En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad, que muchos empresarios, consultores, académicos e inclusive algunos funcionarios públicos no terminan de comprender: la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Para ser honestos debemos decir que fue Estados Unidos quien después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambió al mundo, al activar un auténtico ejército de normas jurídicas, no para prevenir, sino para combatir el financiamiento al terrorismo y, en menor medida, al lavado de dinero ya que eran las organizaciones terroristas y no los cárteles de la droga quienes representaban (por obvias razones) la mayor amenaza.
Derivado de Leyes como la Kingpin Act y la U.S. Patriot Act y de las casi ilimitadas facultades que le fueron conferidas a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), como el brazo armado del Departamento del Tesoro, la manera de hacer negocios cambió drásticamente. ¿El motivo? si una persona o empresa era incluida en la “lista negra” de la OFAC (la cual es una entre muchas listas a cargo de países y organismos internacionales), sus cuentas bancarias y bienes ubicados en Estados Unidos podían ser congelados sin la necesidad de tener que enfrentar previamente un proceso Penal.
Pero a todo esto, ¿que es el lavado de dinero?. En palabras del Banco Mundial “es el proceso a través del cual, las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar su origen ilícito”; este proceso podría ser completado si señalamos que la finalidad es que los recursos financieros o materiales logren ser integrados al sistema económico o financiero.
Ahora bien, no obstante que siempre hemos dicho que “en México esas cosas no pasan”, nuestras autoridades (al igual que las de muchos países) tomaron la decisión de allanarse a este esfuerzo en la medida de lo jurídicamente posible ya que de no hacerlo el Grupo de Acción Financiero Internacional, quien es el organismo encargado de evaluar las políticas antilavado de los países, podía calificarnos negativamente, lo cual impactaría gravemente nuestro nivel de riesgo-pais, como estuvo a punto de ocurrir con Argentina.
Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno de los Estados Unidos también enfocó su lucha en contra del crimen organizado, al entender que los grupos criminales se habían aliado con organizaciones terroristas como fueron los casos de Colombia y Afganistán dando cómo resultado la figura del “terrorismo híbrido”; fue entonces cuando personas y empresas mexicanas comenzaron a ser incluidas en estas listas negras, por lo que el vigilar con quien se hacían negocios se volvió una necesidad básica, ya que desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, médicos, contadores, agencias de autos y de viajes, tiendas de ropa, hoteles, gasolineras y un sinnúmero de negocios fueron anexados.
O eso pensábamos.
El 14 de Octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (o simplemente la Ley antilavado); su promulgación e (intento de) implementación nos ha brindado la maravillosa oportunidad para analizar y entender como funciona la mente del empresariado mexicano.
Esta Ley tuvo como origen una observación del Grupo de Acción Financiero Internacional, derivada de la evaluación realizada a México en el 2008, en la cual se determinó que nuestro sistema jurídico en prevención de lavado de dinero se limitaba tan solo al sistema financiero, dejando a un lado a las ya mencionadas actividades vulnerables, mismas que en Estados Unidos se conocen como “Designated Non Financial Businesses and Professions” (o DNFBP); es decir que por primera vez se pretende obligar a cierto tipo de empresas y/o de profesionistas a implementar medidas de control en sus operaciones.
Tal vez el “finding” más importante que puedo compartir sea el que las mujeres y los hombres de negocios no están interesados en proteger tanto su patrimonio, su reputación y su seguridad jurídica, como el de las empresas de las cuales son accionistas o para las que trabajan, no obstante que estas clasifiquen como actividades vulnerables en atención a lo dispuesto por el Artículo 17 de la referida Ley, la cual contiene un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero o de activos; estos profesionistas y/o empresas tienen en consecuencia la obligación de implementar protocolos internos en prevención de lavado de dinero y dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas como lo son el identificar y conocer a sus clientes, abstenerse de realizar ciertas transacciones comerciales, enviar al Servicio de Administración Tributaria reportes regulatorios, mantener a buen resguardo la información relativa y atender las visitas de inspección a cargo de las autoridades.
¿Pero cuanto me va a costar esto?
Esta es la pregunta que inevitablemente surge cuando la alta Dirección de una empresa se da cuenta que se encuentra obligada a cumplir con esta Ley.
Mi respuesta es consistente: “Incumplir con esta Ley puede acarrearle multas de más de $4,000,000 de Pesos y/o ocho años de prisión, esto claro, con independencia de las sanciones contenidas (dado el caso) en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio entre otras Leyes Federales, Estatales y ordenamientos aplicables en México y Estados Unidos. Es decir, sin importar cuanto se tenga que invertir siempre será más redituable optar por la medicina preventiva”.
Ante esta respuesta, si bien hay quienes entienden el riesgo que enfrentan también hay quienes sencillamente voltean en otra dirección ya que, al parecer, el proteger las operaciones de las empresas es un costo y no un beneficio.
