La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos

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Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas en la materia; derivado de ello pude entrar en contacto con la problemática que están enfrentando al intentar cumplir con sus obligaciones.

A mi juicio los rubros más señalados por quienes trabajan en las áreas de cumplimiento fue el fenómeno del “De-Risking” adoptado de manera extraoficial por varias instituciones financieras, la polarización de ofertas de capacitación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento y, por último, la falta de retroalimentación por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y/o de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas tres quejas tienen un tronco común: los Oficiales de Cumplimiento no tienen la experiencia suficiente que les permita rebatir la cancelación de las cuentas bancarias de sus instituciones porque los Bancos consideraron que son clientes de alto riesgo; no pueden pagar (a menos que sus instituciones los beque) los aproximadamente $20,000 Pesos que cuesta un buen curso para la certificación de la CNBV y, por último, en el caso de que trabajen para una empresa que clasifique como actividad vulnerable, los encargados del cumplimiento (llamémoslos también Oficiales de Cumplimiento) quienes usualmente son empleados que fueron movidos de área y que a lo mucho recibieron una capacitación antilavado que suele ser contratada a Despachos de Abogados y Contadores que llega a costar la módica cantidad de $500 Pesos por persona y que está basada en una mera repetición de los artículos de la LFPIORPI, su Reglamento y, si se tiene suerte, de sus Reglas de Carácter General no logran obtener del SAT y/o de la UIF la información suficiente como para implementar un sistema de administración de riesgos que les permita optar por un régimen simplificado.

Es decir, creo que el problema más recurrente que enfrentan los encargados de cumplir con las complejas obligaciones en materia antilavado sigue siendo la falta de capacitación, lo cual es un mero reflejo de otra realidad: el Compliance a la fecha es considerado como un área de costo por lo que no se le asigna un presupuesto adecuado por lo que en no pocos casos los Oficiales de Cumplimiento terminan por contratar por su cuenta la capacitación que les fue negada.

 

No pocos Oficiales de Cumplimiento terminan por ajustar su falta de capacitación a su operatividad de manera tal que logran sobrevivir “un día a la vez”, vamos, algo así como el famoso “si no está roto no lo arregles” sin tener en cuenta que el sistema se acerca a pasos agigantados a un escenario en el cual se les puede llegar a hacer responsables de las fallas en las que sus instituciones incurran ya sea por un error directo de ellos o, dado el caso, por errores de terceros que imparten en sus funciones como lo podría ser el una investigación errada de debida diligencia, un fraude interno o la ausencia de reportes entre diversas posibilidades. De hecho no puede ignorarse que algunos Oficiales de Cumplimiento, de ese pequeño grupo que pertenece a la elite, ya incluyen en sus negociaciones salariales un “Directors and officers liability insurance” o seguro de responsabilidad profesional antilavado que ha cobrado notoriedad en los Bancos y empresas de los Estados Unidos y Europa ¿el motivo? el Presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera; se propone un aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente (algo así como 7 millones de Pesos) para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegue a imponer a intermediarios financieros por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Usualmente al comienzo de mi carrera en el mundo del Compliance solíamos decir que los cajeros (en el mundo financiero) eran la primera línea de defensa por lo que era necesario capacitarlos debidamente, hace un par de años la cambié para afirmar que la alta Dirección era la primera línea de defensa pero, ahora, creo que llegó el momento para afirmar que son los Oficiales de Cumplimiento quienes integran la verdadera primera línea de defensa por lo que resulta indispensable que estos reciban la capacitación adecuada a los riesgos que sus empresas o entidades enfrenten.

Evidentemente no podemos pedir que sean becados para asistir a una capacitación antilavado con la autoridades de Australia como lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con uno de sus Magistrados ya que, hasta donde sabemos, eso le costaría a sus jefes tan solo $542,000 Pesos en boletos de avión.

¿Entonces que deben hacer los Oficiales de Cumplimiento para capacitarse? mi respuesta sería revisar lo que ofrece el mercado con base en los siguientes parámetros:

1. Un temario que incluya:

Los aspectos básicos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 10% del tiempo de la capacitación.

Una explicación sobre el marco jurídico en México de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el sector financiero (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Una explicación sobre Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (No más del 30% del tiempo de la capacitación).

Como implementación de un programa sustentable de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema económico y financiero que permita optar por un régimen simplificado (No más del 20% del tiempo de la capacitación).

Discusión de casos prácticos incluyéndose tipologías sectoriales (No más del 10% del tiempo de la capacitación).

2. La duración recomendada va de las 4 a las 6 horas tratándose de eventos de un día.

3. Optar por eventos de grupos reducidos ya que esto permite la interacción moderada con el expositor.

4. No dejarse engañar por empresas que promocionan sus cursos bajo el supuesto de poseen validez oficial; en la mayoría de los casos esto se traduce en aquella otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar capacitación en cualquier materia. En casos graves hemos detectado cursos que ostentan una certificación de la CNBV, cosa que a la fecha no existe sino hasta que concluya el proceso de certificación de Oficiales de Cumplimiento que ya hemos señalado.

5. Preferir a expertos mexicanos ya que, a diferencia de expositores extranjeros, estos son quienes conocen los vericuetos de las legislaciones antilavado. Esto con la salvedad de que se trate de seminarios de asociaciones debidamente reconocidas.

6. Revisar el CV del expositor y preferir los ofrecidos por profesionistas acreditados en la materia; un renombrado Fiscalista o Penalista jamás los ayudará a implementar un sistema automatizado antilavado o a enfrentar una operación preocupante interna.

7. Aunque el mercado ofrece alternativas recomiendo tener cuidado con cursos cuyo costo sea notoriamente bajo comparado con el resto del mercado; dado el caso sería prudente retomar lo señalado en el punto 6.

La materia antilavado posee el sobrenombre de administración de riesgos y eso es lo que un Oficial de Cumplimiento debe hacer: evaluar los riesgos que está enfrentando para tomar la decisión correcta y preparase para cuando llegue el momento de enfrentar una situación critica. Si es viable tomar curso tras curso de actualización fiscal ¿porqué no hacer lo mismo en materia antilavado?

Salvador Mejía.

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