indebida u otra desviación de fondos o valores públicos (peculado);

4. Protección a denunciantes de corrupción;

5. Medidas para asegurar la integridad, honestidad y responsabilidad entre los servidores públicos, dentro de lo cual se incluye capacitación, identificación y gestión de conflictos de interés, evolución y seguimiento de declaraciones patrimoniales y canales de denuncia, entre otros; 

6. La promoción de la participación activa del sector privado y de la sociedad civil en prevenir y combatir la corrupción en asuntos que afecten el comercio o la inversión internacionales;

7. Señalar, en particular para las PyMES, la necesidad del desarrollo de controles internos, programa de ética y cumplimiento o medidas para prevenir y detectar cohecho y corrupción en el comercio e inversión internacionales;

8. Fomentar que las empresas privadas adopten o mantengan controles de auditoría interna y someter su información financiera y contable a procedimientos de auditoría y certificación;

9. El reconocimiento a los beneficios de los programas de cumplimiento interno dentro de empresas del sector privado;

¿En qué contexto debemos entender la importancia y trascendencia de este capítulo anticorrupción? De acuerdo con PWC se paga un billón de dólares en sobornos a nivel global, mientras 2.6 billones de dólares se pierden debido a la corrupción. Por su parte, Transparencia Internacional señala que 27% de las exportaciones mundiales provienen de países que tienen una activa aplicación de la ley en contra de compañías que paguen sobornos en el extranjero, mientras que casi el 40% proviene de países con un cumplimiento casi nulo en esta materia, que es el caso de México.

Hablando de nuestro país, es impresionante que los resultados de la encuesta de PWC muestren que el 54% de las empresas mexicanas consideren que las disposiciones del T-MEC no representarán afectación en su compañía y que, tratándose del capítulo anticorrupción, el 28% descarte impacto alguno en su ambiente de negocios, mientras que el 12% considere que no representará mejora alguna.

Por el contrario, el impacto que este Capítulo 27 Anticorrupción del T-MEC tendrá en los negocios y operación diaria del sector privado mexicano debe ser abordado desde una adecuada gestión de riesgos pues dependerá de factores como el sector económico o industrial en el que desarrollen sus actividades, así como del grado de instrumentación que cada unidad económica tenga sobre programas de integridad, de controles internos o de prevención de ilícitos, por señalar algunos. Consideramos que la adecuada determinación de este impacto supera los alcances de un programa de compliance corporativo y debe ser estructurado de la mano de expertos en análisis de riesgos, gobierno corporativo y responsabilidad de personas jurídicas.

En efecto, tratándose de personas jurídicas, ordenamientos mexicanos como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respectivamente mencionan la existencia de órganos de control permanente para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva, sobre atender a la magnitud de la inobservancia del debido control en su organización, así como al establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura de ética en su organización.

Estos aspectos legales deberán ser analizados dentro del riesgo inherente a la estrategia de negocios llevada a cabo por cada empresa, de forma que pueda determinarse una adecuada ruta de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el TMEC en materia de anticorrupción e integridad, así como de identificación y prevención de ilícitos.

Más adelante analizaremos con mayor detalle los nueve puntos como una herramienta para cumplir con el Capítulo 27 del T-MEC. 

Rogelio D. Ibarra y Salvador Mejía. 

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