¿Iniciativa para reformar la Ley Antilavado?

El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA pero ¿cuál es el contenido y cuál es el impacto?

 

Si bien la Ley Antiliavado requiere ser sometida a un proceso de reingenieria, dudamos seriamente que el contenido de la iniciativa sea la solución. La gran mayoría de los llamados sujetos obligados no podrá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas que, en buena medida, son similares a la legislación aplicable al sistema financiero.

¿La iniciativa es una nueva carga administrativa?

Lamentablemente eso parece, ya que no da señales de haber sido diseñada bajo los principios de la adecuada gestión de riesgos; por ello las Actividades Vulnerables no necesariamente podrán darle cumplimiento.

Sin duda esto causó gran revuelo, pues su contenido prendió alarmas en el sector empresarial al contener un aumento inusitado de obligaciones, que si bien son necesarias en la lucha antilavado y (por fin) para el financiamiento al terrorismo, lo cierto es que no serían viables.

¿Serían inviables las nuevas obligaciones?

Tantas nuevas obligaciones y en rubros tan complejos harían imposible aplicarlas súbitamente o, meramente, que se tuviera éxito en ello no obstante que se alega que esto es una obligación conforme la más reciente evaluación del GAFI.

La iniciativa parece ideada sin tener en consideración la situación económica de las Actividades Vulnerables ya que la Ley Antilavado está basada en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. El mercado de aplicación de la Ley Antilavado es mucho más doméstico que el de las instituciones financieras, por ende, es necesario preguntarse si están en condiciones de cumplir con una carga administrativa tan ruda y con un elevado impacto económico.

¿Una carga administrativa ruda y cara?

1. Los Directivos de las Actividades Vulnerables con trabajo aceptan dar el mínimo esfuerzo para cumplir con la Ley Antilavado  por considerarla como un área de costos.

2. Por ello, los Directivos de las Actividades Vulnerables han recurrido a los “mercenarios de la consultoría” (citando a un reconocido socio de consultoría antilavado) quienes venden servicios que terminan por generar un daño a sus clientes.

Lo barato sale caro.

3. La nueva carga regulatoria traería, entre varias, una obligación de lo más compleja: la Adecuada Gestión de Riesgos antilavado o el Enfoque Basado en Riesgo conforme a la directriz de la @cnbvmx

A continuación les presentamos una breve reseña con lo más importante de la iniciativa, junto con un gran consejo: en estos tiempos difíciles es necesario prevenir antes que lamentar; cuide su empresa, nombre y patrimonio:

1. Se contempla la necesidad de establecer un régimen de prevención del Financiamiento al Terrorismo aplicable especialmente a aquellas organizaciones y sociedades sin fines de lucro, creando para ellas medidas especiales.

2. De igual modo se incluye la institución de Personas Políticamente Expuestas con la finalidad de identificarlas y darle seguimiento a sus operaciones.

3. Se añade la necesidad de que las medidas implementadas por quienes llevan a cabo actividades vulnerables se basen en el riesgo inherente a su organización utilizando un Enfoque Basado en Riesgo.

4. En el tema de Beneficiario Final se busca lograr identificar a la persona física que realiza actos u operaciones a través de estructuras jurídicas; por ello se agregó un Capítulo IV Bis denominado Del Beneficiario Final para que todas las personas morales, independientemente de que realicen o no una Actividad Vulnerable, tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas.

Con mayor detalle, se contempla que quienes celebren actividades vulnerables deban cumplir, además de las previstas en la ley vigente, las siguientes obligaciones:

Desarrollar programas de capacitación anual para sus empleados y funcionarios.

Contar con sistemas automatizados que les permitan un monitoreo intensificado a las PEPS o clientes de alto riesgo.

Contar con la revisión de una auditoría interna o externa que evalúe la efectividad en el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El Responsable Encargado del Cumplimiento deberá contar con un poder general para actos de administración y recibir capacitación para el mejor cumplimiento de las disposiciones para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita.

Sanciones:

La SHCP podrá, como medida precautoria, determinar que quienes realizan Actividades Vulnerables suspendan de manera temporal la realización de los mismos de conformidad con los mecanismos que para tal efecto se emitan, cuando se identifique un riesgo.

Nuevos tipos penales:

Comisión negligente: 

Ya que el desconocimiento del origen ilícito de recursos económicos o de bienes no puede subsistir como una excluyente de responsabilidad penal, se establece un tipo penal en el artículo 62 Ter.

¿Qué se sanciona?

A todo individuo que teniendo a su alcance los medios por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos, al no verificar las características de la operación o de las circunstancias de los sujetos involucrados y elementos objetivos acreditables siempre que con ello permita que se realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Testaferro:

El artículo 62 Quáter añade una punibilidad a quienes actúen como testaferros para evitar su impunidad, con el fin de promover y fomentar la erradicación del testaferrato como una práctica socialmente tolerada.

No dude en escribirnos a info@asimetrics.net si necesita información más detallada.

 

 

Puede consultar la iniciativa en la siguiente liga: 01 Ley Lavado Dinero – Monreal-ilovepdf-compressed

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