¿Cual será el talón de Aquiles de la Ley Fintech?

La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles.

Los servicios financieros no podían ser la excepción ya que en los últimos años estos han apostado por la tecnología, dando lugar a un nuevo mercado denominado Fintech (por su acrónimo en inglés Finance Technology).

Jorge Ortiz, presidente y CEO de la Asociación Fintech México, calcula que en 2016 existían 170 empresas de este tipo en el país, y se espera que su número ascienda a 200 para el 2017 (Rodrigo Riquelme, El Economista, 7/V/2017).

Con estas cifras, resulta lógico el inicio de una corriente preocupada por la existencia de un marco jurídico capaz de regular a las Fintech, provocando que en marzo de 2017 se presentara el ANTEPROYECTO DE LEY DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (LTF).

En primer término, se prevé que para operar como una institución de tecnología financiera (IFT), capaz de ofrecer y realizar operaciones con el público en general será necesario obtener una autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo del Comité respectivo.

Para obtener dicha autorización, las solicitantes deberán constituirse como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

Dentro de la ley están contempladas tres tipos de IFT (como regla general, todas deben celebrarse mediante interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica):

Las de financiamiento colectivo o crowdfunding: son las que lleven a cabo actividades destinadas a poner en contacto a inversionistas que deseen otorgar financiamiento a  los solicitantes.

Las de fondos de pago electrónico: serán los consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.

Las de administración de activos virtuales: estas podrán poner en contacto a terceros con la finalidad de facilitar la compra, venta o cualquier otra enajenación de activos virtuales; comprar, vender o enajenar activos virtuales por cuenta propia o de clientes; recibir activos virtuales para realizar transferencias o pagos a una persona física o moral.

Para efectos de la Ley Fintech, todas las operaciones únicamente se realizarán en moneda nacional o en algún activo virtual, siempre que sea reconocido como tal por el Banco de México.

Además, cabe destacar que la iniciativa señala que ni el gobierno federal ni las entidades de administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes, es decir, que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o la CONDUSEF podrán garantizar obligación alguna.

Otro de los candados previstos es que las IFT estarán obligadas tanto a recibir como a entregar los recursos de sus clientes mediante una entidad financiera, ya sea con depósitos o transferencias a una cuenta dentro de una entidad financiera; no obstante, la CNBV podrá autorizar operaciones en efectivo con los clientes, siempre que se apeguen a los casos y los límites establecidos en las disposiciones de carácter general.

Con esto, se pretende reducir el riesgo de mal uso de los recursos de los clientes de las ITF.

El proyecto de LTF publicado en el sitio web de la asociación FinTech México  y en la página del Senado permite adelantar que la industria Fintech será regulada en materia de prevención de lavado de dinero conforme a las prácticas que actualmente aplican para el sistema financiero conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por lo que, una vez aprobada la Ley, se emitirán Disposiciones de Carácter General en materia antilavado.

Las IFT estarán obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar  actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y/o los relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

También estarán compelidas a presentar ante la CNBV los reportes sobre las operaciones relacionadas con la posible comisión de los delitos señalados anteriormente que efectúen con sus clientes (operaciones inusuales o relevantes), así como sobre aquellas que realicen los miembros de su consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados (operaciones internas preocupantes).

Por ello resulta indispensable que los integrantes de la industria Fintech comiencen a capacitarse en el marco de prevención de lavado de dinero que probablemente deberán adaptar a su operatividad basándose en la adecuada gestión de riesgos; de hecho la meta puede extenderse hacia el desarrollo e implementación de un protocolo de Gobierno Corporativo, con ello podrán también hacerle frente a la Ley Antilavado y a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿Ha analizado el impacto por enfrentar una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, la ausencia de un business continuity plan y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados?

Por ello es de lo más importante que si se tiene previsto incursionar en el mercado Fintech o si se va a operar con el mercado Fintech los empresarios, Abogados, Contadores Públicos, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEO’S, CFO’S, Directores Jurídicos, sujetos obligados conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado y el público en general adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que  permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

La información es poder.

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