Eliminación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del catálogo de “delitos graves”.

JP

A las 0:00 horas del 18 de Junio de 2016 el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el malletazo simbólico que marcó el inicio de un nuevo ciclo para la justicia en México; a partir de ese momento se volvió una realidad (por lo menos en el papel) el sistema penal acusatorio.

Sin embargo junto con la implementación del sistema penal acusatorio surgieron diversos problemas que necesitan ser atendidos por las autoridades, uno de ellos fue la eliminación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal del catálogo de los delitos graves contenidos en su momento en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.

Hoy el delito de lavado de dinero no está contemplado en los supuestos del artículo 19 Constitucional y, por lo tanto, no le es aplicable la “prisión preventiva” de facto a quien sea imputado por este ilícito, sin embargo esta podría darse en el régimen de excepcionalidad si el Ministerio Público logra acreditar ante un Juez que deba decretarse dicha prisión preventiva.

No obstante de que expertos Penalistas sostienen que aquella persona que sea acusada por el delito de lavado de dinero podría enfrentar su proceso en libertad esto dependería de cuatro factores:

1. Las habilidades litigiosas del Ministerio Público
2. La solidez de la investigación
3. La argumentación de la defensa y,
4. El criterio del Juez

La decisión de no incluir al delito de lavado de dinero de los supuestos contenidos en el referido artículo 19 Constitucional es, a nuestro parecer, un grave error desde la perspectiva de la administración de riesgos ya que se manda un mensaje que va en contra de todos los esfuerzos realizados para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada: por “default” el lavar dinero permite enfrentar el proceso en libertad ya que esto “no es grave”.

Esto ha generado un nuevo frente que los Oficiales de Cumplimiento deben combatir: el aumento en el menosprecio de la alta Dirección de las instituciones financieras y las empresas por la prevención de lavado de dinero.

¿Para que asignamos recursos para supervisar que no seamos usados como un medio para lavar dinero si esto ya no es un delito grave?

Esto debe se atendido inmediatamente por el Oficial de Cumplimiento, Dirección Jurídica, de Riesgos, de Auditoría o por los asesores externos ya que, con independencia de este cambio es necesario que la alta Dirección esté enterada de que la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para:

1. Solicitar al sistema financiero el bloqueo de cuentas bancarias.

Durante el 2015 y 2016 hemos sido testigos de un notable y alarmante aumento en el bloqueo de cuentas bancarias con motivo de investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera ya sea por la recepción de reportes regulatorios a cargo del sistema financiero y/o de los sujetos obligados contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El hecho de que las cuentas bancarias de una persona sean bloqueadas no solo es catalogado por diversos expertos en la materia como “la muerte financiera” sino que ronda peligrosamente los bordes de la inconstitucionalidad ya que, si esto se analiza desde una perspectiva de administración de riesgos, veremos que una persona que no puede disponer de sus recursos no está en posibilidad de pagar los servicios de representación legal o transportarse, dado el caso, a la Ciudad de México ya que la UIF no tiene oficinas de representación en el interior de la República o en las Embajadas y Consulados en el extranjero.

Aquellas personas que han debido enfrentar el “congelamiento” de cuentas podrán dar testimonio de como fue que de la nada no pudieron solventar sus obligaciones financieras (los Bancos no les van a suspender los pagos de sus hipotecas), pagar sus impuestos, renta, sueldos, colegiaturas o simplemente comprar comida.

2. Gestionar los requerimientos y recibir la información de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos conforme al Acuerdo publicado en el DOF del 15 de Agosto de 2014.

Esto significa que la UIF está facultada para solicitar la intervención de comunicaciones por ser un tema de seguridad nacional, tal y como se establece en las Bases de Colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el DOF del 8 de Diciembre de 2006.

Si su institución financiera o empresa no tiene detectado esto le tengo una mala noticia: en automático su nivel de riesgo aumentó exponencialmente.

Pueden consultar el podcast del análisis que hicimos sobre de esto en Primera Emisión de Noticias MVS aquí.

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