Y aquí es donde entra en escena otro factor de riesgo: los proveedores de servicios y consultores fraudulentos quienes (irresponsablemente) vieron la posibilidad de hacer negocios y comenzaron a ofertar productos relacionados con el cumplimiento de la Ley antilavado a precios francamente irrisorios. Lamentablemente sus productos han tenido una excelente recepción en ese sector del empresariado que no está dispuesto a invertir dinero en un programa robusto de prevención de lavado de dinero y contrataron (irresponsablemente) servicios de capacitación, manuales operativos, consultoría y algo de lo más complejo y softwares en prevención de lavado de dinero que no atendían (ni atenderán) a los aspectos más básicos de un programa promedio de prevención como el SARLAFT, el cual es el proceso metodológico más aceptado, que una vez que confronta la operación del cliente contra el marco regulatorio y factores externos, permite definir el nivel de riesgo real que el cliente afronta o que puede llegar a afrontar y le muestra cuáles son sus áreas de riesgo; contra esta evaluación la alta Dirección podrá diseñarse un plan de trabajo que permita eliminar o minimizar riesgos inmediatos, planear la estrategia para los riesgos de mediano plazo y establecer las medidas y políticas que aseguren que su operación es conducida conforme a la legislación nacional y a sus parámetros internos.
A más de dos años de distancia de la publicación de la Ley antilavado y de sus ordenamientos secundarios, han comenzado a surgir los problemas por la compra-venta de estos productos y servicios. En lo particular hay una escalada en la oferta de supuestos softwares para cumplir con la Ley antilavado y que, evidentemente, no hacen “match” con los parámetros requeridos, lo cual implica que las empresas no solo no pueden cumplir con sus obligaciones ni protegerse de ser usadas por la delincuencia organizada, sino que simple y sencillamente tiraron su dinero a la basura; de hecho no es difícil encontrar casos de SOFOMES y empresas que han adquirido un supuesto software antilavado, el cual resulta ser un software de gestión de cartera promedio al cual le integran un módulo pomposamente titulado “PLD” el cual difícilmente se podrá “comunicar” con los sistemas de originación de cartera y de cobranza para procesar la información contenida y conectarse con los sistemas de los reguladores.
Pero ¿Cual es el gancho para venderlos? bastante sencillo de hecho: por un lado el proveedor de servicios le muestra a la empresa un sistema que permite, no solo capturar los datos demográficos del cliente, intermediario o proveedor a investigar, sino que también puede digitaliza y almacenar imágenes tales como un comprobante de domicilio, un acta constitutiva, un pasaporte o una credencial del Instituto Nacional Electoral, es decir, lo que haría cualquier sistema de originación de créditos pero sin realizar una búsqueda en listas negras o de Personas Políticamente Expuestas o de información contenida en metabuscadores y, por otro lado, el proveedor endulza el trato asegurando que la instalación del software no le tomaría más de un mes y que el personal que lo operará no tendrá mayor problema para entenderlo, cuando la realidad nos muestra que por un lado el proceso de implementación de un autentico software antilavado puede tomar hasta un año y, por otro, que el staff debe recibir capacitación exprofesa para operarlo.
Es decir, un expediente de identificación (conforme a la Ley antilavado) generado con información obtenida por medio de este tipo de sistemas sería rechazado por la autoridad reguladora, ya que un archivo de debida diligencia o de “due diligence” técnicamente se integra por dos investigaciones: la primera es la identificación del cliente la cual implica, efectivamente, la obtención de información y documentación que nos permita asegurar que la persona o empresa con la que haremos negocios es quien dice ser y la segunda es la del conocimiento del cliente la cual implica investigar a profundidad sus antecedentes para estar seguros de que no existe impedimento alguno para hacer negocios con el mismo, aplicando (a manera de guía) el siguiente protocolo:
Revisar que el nombre o razón social del cliente, proveedor o intermediario no concuerde con los contenidos en cualquier lista negra y/o en búsquedas orgánicas de Internet.
Revisar que los datos demográficos del cliente, proveedor o intermediario tales como el domicilio particular, comercial y/o fiscal, fecha y lugar de nacimiento y/o de constitución y nacionalidad entre otros no concuerde en cualquier lista negra y/o en búsquedas orgánicas de Internet.
Revisar la autenticidad de la documentación soporte del cliente, proveedor o intermediario.
Revisar que el cliente, proveedor o intermediario y/o alguno de sus familiares clasifique como actividad vulnerable.
Revisar que el cliente, proveedor o intermediario y/o alguno de sus familiares clasifique como Persona Políticamente Expuesta.
Conservar la documentación soporte junto con los resultados obtenidos durante el proceso del Due Diligence.
¿Podría un software hechizo ayudarle a desarrollar estas investigaciones?
Vamos, el uso de un software para la prevención de lavado de dinero es tan importante en los procesos de la entidades financieras, y ahora también de las empresas, que en todas las Disposiciones de Carácter General en materia antilavado para el sector financiero así como en la Ley antilavado hay un apartado específico para el tema de los sistemas automatizados.
