Obediencia de la ley antilavado ¿con facilidades?

Dilucide si debe o no optar por un régimen simplificado o una entidad colegiada para hacer frente al impacto de dicho ordenamiento.

Desde la publicación en el DOF del 17 de octubre de 2012 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se tuvo absoluta certeza de tres puntos: su promulgación era innecesaria; su implementación costaría, tanto al gobierno federal como a los sujetos obligados, verdaderos dolores de cabeza; y que contenía una especie de régimen simplificado basado en la correcta autodeterminación del nivel de riesgo, comenta el licenciado Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS.

Desatención a la ley

Así, a casi tres años de la promulgación de la LFPIORPI su puesta en marcha ha estado marcada por numerosos errores cometidos, tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como por el SAT y los sujetos obligados. Al parecer, ninguna de las partes involucradas se preparó adecuadamente para que el impacto regulatorio fuese lo menos invasivo posible, pues uno de los principios elementales de la prevención del lavado de dinero es introducir mecanismos que protejan a las empresas de ser utilizadas para el proceso de blanqueo de activos, pero que al mismo tiempo les permitan seguir generando ingresos.

Enlace a la publicación

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