¿Inteligencia financiera o terrorismo fiscal?

La línea que separa a ambas figuras es muy delgada, pero sin duda afecta de manera diversa a los ciudadanos.

El camino de la lucha contra el blanqueo de capitales en México, fuera del sector financiero, se remonta hasta el 27 de agosto de 2010, fecha en la que el presidente en funciones Felipe Calderón Hinojosa remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una ley contra el lavado de dinero dentro del marco denominado ?Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo?.

Dicha iniciativa contenía, además de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un paquete de reformas legislativas que incluían a los Códigos: Fiscal de la Federación, Penal Federal (CPF) y de Procedimientos Penales (CFPP); y a las Leyes: Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), de Instituciones de Crédito (LIC), del Mercado de Valores, de las Sociedades de Inversión, General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC), de Ahorro y Crédito Popular, de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos y las Uniones de Crédito, del Sistema de Ahorro para el Retiro y para Regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.

Sin duda, una cirugía mayor al sistema de prevención de lavado de dinero en el país.

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