Resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019

La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de identificar, evaluar y comprender de una mejor manera todos los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para México, y así poder implementar una serie de medidas proporcionales a los riesgos (Enfoque Basado en Riesgo –EBR–).

DELINCUENCIA ORGANIZADA

En primer lugar es necesario puntualizar que la mayor amenaza de LD a nivel nacional son las actividades relacionadas con la delincuencia organizada; al respecto se localizaron ocho principales organizaciones más aquellas que han sido fragmentadas. 

La operación de estas organizaciones se concentra de la siguiente manera*:

Comparado con la primera Evaluación Nacional de Riesgos de 2016, diversos grupos delictivos acrecentaron su poder en los últimos tres años: Guerreros Unidos y Los Rojos en Guerrero, Morelos y EdoMex; Los Ardillos y el Cartel Independiente de Acapulco en Guerrero; Unión Tepito y Cartel de Tláhuac en la CDMX; Los Viagras en Michoacán y el Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.

Dentro de las actividades con más preponderancia dentro del crimen organizado están el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, robo de hidrocarburos (del 2016 al 2018 se presentó un aumento de 117.5 % en el número de tomas clandestinas, tráfico de: armas, personas y migrantes, narcomenudeo, narcotráfico, etc. 

DECOMISOS

De acuerdo con las sentencias pronunciadas por los juzgados de Distrito por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018 se tienen las siguientes cifras*:

Moneda nacional: $15,763,458.75

Dólares americanos: $4,429,332.42

Euros: $208,500   

¿Y CÓMO VA EL EFECTIVO?

Según el indicador M1 del Banco de México que mide el nivel de billete y monedas en poder de público disponible en la economía para la compra de bienes y servicios, se concluye que el uso del efectivo ha mostrado una tendencia a la alza y que no ha dejado de crecer desde el 2012.

No obstante, el uso de dólares en efectivo, en 2018, ha presentado una disminución del 40 % respecto del 2014 y del 7 % comparado con el 2017. Esto, sin duda alguna, se debe en gran medida a las restricciones operativas para las instituciones financieras en términos de dólares en efectivo.

SOBRE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Una de las características que más llaman la atención dentro de este tema es que se identificó que el número de avisos remitidos sin inusualidad es alto: el 95 %. Para la UIF esto se debe a la falta de obligación que tienen los obligados por la Ley Antilavado de enviar reportes con operaciones inusuales.

Cabe señalar que la única obligación actual relacionada con lo anterior es la del envío de los avisos 24, siempre que el sujeto obligado cuente con indicios de que la operación que está celebrando podría ser utilizada para algún delito ORPI.

Aunado a lo anterior, se reconoce que la Ley Antilavado se ha quedado corta al no contar con las obligaciones de:

  • prevenir los riesgos de financiamiento al terrorismo; 
  • realizar Debidas Diligencias a los Clientes (DDC)
  • aplicar medidas de DDC endurecidas para los clientes de alto riesgo
  • identificar y monitorear a las Personas Políticamente Expuestas (PEP’s)
  • identificar al beneficiario final

BLOQUEOS*

La UIF muestra las cifras recogidas desde diciembre de 2018 y hasta el 15 de septiembre de 2019. 

El total de bloqueos es de 133 con un total de 668 personas bloqueadas. Los montos bloqueados están estimados: en moneda nacional por un total de $4’347,685,527.63 y en dólares USD $39’106,578.52.

De acuerdo con la gráfica compartida por la UIF se observa que la tendencia de bloqueos ha ido en aumento a partir de mayo de 2019; las cifras incluso se han casi duplicado para agosto de 2019.

Esa misma tendencia en aumento también se observa en los números de bloqueos para terceros relacionados, pues de mayo a agosto de 2019 casi se han duplicado: de 783 a 1238.

DENUNCIAS

Las cifras presentadas por la UIF abarcan desde diciembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2019. Al respecto, señalan que se tiene un total de 127 denuncias con un total de personas denunciadas de 592: 308 físicas; 245 morales y 39 servidores públicos.

Al igual que en el caso de bloqueos se encuentra una tendencia a la alza, ya que desde mayo de 2019 y hasta agosto del mismo año tanto el número de denuncias como el de personas denunciadas casi se ha duplicado.

VISITAS

Desde diciembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2019 se han practicado 61 visitas en un total de 202 personas: 91 físicas; 75 morales y 36 servidores públicos.

En este supuesto, si bien la tendencia indica un alza, lo cierto es que no ha llegado al punto de duplicarse como en el caso de los bloqueos o denuncias.

CONCLUSIONES

Desde la última evaluación de México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se tenía identificado el hecho tanto de que faltaban números positivos en torno al combate de los delitos ORPI como de que la regulación concerniente a las actividades no financieras en la ley antilavado no resultaba suficiente para atajar algunos puntos flacos.

En ese entendido desde hace algunos meses hemos visto una UIF mucho más preocupada por obtener mayores resultados en el combate del LD y FT, tanto que desde febrero de ese año el grupo parlamentario de MORENA propuso una iniciativa para reformar la ley antilavado en la que se prevé un engrosamiento de obligaciones sin antes haber puesto sobre la lupa una adecuada gestión de riesgos.

Afortunadamente, todo parece indicar que dicha reforma se está quedando sin gas, y, aun cuando es necesario reestructurar a la ley antilavado para un mejor funcionamiento, lo cierto es que se aprobarse cambios en términos de la iniciativa estaríamos frente a un escenario en el que los sujetos obligados estarían incapacitados para dar cumplimiento a su contenido, ya que serían bastante similares a las obligaciones atinentes al sistema financiero. 

No obstante a la iniciativa, tras el análisis de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2019 podemos concluir que la UIF mantendrá una tendencia en recrudecer sus esfuerzos contra el LD, y, sin duda alguna, eso implicará mayor vigilancia, mayores castigos y más visitas domiciliarias en las actividades no financieras concernientes a la ley antilavado.

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