¿Entonces qué software debo comprar? técnicamente ninguno, antes de tomar una decisión tan importante debe reunirse con un especialista que no solo le ayude a entender cual es el riesgo operacional que se enfrenta para poder determinar el sistema idóneo, sino que también le ayude a desarrollar los parámetros de sus matrices de riesgo y sus manuales internos en materia de prevención de lavado de dinero. A mayor precisión, su consultor deberá auxiliarle para realizar pruebas básicas y entender si no se trata de un “cascarón”, es decir un sistema que debido a que sus funciones no le pueden aportar los elementos necesarios para cumplir con la Ley solo será eso: un cascarón, una costosa carcasa.
De hecho son numerosos los casos de empresas y SOFOMES que han sido víctimas de estafas con este tipo de sistemas.
A manera de contrapropuesta, tenemos el caso de algunas instituciones financieras que, durante los dos último años, sus áreas de tecnología han estado trabajando intensamente, ya que han determinado que, debido a su operatividad, lo más redituable era el desarrollar o mejorar sus sistemas “in house” con la ayuda de consultores externos y, aunque todavía se encuentran en fase de pruebas, estos nuevos sistemas han logrado conjuntar y mejorar las funcionalidades de los “antiguos” softwares antilavado al incluir en una sola búsqueda la consulta de listas negras, de metabuscadores, de listas de Personas Políticamente Expuestas, de sistemas “open source” junto con el análisis de esta información y la entrega de resultados al analista que procesa la búsqueda en tan solo cuestión de unos minutos. Es decir que, en cuanto estos nuevos softwares se encuentren en fase operacional, habremos dejado atrás a la minería de datos que tanto nos asombró hasta hace unos años, a los sistemas predictivos y a las alertas tempranas para dar paso a la auténtica inteligencia artificial en prevención de lavado de dinero.
Pero no se emocione, esta tecnología difícilmente estará en el mercado en el corto plazo.
¿Pero como ocurrió esto?, algunos Bancos al realizar un análisis de riesgos, entendieron que la adquisición de sistemas automatizados globales no era necesariamente la mejor decisión ya que, aunado a su alto costo, la mayoría de estos sistemas son complejos, están redactados en inglés técnico, sus parámetros deben ser reprogramados para mostrar alertas por operaciones que efectivamente rompan sus parámetros transaccionales y que la mayoría de las reglas contenidas no empataban con la operatividad de México, un ejemplo bastante claro de esto es que los sistemas globales contienen reglas para detectar operaciones de “Hawala” el cual es un sistema de remesas del medio oriente señalado por las autoridades de los Estados Unidos como un método idóneo para el financiamiento de actividades terroristas.
No resulta difícil advertir que existe una clara diferencia entre la visión del sector financiero y la del económico respecto de sus papeles como coadyuvantes en la lucha para la prevención y el combate al lavado de dinero ¿pero que origina esta discrepancia? los Bancos y demás integrantes del sistema financiero llevan muchos años bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual tiene la facultad para, derivado de una visita de inspección, imponer fuertes multas e inclusive revocar las licencias de operación tal y como lo hemos podido constatar con los casos de los últimos años, mientras que, por el otro lado, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra en un proceso de implementación de la Ley antilavado y no le ha sido posible ejecutar sus visitas de inspección, lo cual ha alentado a muchos empresarios a posponer por más de dos años la implementación de prácticas de gobierno corporativo; sin embargo todo indica que en el 2015 el Servicio de Administración Tributaria (como la autoridad supervisora para efectos de la Ley antilavado) dará inicio a la “etapa operativa” de la Ley y, si las predicciones no nos fallan, veremos que esta vacatio legis extendida, no fue aprovechada por el mundo empresarial y no solo serán presa fácil de las visitas de inspección junto con las multas correspondientes (que serán elevadas), sino que además deberán subsanar las observaciones, para lo cual requerirán volver invertir recursos económicos que, en teoría, ya habían sido erogados para cumplir con esta Ley, lo cual necesariamente traerá consigo una responsabilidad para alta Dirección.
¿En que fundamento mi proyección? en que al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dará una competencia entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria para ver cual de las dos entidades es la que más colabora en el combate al lavado de dinero y, a mi parecer, la métrica para determinar al ganador será la imposición de multas.
Si resulta ser que estoy en lo correcto lo más lógico será que el empresariado fortalezca y/o revise sus programas de prevención de lavado de dinero o que, en el caso de que no se cuente con uno, se eche a andar un programa de implementación teniendo presentes dos cuestiones: primero que la etapa del “kick off” siempre será la más complicada así que más vale que se tenga perfectamente mapeada la ruta crítica a seguir basándose en un análisis de SARLAFT y, segundo que la implementación de un buen software requerirá tiempo y dinero pero que si es ejecutado correctamente puede ser optimizado al punto de que nos ayude a prevenir otros riesgos como los fraudes (internos y externos) y la cartera vencida utilizando para ello a un reducido número de empleados.
¿Se puede prevenir el lavado de dinero sin utilizar la tecnología?
No, y quien le diga lo contrario le estará mintiendo y posiblemente robando su dinero, así de sencillo.
Salvador Mejía.
