¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?

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El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas.

Bajo la filosofía de negocios que ha llevado a CINÉPOLIS a encumbrarse como la cadena de cines más grande de México y a que Alejandro Ramírez, su Director General, sea llamado “el showman de los 1,000 mdd” lo más probable es que este proyecto será un éxito. Sin embargo sería interesante saber si su plan de negocios tiene contemplado el impacto regulatorio a enfrentar en materia de prevención de lavado de dinero ya que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Antilavado, CINÉPOLIS clasificaría como “actividad vulnerable” y, en consecuencia, se vería obligada a dar cumplimiento a diversas obligaciones jurídico-operativas tales como identificar a sus clientes y usuarios, presentar los avisos regulatorios e informes a la UIF por conducto del SAT, custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de la realización de actividades vulnerables así como nombrar (y capacitar) al equivalente a un Oficial de Cumplimiento lo cual requerirá una inversión de recursos humanos y materiales.

Sin embargo estas no son necesariamente malas noticias para CINÉPOLIS ya que en el caso de que decida ir por el siempre jugoso mercado inmobiliario puede analizar y evitar caer en algunos de los errores cometidos por empresas como El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns y Liverpool durante los más de tres años que lleva vigente la Ley Antilavado, un ejemplo sería el haberse dejado convencer por Firmas de Abogados para ampararse contra la Ley en vez de destinar ese dinero para implementar un protocolo antilavado no obstante que la mayoría de los expertos en la materia señalamos abiertamente que esto era un error, pronóstico que fue validado por la SCJN en junio de 2015 al declarar la constitucionalidad de dicha Ley.

Es decir que mientras unas empresas optaron por gastar dinero en promover amparos  que desde un inicio no tenían los números a su favor, otras visualizaron el reto regulatorio desde una perspectiva de administración de riesgos e invirtieron probablemente una cantidad similar en montar un protocolo antilavado adecuado a su operatividad el cual, a mediano plazo, también les permitiría ampliarlo a un programa más ambicioso de gobierno corporativo al más puro estilo de las empresas estadounidenses mitigando de igual forma los riesgos inherentes a los fraudes, a los impactos reputacionales y ¿por qué no? ayudando a fortalecer su calificación de riesgo en las bolsas de valores.

Así las cosas la conclusión lógica sería que una empresa con un programa robusto de gobierno corporativo siempre sería bien vista por las calificadoras y por lo tanto sería redituable pero, aunque parezca difícil de creer, la mayoría de las empresas en México no solo se rehusan a entenderlo sino que insisten en privilegiar agresivos programas comerciales e imponer a sus empleados metas que, en no pocos casos, son francamente imposibles de cumplir lo que en consecuencia se convierte en campo fértil para la corrupción, los fraudes y el lavado de dinero y eso es justamente lo que CINÉPOLIS puede y debe tomar en cuenta.

¿La familia Ramírez estará lista para hacerle frente a este nuevo reto?

Salvador Mejía.

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